Por decisión judicial, los cursos docentes realizados por en sindicato Semab CEA volverán a ser reconocidos por el Consejo General de Educación. El ministro Aranda no apeló la medida judicial, en un fallo de segunda instancia y dejó sin efecto una resolución. Los cursos están vigentes.
Quedó firme la decisión de la justicia para que el Consejo General de Educación reconozca la valorización de cursos realizados por docentes afiliados al Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, (Semab-CEA).
Es porque el actual ministro de Educación Ramiro Aranda, no apeló la medida judicial y resolvió dejar sin efecto la resolución 306/23, que había realizado su antecesor en la cartera educativa provincial.
El sindicato tuvo que recurrir a la Justicia para defender mediante un amparo a sus afiliados. “Un nuevo triunfo de la lucha de todos los que formamos parte de este colectivo que sostuvieron, a pesar de las injurias, la confianza en esta conducción gremial”, dijo la Secretaria General del Semab-CEA, Mariana Lescaffette.
De esta manera, agregó que luego del amparo presentado la justicia falló a favor en dos instancias. “El gobierno decidió no apelar más nuestro juicio al Estado. El ministro de Educación actual por Resolución 273/24 dejó sin efecto la Resolución 306/23 del ministro Miguel Sedoff que intentó vincular al Semab-CEA en una estafa, restituyéndose el derecho de los docentes afiliados a nuestra entidad sindical a la valoración de los cursos y diplomaturas 2023”, destacó Lescaffette.
Concluyó que, a raíz de esta medida, están vigentes los cursos y capacitaciones a la fecha “por lo que a la brevedad estaremos informando en asamblea”, añadió.
Cabe recordar que las capacitaciones se realizaron a través de las gestiones de la organización gremial por convenio con el Instituto de Formación que requirió el Ministerio de Educación oportunamente.
Desde el Semab- CEA habían planteado que la falta de reconocimiento de los cursos realizados en el 2022 en convenio con el Instituto Freire -que no fueron a la fecha acreditados ni valorados por la Junta de Clasificación y Disciplina de ambas ramas- constituía una discriminación laboral.
