La petrolera estatal enfrenta cuestionamientos del propio kirchnerismo que denuncia una licitación amañada en favor de la firma vinculada al macrismo y al Coti Nosiglia.
El kichnerismo renovó por siete años la cuestionada licitación que realizó YPF en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, para el transporte de combustible liviano que benefició por 67 millones de dólares a la Compañía Naviera Horamar, a pesar de las denuncias judiciales que en su momento presentaron la Cámara de la Industria Naval y sindicatos del sector por irregularidades en la adjudicación.
En enero del 2021 la compañía estatal que en ese momento dirigía Sergio Affronti extendió por cinco años con opción a dos de prórroga el contrato para transportar combustible en barcazas desde las refinerías al norte argentino por el Río Paraná. El contrato contemplaba la disponibilidad de seis barcazas con capacidad para 5.000 metros cúbicos y dos remolcadores, con la posibilidad de incorporar uno más.
Se trata de uno de los contratos de servicios más codiciados de la petrolera estatal y la polémica no tardó en detonar cuando los jugadores de peso en el negocio marítimo y fluvial sospecharon que la licitación había sido hecha a medida de Horamar por sus vínculos con el gobierno de Cambiemos. De hecho, Jorge Metz, quien ocupó la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, se desempeñó previamente como gerente de Transporte Marítimo de esa compañía desde el año 2007 hasta el 2015, cuando asumió como funcionario.
Es que Horomar es conocida en el mundo fluvial por su capacidad de lobby y cabildeo en la política que le permitieron acceder a jugosos contratos como el de YPF. En ese sentido, fuentes al tanto del negocio que hablaron con LPO, mencionaron ciertos vínculos con el histórico dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia. La parición de su nombre no parece casual, Carlos Menem cedió el negocio de la Hidrovía al alfonsinismo cuando acordó el Pacto de Olivos, que habilitó su reelección.
Además de las sospechas de favoritismo que cubrió el proceso licitatorio y que una auditoria interna de YPF advirtió sobre puntos poco claros, también se cuestionó que las barcazas que debían ofrecer los servicios iban a ser construidas en el Astillero Chaco Paraguayo contradiciendo la Ley de Promoción de la Industria Naval.
Como sea, cuando el macrismo adjudicó el contrato de las barcazas las sospechas recayeron sobre el gerente de Horomar, Daniel Alberto González Elizalde, y los directivos de YPF, Andrés Marcelo Scarone, entonces gerente Ejecutivo de Comercio Internacional cuando se celebró el contrato; Santiago Martínez Tanoira, vicepresidente de Downstream de la petrolera, que se encarga de autorizar contrataciones superiores a los 10 millones de dólares y Gonzalo Sebastián Mera Truffini el ex gerente de Aseguramiento Marítimo.
La extensión de la concesión a Horamar fue cuestionada por la agrupación kirchnerista La Corriente, que lamentó que se consolidará la decisión del macrismo de excluir del negocio a la National Shipping, la naviera fundada por ex trabajadores de YPF que perdieron su trabajo cuando el menemismo decidió desguazar la flota fluvial de la petrolera. Esa firma prestó el servicio por casi dos décadas, hasta que el macrismo la excluyó del negocio en una licitación muy cuestionada.
Es que además de las sospechas de favoritismo que cubrió el proceso licitatorio y que una auditoria interna de YPF advirtió sobre puntos poco claros, también se cuestionó que las barcazas tanque que debían ofrecer los servicios iban a ser construidas en el Astillero Chaco Paraguayo contradiciendo la Ley de Promoción de la Industria Naval sancionada en 2017 con el apoyo de todos los bloques.
La normativa prevé que el Estado Argentino únicamente puede recurrir a la construcción de buques fuera del país si presenta un informe fundado ante la Comisión Asesora de la Industria Naval. Este requisito no figuró en los pliegos licitatorios, según plantearon los demandantes. De hecho, los funcionarios de YPF mencionados viajaron en su momento a Paraguay para conocer las instalaciones del astillero que iba a construir las barcazas por orden de Horamar.
Sucede que casi el 90% de las barcazas que circulan por el Río Paraná son de bandera paraguaya debido a las ventajas competitivas que tiene el país vecino en cargas impositivas que no superan el 30% cuando en Argentina se duplica esa incidencia y el otro punto son los regímenes de contratación del personal donde en Paraguay tiene condiciones mucho más desventajosas para los trabajadores. Un tema que fue obsesión de Macri durante su mandato.
Los fuertes beneficios en los convenios que tienen los operarios argentinos termina jugando en contra porque la actividad está prácticamente paralizada. Por tal motivo, en 2017 el oficialismo y oposición coincidieron en empujar una nueva Ley de Marina Mercante que contemplaba dos subsidios; uno a la industria naval y otro a empresas para acondicionar buques, pero el entonces ministro Dujovne vetó estas dos partidas y la normativa no llegó a implementarse en sus puntos fundamentales.
Tal es así que en el sector sostienen que es necesaria una nueva legislación pero la Comisión Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios está presidida por la diputada de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, quien paralizó el tema, según denuncian en el sector.
La Compañía Naviera Horamar es propiedad de los hermanos Claudio y Carlos López que en 2008 se fusionaron con Navios Maritime Holdings, un grupo que nació a mediados del siglo pasado como subsidiaria de la United States Steel, una compañía gerenciada por el JP Morgan, para transportar mineral de hierro desde Canadá y Venezuela a los Estados Unidos.
Con los años, sumó negocios en la región a través de “la participación en la mayoría accionaria en Navios South American Logistics Inc., una de las mayores empresas de infraestructura y logística en la región de Hidrovía de América del Sur”, sostiene en sus informes trimestrales para inversores.
Fuente: LPO