El Gobierno reprimió por primera vez una marcha por el financiamiento de las universidades, después de que encapuchados vandalizaran la plaza del Congreso y provocaran incidentes. ¿Quiénes eran? La obstinación de Milei por desconocer la ley. Y una razón oculta.
Como parte de su gradual desplazamiento hacia una derecha dura, Jorge Macri ha venido incorporando a su discurso conceptos que eran ajenos a la narrativa de cualquier gobierno de la Ciudad desde, por fijar un momento, la autonomía porteña (aunque se podría retroceder sin riesgo a equivocarse hasta la recuperación de la democracia). Al slogan “La Ciudad más linda del mundo” con la que su gestión promueve a Buenos Aires, Macri le sumó el sintagma “Ley y orden”, con el que propagandiza el endurecimiento del código contravencional -envió recientemente un proyecto a la Legislatura porteña-, los operativos en villas, plazas y la vía pública y los desalojos. Contrasta con las consignas más bien de cercanía al vecino que empleó durante su larga gestión en Vicente López: “Vamos juntos”, “Mirá todo lo que hicimos juntos”, propias del estilo de lo que alguna vez fue Cambiemos.
Este jueves Jorge Macri se subió a la gran vidriera de los incidentes que estropearon la marcha universitaria para hacer su aporte de época: posteó un video de manifestantes rompiendo los asientos de mampostería de la Plaza de los Dos Congresos y los llamó “zurdos infiltrados” (y, más apropiadamente, “delincuentes”). “Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos”, dijo. Con ofrendas como estas, Jorge Macri volvió a ganarse el saludo del Presidente (nadie sabe bien cuánto durará) y se entusiasma con la reelección. Ambas cuestiones en buena medida dependen de otro Macri, Mauricio.
La Ciudad contribuyó al emplazamiento de fuerzas de seguridad nacionales -Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, PSA- que dispuso el Gobierno nacional para controlar la marcha universitaria. Un despliegue abrumador. Como si las autoridades hubiesen tenido información de que la manifestación derivaría en incidentes. O los hubieran alentado. Ya ocurrió otras veces: en marzo de 2025, en ese mismo escenario, se desató una represión indiscriminada contra una masiva marcha por los jubilados a la que se sumaron barras de fútbol (peculiaridades argentinas). Hubo muchas manos negras aquel día alimentando el fuego.
La del jueves fue la primera vez que el Gobierno reprimió una marcha universitaria, como acertó en destacar PERFIL en su edición digital. Las cuatro anteriores se habían desarrollado sin incidentes. En parte, porque la masividad de las marchas impidió que el Gobierno aplicara el llamado “protocolo antipiquete”, como reconoció la ex ministra de Seguridad y hoy senadora Patricia Bullrich, que dispone de un completo control de la libre circulación en las calles. Pero también, se suponía, porque el reclamo por el financiamiento universitario tiene un amplio respaldo social en la Argentina.
La marcha de ayer también fue importante. Acaso menos multitudinaria que las anteriores (la participación ha venido declinando por desgaste y además se sumó la lluvia), la protesta cumplía sin embargo con la condición de masividad que hacían improbable el uso del “protocolo”.
Lo que diferenció esta marcha de las anteriores, según registraron las crónicas, fue la aparición de un grupo de encapuchados que vandalizaron bancos y veredas y lanzaron piedras del otro lado de las vallas de seguridad. Igual que en aquella marcha de los jubilados. ¿Quiénes fueron? Después de la respuesta de las fuerzas de seguridad, todo se descontroló y la orden fue dispersar la manifestación, a palos y gases.
El triste episodio, cuyo origen las fuerzas de seguridad deben aclarar, empalidece el reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso a mediados del año pasado y ratificada con los dos tercios de ambas Cámaras, que rechazaron el veto presidencial. Es necesario recordar el incierto e intrincado recorrido que siguió desde entonces esta ley.
El Gobierno se vio obligado a promulgarla, pero suspendió por decreto su aplicación con el argumento de que se debe determinar su fuente de financiamiento, invocando la letra de otra norma, impulsada por Milei, que impone esa condición. Un juez del fuero Contencioso Administrativo federal dispuso su aplicación, decisión ratificada en Cámara, y declaró luego inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que la suspendía. El Gobierno respondió con la recusación tanto del juez de instrucción como de la Cámara, por tratarse, al mismo tiempo que jueces, de docentes universitarios. La Corte Suprema rechazó esa insólita pretensión. Tras una nueva apelación del Gobierno, aún se espera un pronunciamiento de fondo de la Cámara sobre la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la ejecución de la ley.
La obstinación
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso el costo fiscal de la aplicación de la ley de Financiamiento tendría un costo fiscal de 0,23 del PBI, cuando Economía proyecta para este año un superávit de 1,3% del PBI, aunque con caída de ingresos tributarios. El Gobierno acaba de intervenir esa oficina, un organismo de control, con el objetivo de despojarla de autonomía.
La obstinación por desconocer una decisión del Poder Legislativo ratificada por la justicia es difícil de comprender. Historiador y docente, Hernán Confino arriesgó ayer en un posteo en X que el conflicto con las universidades no es de carácter presupuestario, sino ideológico. No es aventurado.
“Las derechas radicales y populistas odian a las universidades públicas. Pasa acá, pasó en Brasil, en Turquía, en Florida (EE.UU.), en India”, dice el posteo, que muestra artículos de reconocidos medios como El País de Madrid, la agencia Associated Press y la revista The Atlantic, de Washington, que parecen avalarlo. Se podría agregar el conflicto de Trump II con las universidades en EE.UU., a las que acusa de "adoctrinar" a la juventud estadounidense.
Una columna firmada en 2023 por Michael Ignatieff, líder entre 2009 y 2011 del Partido Liberal de Canadá, el mismo del actual primer ministro Mark Carney, se pregunta en The Atlantic: ¿Por qué las derechas populistas odian a las universidades?”. Allí desarrolla el caso de Viktor Orban, que durante su largo gobierno emprendió una campaña contra las universidades e impuso la privatización de gran parte del sistema en Hungría.
Dice Ignatieff, además, docente de Historia en la Universidad Centroeuropea de Viena: “Los liberales (progresistas) deberían defender la autonomía universitaria y la libertad académica no como un privilegio profesional, ni para preservar las universidades como bastiones de la opinión progresista, sino porque las universidades -al igual que los tribunales, la prensa libre y los organismos reguladores independientes- son contrapesos esenciales al gobierno de la mayoría”.
Por Walter Curia-Perfil