Misiones Para Todos

El santo que estorbaba

En mayo de 1979, un arzobispo cruzó el Atlántico con un informe sobre muertos y volvió con un pedido de armonía. Treinta y nueve años después, la institución que le recomendó moderación lo declaró santo. Es la clase de reconocimiento que a veces la Iglesia concede con admirable puntualidad: apenas unas décadas después de que el difunto haya dejado de molestar.

Los hechos, primero. Óscar Arnulfo Romero viajó a Roma en mayo de 1979 con el propósito de exponerle a Juan Pablo II, con documentos, la represión que sufrían el país y la Iglesia salvadoreña. Los relatos de aquel encuentro no coinciden. Un periodista que lo vio en Madrid cuenta que Romero le dijo, con los ojos llenos de lágrimas, que tras toparse con puertas cerradas en la Curia abordó al Papa en una audiencia general y recibió un reproche por exagerar. Su diario, en cambio, registra que el 7 de mayo ultimaba los documentos para una audiencia, y su biógrafo Roberto Morozzo della Rocca sostiene que el Papa lo recibió y le pidió, sobre todo, unidad entre los obispos, tal como había hecho en la Polonia comunista. Romero salió perplejo: venía acostumbrado al aliento de Pablo VI.

Eduardo Galeano convirtió el episodio en una viñeta feroz: un Papa que no quiere leer el informe, que ordena entenderse con el gobierno y que despacha al arzobispo con su carpeta bajo el brazo. Es literatura con vocación de parábola y conviene leerla como tal. Las frases exactas no están documentadas, y la cronología no cierra: la matanza en la Catedral, que según Galeano ocurrió en la víspera, fue el 8 de mayo, y Romero se enteró cuando ya volvía. Las versiones que circulan en redes agregan, además, una línea sobre la beatificación de Juan Pablo II que Galeano no pudo escribir en 2008, porque ocurrió en 2011. El pasado, como se ve, también se edita.

Lo documentado alcanza, de todos modos, para una conclusión incómoda. Roma bajo el mandato de Juan Pablo II priorizó que los obispos salvadoreños dejaran de pelearse entre ellos, no que dejaran de enterrar fieles. La unidad es un valor admirable, siempre que no se transforme en la manera más elegante de pedirle a la víctima que se ponga de acuerdo con el verdugo. Un informe de monseñor Quarracino sugería nombrar un administrador apostólico para la arquidiócesis, es decir, un reemplazo discreto del arzobispo incómodo. Conviene anotar a favor de Juan Pablo II que no se mostró dispuesto a aplicarlo. En enero de 1980 recibió a Romero con calidez, y el arzobispo habló después de la alegría de sentirse respaldado. La historia, así, es peor que un cuento con villano: fue un episodio de prudencia institucional, de esa que nunca mata a nadie y que, sin embargo, deja la puerta entornada.

El 24 de marzo de 1980, diez meses después de aquel viaje, un francotirador mató a Romero mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital de enfermos de cáncer. Galeano le reprochó al Papa haber condenado el crimen y haber olvidado condenar a los criminales. Sea o no justo el reproche, la frase condensa una verdad histórica: durante años, la causa de beatificación del arzobispo quedó archivada bajo Juan Pablo II y Benedicto XVI, por la presión de cardenales y obispos conservadores que lo acusaban de simpatizar con la teología de la liberación. Hizo falta un Papa latinoamericano, Francisco, para que el expediente saliera del cajón y fuera canonizado en octubre de 2018, cuatro años después que su antiguo interlocutor. Se ve que la santidad, además de milagros, exige Papas menos conservadores.

Aquí empiezan las contradicciones, y reparten culpas con generosidad.

El conservadurismo eclesiástico predicó paz y armonía mientras el país se llenaba de cadáveres, y acusó a Romero de politizar el Evangelio por denunciarlos. Pero pedir neutralidad ante una masacre es la más política de las posiciones, porque beneficia siempre al que dispara. Hoy esas mismas corrientes veneran al santo, pero el reflejo es fácil de reconocer: cada vez que un sacerdote vivo denuncia una injusticia, alguien le aconseja que se limite a lo espiritual. Admiran al mártir con la condición de que esté muerto.

Las derechas autoritarias de la época se proclamaban defensoras de la civilización cristiana occidental. Lo hacían mientras mataban sacerdotes, como el padre Octavio Ortiz, asesinado en enero de 1979, y terminaron matando a un arzobispo en el altar. La cruz era un buen escudo, pero un mal criterio de conducta. Esa tradición de invocar a Dios para justificar el orden, y de desconfiar de Dios cuando incomoda al orden, no se agotó en El Salvador.

Pero la crítica no es de una sola vereda. Quienes difunden el texto de Galeano como si fuera un acta notarial lo circulan con frases que él no escribió y con una cronología que no se sostiene, y exigen rigor documental al poder mientras practican el pensamiento mágico con sus propias consignas. Preferir la buena historia a la verificada es el mismo vicio de siempre, solo que con otro signo político. Además, hay un costo: al convertir a Juan Pablo II en un villano de historieta, se pierde la lección real, más sutil y más perturbadora. Los grandes desastres institucionales no suelen requerir monstruos. Alcanzan los administradores razonables.

Esa es la moraleja. Romero no murió por la prudencia de los suyos, murió por el disparo de un francotirador. Pero la prudencia ayudó a que estuviera solo, y la soledad es el requisito logístico de cualquier asesinato anunciado. Las instituciones canonizan a los muertos por lo que no toleraron en los vivos, y el verdadero examen de santidad no ocurre en el altar sino en la fila de audiencias: cómo trata hoy la institución al próximo funcionario o párroco que llega con una carpeta de pruebas y pide, rogando, cinco minutos.

El expediente Romero ya está en los altares. Los de ahora, con las carpetas bajo el brazo, siguen esperando turno. Afortunadamente León XIV no es Juan Pablo II.

Por Ignacio Stankewitsch