Tierras, minerales y puertos
Si el hogar es la primera frontera, la siguiente está en los mapas de los minerales. En ninguna cadena de suministro estratégica el territorio se ve tan nítido como en las tierras raras. China concentra alrededor del 88 % de la capacidad mundial de separación de óxidos de tierras raras livianas y el 97 % de las pesadas, según el Bloomsbury Intelligence and Security Institute. No es solo una ventaja geológica: es una ventaja de procesamiento, construida durante décadas. El 4 de abril de 2025, en respuesta a los aranceles de Washington, Pekín exigió licencia de exportación para siete tierras raras medias y pesadas. En octubre amplió los controles a casi toda la cadena, y a fin de mes, en Busan, Trump y Xi Jinping acordaron suspender esa ampliación por un año. La tregua se extendió tras la visita de Xi a Washington en septiembre de 2026, pero el sistema de licencias sigue vigente.
La respuesta estadounidense muestra cómo se mueve un Estado cuando el territorio es útil a su industria; incluso cuando se trata de territorios que no le pertenecen. En julio de 2025, el Departamento de Defensa invirtió 400 millones de dólares en MP Materials, se convirtió en su mayor accionista y le garantizó durante diez años un piso de 110 dólares por kilo para el neodimio y el praseodimio, según el Center for Strategic and International Studies. Ningún manual de libre mercado prevé eso. Es política industrial con lógica de seguridad nacional.
El segundo ejemplo es Ucrania, donde se cruzan tres capas. La primera es la territorial: según una fuente cercana al Kremlin citada por Reuters, Moscú condiciona volver a negociar a quedarse con el 11 % del Donbás que aún no controla, y Kiev se niega. La segunda es la de la reconstrucción, que el Banco Mundial estimó en 524.000 millones de dólares en febrero de 2025. La tercera es la de los recursos. El 30 de abril de 2025, Washington y Kiev firmaron el acuerdo que creó el Fondo de Inversión para la Reconstrucción Estados Unidos-Ucrania, con paridad de votos y el 50 % de los ingresos de nuevas licencias sobre recursos del Estado. El texto establece que los recursos del subsuelo pertenecen a Ucrania y que Kiev decide qué se extrae. Es un acuerdo de acceso, no de cesión, pero el acceso tiene precio: el de poner el subsuelo a trabajar por la reconstrucción de la que depende el país.
Gaza lleva la ecuación al extremo y muestra que territorio y vivienda son, a veces, la misma cosa. En febrero de 2025, Donald Trump propuso que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja y la convirtiera en una «Riviera de Medio Oriente», una idea que lo mostró pensando el enclave en términos de desarrollo inmobiliario antes que en los derechos humanos de una población víctima de genocidio. El alto el fuego de octubre de 2025 dejó a Israel controlando alrededor del 53 % de la Franja, al este de la llamada Línea Amarilla. Desde entonces la línea se movió hacia el oeste: Al Jazeera calcula que casi dos tercios del territorio están hoy bajo control militar israelí o sujetos a restricciones de acceso, y un funcionario de la ONU informó en junio al Consejo de Seguridad que Israel dice controlar cerca del 70 %. Human Rights Watch consigna que casi dos tercios de las viviendas fueron destruidas y que el 94 % de la población carece de refugio adecuado; el centro satelital de la ONU contabiliza daño en el 82 % de las estructuras. La reconstrucción se estima en 71.400 millones de dólares a diez años, y el plan inicial de la Junta de Paz, presentado el 23 de septiembre, cubre 2.450 millones en 66 proyectos. Su primer contrato está frenado porque Israel no autoriza el ingreso de contratistas. Las cifras difieren según la fuente y la fecha, pero el patrón no: quien controla el suelo controla quién vuelve a vivir en él.
El tercer escenario involucra a los gestores de activos de la primera parte, y lo hace en el lugar donde menos se esperaría. En marzo de 2025, un consorcio liderado por BlackRock y la naviera MSC acordó comprar a CK Hutchison 43 puertos en 23 países por 22.800 millones de dólares, entre ellos Balboa y Cristóbal, en los extremos del Canal de Panamá. Pekín bloqueó la operación y exigió que Cosco, su estatal naviera, tuviera una posición de control. Washington dijo que no lo aceptaría. Mientras tanto, la Contraloría de Panamá auditó la concesión y el 29 de enero de 2026 la Corte Suprema panameña la declaró inconstitucional. Los puertos pasaron, de forma provisoria, a APM Terminals y a la rama portuaria de MSC, y CK Hutchison inició un arbitraje internacional. Un fondo se vio atrapado entre dos potencias, y un Estado pequeño recordó que la última palabra sobre el suelo la tiene su justicia. Anque frecuentemente los poderes judiciales se someten a los vaivenes de la política, y de allí la necesidad de Estados Unidos de contar con gobiernos subordinados a sus intereses imperiales. Lo que explica la injerencia de la Casa Blanca en los procesos electorales de países a los que pretende someter, con un alto índice de éxito a su favor y de pérdidas extraordinarias para los habitantes de las naciones que han sumado a su Escudo de las Américas.
El litio permite ver el mismo juego en América del Sur. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en su edición 2026, el Triángulo del Litio reúne 64 de los aproximadamente 150 millones de toneladas de recursos identificados en el mundo, el 43 %: 28 millones en Argentina, 23 en Bolivia y 13 en Chile. Los recursos no son reservas, y producir cuesta: Chile extrajo 56.000 toneladas en 2025 y la Argentina 23.000, mientras que Bolivia, con ese enorme yacimiento, casi no produce. Las corporaciones ya se movieron. En marzo de 2025, Rio Tinto completó la compra de Arcadium Lithium por 6.700 millones de dólares, operación que incluyó el proyecto Rincón, en Salta, para el que luego consiguió un paquete de financiamiento de 1.175 millones. El agua es el cuello de botella; un trabajo del geólogo José Cabello sobre 43 salares señala que la química de las salmueras y la disponibilidad hídrica complican convertir el recurso en oferta. Allí entran los gobiernos. En la Argentina, la Ley 27.742 de 2024 creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece a proyectos de más de 200 millones de dólares treinta años de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria, con una alícuota de ganancias del 25 %. Y el 9 de abril de 2026, con 137 votos a favor y 111 en contra, Diputados sancionó la reforma de la Ley de Glaciares, que reduce la protección a los cuerpos de hielo con función hídrica relevante y deja a las provincias decidir cuáles resguardar y cuáles habilitar para la minería. El oficialismo la presentó como corrección de «falencias interpretativas» que frenaban inversiones. Sus críticos la leen como una claudicación en la protección del agua. Ambas lecturas coinciden en lo esencial: se está redefiniendo quién decide sobre un recurso que atraviesa fronteras provinciales. Chile ofrece el precedente más largo: el Código de Aguas de 1981 convirtió los derechos de agua en propiedad privada transable, y su reforma de 2022 intentó volver a un régimen de concesiones temporales. Cuarenta años separan ambas decisiones, y en ese tiempo el recurso ya había cambiado de manos.
Por Ignacio Stankewitsch