La economía argentina no está en transición: está en estanflación plena. Inflación anual por encima del 200%, caída del PBI entre 3% y 5%, consumo masivo desplomado y un salario real que sigue perdiendo poder adquisitivo. El ajuste fiscal —basado en licuación del gasto y recortes— logró un orden transitorio de las cuentas, pero sin resolver el problema central: la falta de un programa integral de estabilización.
El gobierno de Javier Milei apostó a un combo de ancla fiscal, contracción monetaria y administración cambiaria, con el objetivo de frenar la inflación. Pero el resultado es incompleto: la nominalidad cede a ratos, mientras la actividad se contrae con fuerza y la economía real se asfixia.
A ese cuadro se suma el creciente conflicto con las provincias. Gobernadores de distintos signos políticos denuncian un recorte y demora en la transferencia de fondos, incluyendo partidas coparticipables y programas específicos, lo que configura —según sus críticas— un ahogo financiero que tensiona la prestación de servicios básicos y la ejecución de obras. El gobierno nacional sostiene, en cambio, la necesidad de ordenar las cuentas y revisar los mecanismos de asignación de recursos.
En paralelo, la gestión prioriza la exposición internacional y la batalla cultural, mientras la microeconomía doméstica —crédito, costos, empleo— queda relegada. La comunicación oficial, encabezada por Manuel Adorni, refuerza ese enfoque: más narrativa que pedagogía económica.
A esto se suma un rasgo cada vez más visible: la concentración del poder decisorio en el círculo íntimo presidencial. El rol de Karina Milei en la coordinación política alimenta cuestionamientos sobre un esquema cerrado, con baja permeabilidad y dificultades para construir consensos.
El riesgo ya no es teórico. Sin coordinación macroeconómica, sin acuerdos federales y sin reconstrucción de confianza, el ajuste pierde capacidad estabilizadora y se transforma en un círculo vicioso: menos actividad, menos ingresos, más tensión social y menor margen político.
La pregunta de fondo no es ideológica, es práctica: ¿puede un programa sostenerse si ordena las cuentas pero desordena la economía real y tensiona el federalismo? Por ahora, los números y los conflictos sugieren que no.
Por Federico Villagra
