El Gobierno de España ha tomado la decisión final de rescindir unilateralmente el contrato para la compra de munición a la empresa israelí IMI System después de dudar por la cancelación y la obligación de efectuar el pago de 6,6 millones de euros por contrato.
Esta medida llega después de haber "agotado todas las vías negociadoras" y tras generar fuertes tensiones entre los socios de la coalición gubernamental. La rescisión fue acordada por Presidencia, bajo la dirección de Félix Bolaños, la Vicepresidencia Segunda liderada por Yolanda Díaz, y "los ministerios competentes", incluyendo Interior con Fernando Grande-Marlaska al frente. La decisión resulta especialmente significativa considerando que el contrato ya había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado ese mismo jueves.
Para materializar esta cancelación, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) denegará a la empresa israelí el permiso de importación "por razones de interés general", lo que permitirá al Ministerio del Interior proceder con la rescisión formal del contrato.
Desde Moncloa han querido subrayar que tanto PSOE como Sumar están "firmemente comprometidos con la causa Palestina y la paz en Oriente Medio". En ese sentido, han recordado que desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, España ha suspendido la compra y venta de armamento a empresas israelíes, política que mantendrán "en el futuro".
Esta resolución contrasta con la posición que mantenía Interior apenas un día antes, cuando había procedido a licitar la compra tras recibir un informe de la Abogacía del Estado que desaconsejaba la anulación debido a la avanzada fase de tramitación.
Ahora, este mismo organismo, junto con los ministerios implicados, estudia las posibles acciones legales y reclamaciones que podría interponer la empresa israelí, que previsiblemente exigirá el pago de los 6,6 millones de euros que costaba la munición. En total la compra era de 15 millones de balas que iban destinadas a la Guardia Civil. El Ministerio de Interior ha apuntado que la rescisión no producirá un desabastecimiento, ya que las municiones se reponen con previsión suficiente.
El anuncio de la rescisión ha llegado horas después de que el propio Ejecutivo asegurara estar buscando "por todos los medios" una solución administrativa, evidenciando la urgencia por desactivar la crisis interna que había provocado que Izquierda Unida llegara a plantear su salida del Gobierno.
Una crisis en la coalición, pero de puertas adentro
Por su parte, Yolanda Díaz había negado previamente la existencia de una crisis gubernamental, asegurando que estaban "centrados en la anulación de un contrato que nunca debía haber existido". La vicepresidenta segunda calificó el acuerdo como "una vulneración flagrante" de la legalidad y del comercio internacionales, especialmente en el contexto de lo que describió como "un auténtico genocidio en Gaza".
Fuentes del Gobierno han querido desmentir que "haya estado en discusión la ruptura con Sumar" y han apelado al "respeto de unos a otros" dentro del Ejecutivo, reconociendo la necesidad de "entender las distintas sensibilidades". También han afirmado que Sumar conocía el contrato "con suficiente antelación" y no se lo encontraron "de repente en la mesa", contradiciendo así algunas versiones que sugerían falta de comunicación entre los socios.
Esta crisis se suma a otras tensiones recientes en la coalición, como el aumento del gasto en Defensa aprobado esa misma semana, otro punto de fricción que llevó a los partidos que constituyen Sumar a convocar una reunión telemática de urgencia para analizar la situación.
La resolución de esta controversia evidencia tanto la fragilidad de los equilibrios dentro del Gobierno de coalición como su capacidad para encontrar soluciones que eviten su ruptura, especialmente en asuntos de política exterior tan sensibles como el conflicto israelí-palestino.
Por Jesús Maturana-EuroNews