Formalmente, este viernes 12 de junio comienza a regir el Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea, una titánica reforma de las reglas migratorias que busca unificar la respuesta del bloque. En concreto, el paquete pretende acelerar las tramitaciones de asilo (y las deportaciones) y endurece los mecanismos de control. Pero, mientras su implementación está lejos de ser inmediata, organizaciones de derechos humanos advierten sobre la reducción de la protección para los solicitantes de asilo y las potenciales vulneraciones de garantías.
Este viernes 12 de junio marca la entrada en vigor del nuevo Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea (UE), una profunda reforma que demandó una década de negociaciones y pretende unificar los criterios del bloque frente a la inmigración.
Confeccionado al calor del auge de partidos nacionalistas de extrema derecha que han hecho de la retórica antimigratoria un capital político central, el texto introduce controles fronterizos más estrictos, una tramitación más expeditiva de las solicitudes, una ampliación de las herramientas digitales para la recogida masiva de datos (que juega en los límites de la protección de la privacidad) y un aumento de las deportaciones.
La medida, que despierta varios cuestionamientos de organismos de derechos humanos, fue adoptada en 2024, con un plazo de dos años para su implementación, y es vista como una respuesta colectiva a preocupaciones surgidas de las recientes oleadas migratorias, con el foco principal en la crisis de 2015-2016, originada por la llegada de más de un millón de personas a Europa, muchos de ellos sirios y afganos que escapaban de los conflictos internos en sus países.
Sin embargo, la Comisión Europea (CE) ha admitido que ningún Estado miembro está completamente preparado y su aplicación desigual supone desafíos y tensiones en el grupo de los Veintisiete.
Por eso, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, celebró el hito de contar "por primera vez" con "un sistema europeo integral", pero aclaró que esto "es solo el principio y no el final" en la puesta en marcha del acuerdo, misión para la cual la CE ha propuesto destinar 6.340 millones de euros en los próximos siete años.
Repasamos las claves y las dudas que rodean a este Pacto que aspira a modificar radicalmente las reglas de acceso a la Unión Europea:
Controles exhaustivos y recogida masiva de datos
El pacto unifica un exhaustivo proceso de control al que serán sometidos los inmigrantes que lleguen a las fronteras europeas sin permiso de entrada.
Entre los puntos más controvertidos está la recogida de datos biométricos, que pasa del mero registro de huellas dactilares a la toma de una fotografía del rostro y la digitalización de documentación, si es que la tienen. Las alarmas también están puestas en que el mismo proceso se realizará también a niños a partir de los 6 años, cuando antes estos controles eran para mayores de 14.
Estos datos quedarán almacenados en la llamada Eurodac, una enorme base de datos que, de todos modos, aún no está en funcionamiento en todos los miembros de la UE.
El proceso también incluirá un reconocimiento médico preliminar y un examen de vulnerabilidades para detectar a posibles víctimas de trata de personas.
El objetivo de este control –que puede durar hasta 7 días y, durante el cual, el migrante deberá permanecer a disposición de las autoridades– es determinar quiénes reciben un proceso de solicitud de asilo acelerado o normal, y quiénes deben ser expulsados a sus países de origen o de tránsito.
Precisamente, muchos países todavía deben establecer las instalaciones fronterizas adecuadas, tanto para la tramitación de las solicitudes como para albergar a las personas migrantes.
En este sentido, entidades de derechos humanos denuncian que, aunque los migrantes técnicamente no estarán privados de libertad, el hecho de no poder entrar al país y la obligación de permanecer en los centros fronterizos causará que la mayoría de ellos, incluidos los menores, estén bajo una detención de facto durante todo el proceso.
Deportaciones exprés
Para resolver los casos de asilo -que, en marzo, sumaban alrededor de 802.000 peticiones iniciales pendientes–, el pacto establece tres procedimientos.
El primero es el que se tramitará en las "fronteras exteriores" de la UE –pasos terrestres, puertos o aeropuertos–, que puede extenderse hasta 12 semanas, incluyendo una revisión judicial si la hay.
Para los solicitantes de asilo considerados una "amenaza para la seguridad" o procedentes de países catalogados como "seguros" por la UE –es el caso de Colombia, Marruecos o Bangladesh, cuyos nacionales ven denegada su protección en al menos el 80% de los trámites– se aplicará un proceso acelerado de un máximo de tres meses.
Uno de los pilares del acuerdo es acelerar las repatriaciones voluntarias y forzosas de solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas, a través de la emisión automática de órdenes de expulsión cuando se deniega una demanda.
En este sentido, los defensores de derechos humanos han advertido que, en la mayoría de los casos, estas medidas pueden traducirse en períodos extendidos de detención y posibles decisiones precipitadas.
En cuanto a los demás solicitantes, se mantendrá el examen estándar de seis meses, aunque se establecen plazos concretos que antes no existían: cinco días para registrar la petición de la persona que manifiesta su deseo de pedir protección y 21 para formalizarla.
Un mecanismo de solidaridad que ya genera fricciones
El paquete de medidas incluye un mecanismo obligatorio de solidaridad para aliviar la presión a países como Italia, Grecia, Chipre, Malta o España, que han recibido la mayor parte de las llegadas por tierra y mar en los últimos años.
Este lineamiento establece que los Estados miembros acojan a un número determinado de solicitantes de asilo que lleguen a los países de la periferia o, en su defecto, contribuyan financieramente con esas naciones bajo mayor presión: deberían dar 20.000 euros por cada persona que les correspondería acoger.
Se estima que al menos 30.000 solicitantes de asilo al año se acogerán a este sistema de reubicación, pero su funcionamiento real es una incógnita.
Los críticos afirman que el Pacto carece de herramientas para garantizar la aplicación eficaz del mecanismo de solidaridad y que solo se sostiene en una presión política que podría contribuir a tensiones entre los Estados.
Polonia, por ejemplo, ha rechazado tajantemente tanto la posibilidad de reubicar solicitantes en su país como la contribución financiera a otros países, una postura que el primer ministro Donald Tusk tachó de "definitiva".
Varsovia se escuda en que el país vive una situación única por la "guerra híbrida" en su frontera con Belarús, donde denuncia la "instrumentalización" de los flujos migratorios para desestabilizar a la UE, acusación a menudo dirigida contra Belarús y Rusia. También ha señalado que en los últimos años ha acogido a millones de refugiados ucranianos, por lo que reclama una exención de cuotas.
Por su parte, el nuevo primer ministro húngaro Péter Magyar continúa la línea dura contra la inmigración de su antecesor Viktor Orbán y, pese al reciente acercamiento con la UE, sigue sin publicar un plan nacional ni prepararse para la creación de centros de acogida.
Aplicación desigual, "centros de retorno" y una "falsa dicotomía"
Entre los desafíos para la implementación efectiva del Pacto está la aplicación desigual del paquete de medidas. Mientras países como Alemania, Francia, Portugal o Italia están avanzados en la tramitación parlamentaria y puesta en marcha de las medidas, existen más de una docena de países demorados (o directamente, poco interesados) en la incorporación del Eurodac o en la preparación de infraestructura y recursos humanos adecuados para garantizar las condiciones de los solicitantes de asilo durante la tramitación de sus peticiones.
"No será como encender un interruptor el 12 de junio. Algunas de estas cosas llevarán tiempo", advirtió a la agencia AP Susan Fratzke, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
Del mismo modo, y frente a una opinión pública cada vez más intransigente con respecto a la migración, hay Estados miembros que piensan medidas adicionales, entre ellas, la polémica creación de "centros de retorno" para solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea.
Esta opción fue aprobada por el Parlamento Europeo a inicios de mes y Grecia ha confirmado estar contemplando la alternativa junto a Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria.
Entre las posibles ubicaciones que se estudian están Ruanda, Uganda y Uzbekistán y la idea genera indignación entre sectores más progresistas de la política europea o en organizaciones internacionales, que advierten de posibles violaciones de los derechos humanos, contemplados en los propios estatutos europeos.
Desde otros sectores critican también que las reformas se sostienen demasiado en que proyectar una política dura desalentará la inmigración irregular, pasando por alto las causas estructurales que empujan a las personas a abandonar sus países, como son los conflictos bélicos, la pobreza y la represión política.
Roberto Forin, del Centro de Migración Mixta (MMC, por sus siglas en inglés), explicó a Reuters que una encuesta realizada por su grupo en 2025 a más de 4.000 migrantes a lo largo de las rutas del Mediterráneo reveló que el 64% de ellos no se vio disuadido por las políticas de la UE y sus países, y menos del 1% dijo haber abandonado sus planes como resultado de esas medidas.
"El debate ha quedado atrapado en una falsa dicotomía (…) como si la única manera de demostrar control fuera restringir y disuadir", advirtió.
Los derechos humanos, fuera de la agenda del Pacto
Las organizaciones de derechos humanos han advertido que las consideraciones humanitarias han quedado, en el mejor de los casos, en un segundo plano en el nuevo marco europeo.
Las principales críticas apuntan a las limitaciones para el acceso al asilo; la debilitación de protecciones; la introducción de procedimientos acelerados que pueden multiplicar la discriminación racial y repercutir en resoluciones injustas; o la prolongación de detenciones en las fronteras de la UE, sin acceso adecuado a servicios y derechos.
"El Pacto asesta un golpe duro al derecho de asilo en un momento en que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos”
"Nuestro temor es que una legislación deficiente, sumada a la falta de voluntad para hacer cumplir las normas, conduzca a la continuación de esta carrera hacia el abismo", alertó Minos Mouzourakis, abogado de la organización sin fines de lucro Refugee Support Aegean, con sede en Grecia.
Del mismo modo, la asesora senior sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes de Human Rights Watch, Judith Sunderland, señaló que "el nuevo pacto de asilo europeo cierra la puerta a personas que merecen ser tratadas con dignidad y que sus solicitudes de protección sean examinadas de manera justa”.
"El Pacto asesta un golpe duro al derecho de asilo en un momento en que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos”, insistió.
Por su parte, Susanna Zanfrini, directora de la oficina de Italia del Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés), consideró "problemática" la falta de claridad y coherencia entre los países europeos, una ambigüedad que "genera incertidumbre tanto para las personas que buscan protección como para las organizaciones que las apoyan, justo en el momento en que más necesitan información clara sobre sus derechos, opciones y acceso a la ayuda necesaria para sobrevivir, recuperarse y reconstruir sus vidas".
Por último, Lukas Gehrke, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones en Bruselas, afirmó que, mientras la UE se centra en acelerar las deportaciones, también tendría que destinar más fondos para los programas de integración destinados a las millones de personas migrantes que se establecen legalmente en los países del bloque.
Fuente: France24