La causa judicial por el ingreso irregular de un vuelo privado con valijas sin control puso en evidencia un entramado de versiones falsas, privilegios aduaneros y posibles delitos federales. Las pruebas contradicen al Gobierno y apuntan a un trato diferencial hacia una figura cercana a Javier Milei.
El caso de las valijas que ingresaron sin control aduanero ni migratorio al país el 26 de febrero pasado, a bordo de un avión privado proveniente de Miami, destapó una red de contradicciones, negaciones y justificaciones tardías por parte del gobierno de Javier Milei.
Las declaraciones del Presidente, su vocero Manuel Adorni y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, no sólo se contradicen entre sí, sino que chocan frontalmente con las pruebas presentadas por los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez.
Este escándalo, que involucra a la referente de la ultraderechista CPAC, Laura Belén Arrieta, y al empresario ligado al gobierno argentino y estadounidense, Leonardo Scatturice, expone un preocupante entramado de privilegios y posibles complicidades estatales que la Casa Rosada intenta, sin éxito, encubrir.
La negación inicial de Adorni: una mentira al descubierto
Cuando el periodista Carlos Pagni reveló en su programa Odisea (LN+) los detalles del ingreso irregular de un vuelo privado de la empresa Royal Class, propiedad de Scatturice, el vocero presidencial Manuel Adorni salió al cruce con vehemencia.
En una conferencia de prensa en marzo de 2025, Adorni calificó la denuncia como “fake news” y aseguró que era “fácticamente imposible” que alguien hubiera ingresado con diez valijas sin control.
Según él, Laura Arrieta, la única pasajera del vuelo, llegó con “un carry-on y una valija” que fueron sometidos a “todos los controles de rutina, siguiendo los protocolos y cumpliendo con la normativa”.
Incluso tildó de “mentiroso” a Pagni y negó cualquier vínculo entre Arrieta y el Gobierno, a pesar de las fotos que la muestran junto a Milei en eventos de la CPAC, la organización ultraconservadora que conecta a Javier Milei con Donald Trump.
Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad del Aeroparque Jorge Newbery, analizadas por los fiscales, desmienten categóricamente la versión de Adorni.
El dictamen judicial presentado por Navas Rial y Rodríguez acredita que Arrieta ingresó con al menos diez valijas, de las cuales sólo se declararon cinco, y que ninguna pasó por los escáneres ni fue revisada por el personal aduanero, a diferencia de otros pasajeros que sí fueron controlados en el mismo momento.
Milei y la defensa a ultranza: “Desenmascarando mentirosos”
El propio presidente Javier Milei debió involucrarse en la controversia, con un respaldo a la narrativa oficial inicial. Tras la difusión de las imágenes que confirmaban las irregularidades, Milei compartió en sus redes sociales una entrevista al titular de ARCA, Juan Pazo, con la frase “desenmascarando mentirosos”.
Además, este miércoles amplió: “No son 10 valijas, son 10 bultos, donde dos correspondían a la chica, dos a la tripulación, dos valijas de otra persona y había cuatro bolsas de compras”.
En la entrevista, Pazo defendió el accionar de la Aduana, pero sus dichos marcaron un giro radical respecto a la postura inicial del Gobierno. Lejos de mantener la negación de Adorni, Pazo admitió que no se escanea el 100% de las valijas y que los controles son “una facultad selectiva del personal aduanero”.
Además, justificó la falta de inspección bajo el argumento que el vuelo provenía de Estados Unidos, donde supuestamente “se cumplen todos los procedimientos de seguridad”.
Esta nueva versión no sólo contradice las declaraciones previas de Adorni y de la Aduana, que aseguraban que los controles de rutina se habían realizado sin anomalías, sino que también ignora las pruebas recopiladas por los fiscales.
El dictamen judicial destaca que el desvío de Arrieta y su equipaje hacia una vía secundaria, sin pasar por los escáneres, fue “una decisión expresa y directa del personal aduanero” y no respondió a “una situación de congestión ni a una saturación operativa”.
Más aún, los fiscales señalaron que el área de control estaba “libre de aglomeraciones” y que otros pasajeros fueron inspeccionados normalmente, lo que evidencia un trato preferencial hacia Arrieta, quien además fue vista intercambiando un celular con una agente aduanera que le hizo un gesto de “OK”.
Juan Pazo y la excusa de los “controles selectivos”
El titular de ARCA, Juan Pazo, intentó apaciguar el escándalo con una explicación que, lejos de aclarar, generó más dudas. En diálogo con A24, Pazo afirmó que los controles aduaneros no son obligatorios para todos los equipajes y que los vuelos provenientes de Estados Unidos requieren menos fiscalización debido a los “estándares internacionales” de ese país.
Esta declaración choca con la normativa aduanera argentina, que exige controles selectivos basados en criterios objetivos, no en suposiciones sobre la procedencia del vuelo.
Los fiscales fueron contundentes al señalar que la omisión de los controles no estuvo justificada por “razones técnicas, operativas ni aleatorias” y que la decisión de permitir el paso de las valijas fue “no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos”.
Además, Pazo aseguró que la Aduana impulsó una denuncia penal y un sumario interno para investigar el caso, en un intento de sugerir que no había intención de ocultamiento. Sin embargo, esta movida parece más una estrategia para desviar responsabilidades que una muestra de transparencia.
Como señaló el diputado Maximiliano Ferraro, el Gobierno rechazó pedidos de acceso a la información pública presentados en marzo a Migraciones, Aduana, PSA y ANAC, argumentando “incompetencia” o “reserva de información”, lo que refuerza la percepción de un intento deliberado de tapar el escándalo.
Irregularidades y posible contrabando
El dictamen de los fiscales federales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, presentado ante el Juzgado Penal Económico N°2 a cargo de Pablo Yadarola, representa un duro revés para el Gobierno nacional.
Lejos de la narrativa oficial que buscó minimizar lo ocurrido, los fiscales revelaron una serie de maniobras irregulares en torno al arribo del vuelo privado Bombardier Global 5000 que aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery el 26 de febrero de este año.
Según la reconstrucción judicial, el operativo desplegado por la Aduana ese día estuvo plagado de omisiones y beneficios injustificados. A pesar de contar con escáneres y tecnología de control no intrusivo, el personal aduanero no revisó ninguna de las diez valijas que trajo consigo Arrieta.
El trato diferencial incluyó, además, el desvío de la pasajera y los tripulantes hacia una vía secundaria, una facilidad que no fue extendida al resto de los pasajeros que arribaron al aeropuerto en la misma franja horaria.
Las inconsistencias tampoco tardaron en aparecer en la documentación oficial. Mientras que el Formulario de Declaración General sólo menciona cinco bultos, las imágenes obtenidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) muestran más del doble siendo descargadas.
A ello se suma un detalle no menor: el vuelo figura en los registros como proveniente de Fort Lauderdale, aunque en realidad despegó desde Opa-locka, también en Florida. Pero las incongruencias migratorias no terminan ahí.
Arrieta aseguró ante las autoridades que su destino final era Estados Unidos, sin embargo, el avión partió rumbo a París, con una escala técnica en Tenerife, apenas una semana después, el 5 de marzo.
Durante ese lapso, el avión permaneció estacionado en un hangar de la firma Royal Class, sin que existan registros oficiales sobre eventuales inspecciones o medidas de inmovilización. La ausencia total de trazabilidad despierta una nueva alerta: ¿quién tuvo acceso al avión durante esos siete días?
El aspecto más inquietante del dictamen judicial es la sospecha de que hubo una orden externa que condicionó todo el procedimiento. Ante esta hipótesis, los fiscales pidieron investigar las comunicaciones telefónicas de Arrieta y de los agentes aduaneros que intervinieron entre las 8:15 y las 9:00 de la mañana del 26 de febrero, con el objetivo de determinar si existió una instrucción para saltear los controles.
La investigación apunta a un posible delito de contrabando, con sospechas de que las valijas podrían contener desde dólares hasta dispositivos de inteligencia o software espía, aunque expertos consultados descartan que material restringido como el software Pegasus pueda haber salido de Estados Unidos sin ser detectado.
Los fiscales requirieron identificar a los agentes de Aduana, Migraciones y ANAC involucrados, así como a los vehículos que se acercaron al avión, y solicitaron ampliar las declaraciones de los tripulantes José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, y del pasajero Víctor Germán Du Plooy, quien abordó el vuelo de regreso a París.
Un escándalo que expone privilegios y complicidades
El caso de las valijas no es un simple error administrativo, como el Gobierno pretende instalar. La relación de Laura Arrieta con Leonardo Scatturice, un exagente de la SIDE y accionista de Flybondi, y su rol como organizadora de la CPAC, un evento que consolidó los lazos entre Milei y Trump, sugieren una red de influencias que trasciende las fronteras.
Scatturice, señalado como asesor clave de Santiago Caputo (estratega estrella de Milei) aparece como una figura central en esta trama que combina privilegios VIP, omisiones deliberadas y posibles delitos aduaneros.
Mientras el Gobierno oscila entre negar los hechos y relativizarlos, las pruebas recopiladas por los fiscales y las imágenes de las cámaras de seguridad son irrefutables.
La Justicia, con el juez Yadarola al frente, tiene ahora la oportunidad de esclarecer quién dio la orden de dejar pasar las valijas y qué contenían.
Lo que está claro es que las contradicciones de Milei, Adorni y Pazo no hacen más que alimentar las sospechas de un encubrimiento orquestado desde las más altas esferas del poder.
Este escándalo, que estalló poco después del caso de la criptoestafa $LIBRA, pone en jaque la credibilidad de un Gobierno que se jacta de transparencia, pero actúa con opacidad cuando sus aliados están en la mira.
Por Nicolás Gonzalez- Perfil