Decidido a dar la razón a quienes lo acusan de poner patas para arriba el antiguo sistema democrático estadounidense, la ofensiva más reciente de Trump tiene como objetivo el sistema electoral y los demócratas deciden aceptar la apuesta en carrera hacia las midterm de 2026, que pueden cambiar la mayoría del Congreso.
El presidente Donald J. Trump, absorbido por su mediación en conflictos de todo el mundo, desplegó puertas adentro una ofensiva sobre el antiguo sistema electoral estadounidense alentando a los republicanos a rediseñar distritos, pero también a poner fin al voto por correo, al uso de máquinas y endureciendo las condiciones para sufragar, todo ello cuestionado en su legitimidad constitucional.
Las iniciativas políticas del Partido Republicano, en el que el trumpismo ha tomado todas las riendas desde hace varios años y pese al escandaloso asalto de fanáticos al Capitolio del 6 de enero en 2021, coinciden con el comienzo de la carrera hacia las elecciones de medio término (midterm) de noviembre de 2026.
Las midterm casi siempre favorecen al partido opositor por el desgaste de la Casa Blanca, y la mayoría republicana en ambas cámaras es tan ajustada que una derrota de los republicanos podría dejar a Trump, por lo menos, sin el control de representantes, aunque lo mantenga entre los senadores.
Así, incluso si prosperara el rediseño de distritos -o gerrymandering, una práctica característica del sistema estadounidense- como Texas, California, Missouri, Indiana y Ohio), una treintena de bancas de representantes decididas por menos de 5% en 2024 seguirán en juego (hoy, 14 de ellas republicanas), del total de 435: 219 republicanos, 212 demócratas y 4 bancas vacantes por completar.
De hecho, las últimas encuestas anticipan, en cuanto a lo que esperan los votantes en general, una ventaja de 49% a 44% en favor de los demócratas.
Los demócratas tienen una ventaja sobre los republicanos en cuanto a qué partido esperan los votantes que gane en las elecciones de mitad de período de 2026, 49 por ciento a 44 por ciento, según una encuesta reciente de CNBC.
El contexto general justifica la preocupación institucional de la oposición demócrata y organizaciones civiles en esta segunda Administración Trump.
El presidente despidió a una jefa de estadísticas de empleo disgustado por los resultados; despliega fuerzas federales en ciudades por una suba del delito común sin registros, empezando por Washington, o destituye a una gobernadora de la Reserva Federal mientras presiona al banco central por una baja de tasas.
“El Washington de Trump: cómo el presidente Trump está cambiando el gobierno, el país y su política”, resumió el New York Times en uno de sus newsletters diarios, ante el coqueteo del líder republicano sobre la idea de un “dictador” cuando el país redondea 250 años de democracia ininterrumpida.
“Dicen… ‘Él es un dictador. Es un dictador’”, comentó el presidente sobre sus críticos, y enseguida añadió: “Mucha gente está diciendo, ‘Quizás nos gustaría un dictador’. Pero no me gusta un dictador. No soy un dictador”.
Por lo pronto, una mayoría de republicanos (53%) apoya un tercer mandato de Trump, según una encuesta de Data for Progress, aunque la 22ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1951, lo impidió cuando impuso un límite de dos mandatos a los presidentes estadounidenses.
Todos rediseñan
Aunque Trump ya denunció en 2020 que los demócratas habían amañado (rigged) las elecciones que ganó el demócrata Joe Biden manipulando el voto por correo y los sufragios en máquinas, la nueva ofensiva sobre el sistema electoral inició con un llamado a rediseñar de distritos para favorecer el voto republicano.
El término "gerrymandering" fue acuñado por Elbridge Gerry, gobernador de Massachusetts y vicepresidente después de James Madson, quien tan temprano como en 1812 firmó una ley que troceaba artificialmente los bastiones electorales de sus rivales políticos para debilitarlos. Uno de los distritos terminó adquiriendo la forma de una salamandra, de ahí el verbo “gerrymander”.
La práctica, usada alternativamente por los dos grandes partidos incluso para reducir la influencia de los votos de los afroestadounidenses y otras minorías, se permitía hasta ahora cada diez años, con el argumento de que los censos decenales (el último, en 2020) reflejaban mejor los cambios.
El rediseño de distritos que hizo el estado de Texas, el segundo de más representantes (36) y gobernado con mayoría por el republicano Greg Abbot (foto derecha), emprendió sin embargo un rediseño a mitad de la década, en principio irregular, aunque aprobado por la Legislatura texana.
Para bloquear la aprobación, los demócratas texanos respondieron con un gesto más propio de las tradiciones latinoamericanas: sus legisladores abandonaron primero la Legislatura y después cruzaron las fronteras del estado para postergarla.
"Si Texas no toma esta medida, existe un riesgo extremo de que esa mayoría republicana se pierda", confesó el senador estatal republicamo Phil King en pleno debate, pero negó que el objetivo fuera perjudicar minorías étnicas pro demócratas.
Luego, Trump alentó a legisladores republicanos de Missouri (8), Indiana (9) y Ohio a seguir el ejemplo de Texas, seguro de que los seguiría Florida (27).
Entonces, otro gobernador pero demócrata, Gavin Newsom (foto izquierda), de California, el de más representantes (53), respondió impulsando un rediseño extraordinario de distritos para “compensar” la maniobra de Texas, aunque sólo “hasta 2030”. Los demócratas impulsan una Comisión Nacional que resuelva todos los casos, pero sin éxito.
Está pendiente de aprobación, porque California tiene controles más estrictos para el “gerrymandering” y se votará en noviembre, pero la reacción de Newsom es relevante, porque es uno de los principales precandidatos presidenciales para 2028.
“Vamos a combatir el fuego con fuego”, subió la apuesta Newsom, aunque tanto el rediseño de Texas como el de California pueden quedar trabados en la justicia.
En 2019, la Corte Suprema, en el caso Rucho contra Common Cause, inhabilitó la intervención de los tribunales federales en conflictos por gerrymandering partidistas, y las dejó en manos de juzgados y legislaturas de cada estado. La única barrera que estableció es que el rediseño no esté motivado para afectar a minorías.
Contra las máquinas
En la segunda fase de su ofensiva sobre el sistema electoral estadounidense, Trump alentó la formación de un movimiento contra el voto por correo y contra las máquinas de votación, impriman o no la boleta final del sufragio (en 2021, antes de dejar la Casa Blanca intentó incautar artefactos para investigar posible fraude).
"Son acciones que no se ven en democracias saludables", opinó Ian Bassin, director ejecutivo de Protect Democracy, una organización no partidista que ya demandó a la Administración Trump. "Esas son acciones que se ven en estados autoritarios".
La Constitución otorga autoridad sobre las elecciones a los estados, que fijan "tiempos, lugares y forma", deciden reglas; supervisan la votación e intentan prevenir el fraude. El Congreso también puede aprobar leyes electorales o anular la legislación estatal, como la Ley de Derechos Electorales de 1965, que garantizó el voto a grupos minoritarios. Pero la autoridad del presidente es limitada.
Trump, como muchos legisladores republicanos hicieron cuando se formalizó el triunfo de Biden en la Asamblea Legislativa, nunca aceptó públicamente los resultados de los comicios de 2022, una de las causales del ataque al Capitolio de 2021.
Muchos estudios sobre fraude determinaron en EEUU que los casos son muy escasos. En seis estados de los muy disputados en 2020, cuando Biden le ganó a Trump, hubo apenas 475 casos potenciales de fraude, de 25,5 millones de votos emitidos, según un estudio de The Associated Press.
A principios de año, el presidente firmó una orden ejecutiva o decreto que ordenó la búsqueda de pruebas documentadas de ciudadanía para poder registrarse para votar, paso previo que exige el sistema estadounidense, pero con el declarado objetivo de excluir a inmigrantes ilegales. Un juez federal lo bloqueó en julio.
Ahora, Trump se propuso además terminar con la práctica de voto por correo antes de 2026. Ese tipo de sufragio siempre fue criticado por el presidente, pese a que era mayoritariamente usado por los republicanos hasta 2020.
Pero la pandemia llevó a los demócratas a usarlo masivamente y los republicanos terminaron alentando lo mismo en 2024, incluso el propio Trump, quien votó con esa modalidad. Un total de 30,3% de votantes eligió votar por correo en 2024, casi 40 millones.
En EEUU, el presidente no tiene el poder de cambiar unilateralmente las leyes electorales, por lo que tanto su orden ejecutiva como cualquier iniciativa relacionada con las elecciones probablemente enfrentará desafíos legales. Quitando el voto por correo con otra orden ejecutiva Trump se propone "ayudar a traer HONESTIDAD a las elecciones de mitad de período de 2026".
"Es hora de que los republicanos se pongan duros y lo detengan, porque los demócratas lo quieren", dijo Trump, incluso cuando su partido se benefició de una mayor adopción de las boletas por correo en las elecciones presidenciales del año pasado. "Es la única forma en que pueden ser elegidos".
