Las autoridades nacionales avanzaron con un plan de modernización del organismo, que incluye la venta de terrenos y un cambio en la normativa y de las investigaciones que lleva adelante
Al poco tiempo de haber asumido, el Gobierno avanzó con una serie de auditorías en diferentes organismos públicos, como parte del plan para reducir el gasto del Estado. En las últimas semanas, fue el turno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la entidad encargada del desarrollo del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, a través de investigaciones y trabajos para la innovación del sector.
En el marco de esta iniciativa, al revisar la sede central del organismo, ubicada en pleno barrio porteño de Palermo, las autoridades nacionales descubrieron que en la terraza del edificio está viviendo desde hace ya varios años uno de sus empleados.
El hombre, al que ahora intimarán para que se jubile, cumplía funciones como “el encargado” del inmueble y habitaba en una pequeña casilla que está en condiciones muy deterioradas, con las paredes descascaradas y algunos vidrios rotos.
La vivienda que se encuentra en la terraza del INTA
En ese lugar, el hombre tenía unos pocos electrodomésticos, como una heladera, una radio y un antiguo televisor, además de mesas, sillas, estantes y algunos colchones. En otro de los cuartos se hallaron varias cajas y objetos acumulados.
La decisión del Poder Ejecutivo es vender este edificio, que se subastará el próximo 23 de diciembre, como ya venía anticipando este medio, y mudar sus oficinas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, situada sobre Paseo Colón al 982.
Por otra parte, el INTA se prepara para realizar un exhaustivo relevamiento de sus tierras, priorizando la correcta utilización de 70 mil hectáreas que actualmente no están siendo explotadas, según aseguraron las autoridades del organismo.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes de la entidad a Infobae, se espera que este relevamiento termine en febrero de 2025, con la implementación de medidas entre enero y abril de ese año para los terrenos que permanezcan sin uso. Las iniciativas incluyen la venta de algunas de estas propiedades y la búsqueda de nuevos propósitos para otras.
Asimismo, el Gobierno busca que para el próximo año el sector privado participe en un 20% del presupuesto destinado a los proyectos de investigación del INTA, y planea aumentar esta participación al 30 por ciento para 2027.
El Gobierno venderá el lugar
Actualmente, el INTA conduce cerca de 1.500 investigaciones, pero las autoridades carecen de información clara sobre su progreso y objetivos, por lo que la nueva gestión, que encabeza su flamante presidente, Nicolás Bronzovich, remarca la necesidad de una reorganización estratégica y una mayor transparencia en la gestión del organismo.
En este sentido, uno de los problemas que enfrenta el funcionario, que asumió hace poco más de dos meses, es la poca capacidad de decisión tanto de él, como del Consejo Directivo del Instituto, de los proyectos de estudio que se aprueban.
En el esquema actual, el directorio solamente habilita avanzar con iniciativas que en muchos casos tienen objetivos muy amplios y difusos, pero luego es el representante regional o el líder del proyecto quien lleva adelante el trabajo de campo.
El mencionado Consejo está integrado por Bronzovich y su vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, en representación del Poder Ejecutivo; representantes de universidades públicas nacionales, y de cinco entidades agropecuarias privadas: la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA).
El Poder Ejecutivo Nacional quiere que el sector privado tenga más preponderancia dentro de ese grupo y que sus reclamos se tengan en cuenta también para determinar qué propuestas se aceptan y cuáles se rechazan.
Puntualmente, las autoridades buscan que la entidad sirva para solucionar las problemáticas que habitualmente enfrentan los productores agropecuarios del país que, a su vez, podrían sumarse a los estudios cuando crean que van a tener un beneficio por ello.
“Si nosotros escuchamos sus problemas y les ofrecemos una solución conjunta, es más probable que quieran invertir y, de esa manera, también va a ser más fácil que las investigaciones progresen, ya que también a ellos les va a interesar”, resumió un integrante del Consejo.
Por Federico Galligani Infobae