El oficialismo se ha incorporado decisivamente como escenario de una batalla ajena pero no tanto: la pelea entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri.
Como si al Gobierno le resultara insuficiente lidiar con las dificultades de la gestión y las disputas entre varios de sus principales funcionarios, ahora se ha incorporado decisivamente como escenario de una batalla ajena pero no tanto: la pelea entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri.
El combate entre la actual ministra de Seguridad y el ex presidente desconoce frenos, sólo sabe de aceleraciones. La más reciente de ellas -no será la última, seguramente- es el marco político que se le otorgó dentro del PRO al despido intempestivo del segundo de Bullrich, Vicente Ventura Barreiro.
Según informó la propia funcionaria, el vice de Seguridad fue eyectado y denunciado ante la Oficina Anticorrupción por tratar de incidir, supuestamente, en la digitación de una licitación por provisión de comida del Servicio Penitenciario Federal. Extraoficialmente, se detalló que el jefe del SPF le informó a Bullrich que Ventura Barreiro pretendía sumar un intermediario con la docena de empresas que suelen participar de esa compulsa, como medio de recaudación política.
Cerca del ahora ex viceministro se niega esa imputación. Y se enmarca su eyección como una represalia partidaria. Ventura Barreiro es muy cercano a Cristian Ritondo, a cargo del bloque PRO en Diputados, quien juega fuerte con Macri en el conflicto con Bullrich, que lo ha acusado de provocar un golpe de estado en su contra en el distrito bonaerense de la fuerza amarilla.
Lo hemos contado en varias oportunidades. Más allá de la tensión que generan sus egos, Bullrich y Macri guerrean por el posicionamiento del PRO respecto a la administración Milei. La ministra sostiene que hay que sumarse decididamente al cambio que propone el Presidente y aliarse con La Libertad Avanza. Macri cree que hay que apoyar conceptualmente pero sin perder la identidad amarilla, en el marco de acuerdos partidarios y no de decisiones personales.
Producto de estas diferencias cada vez más acentuadas, Bullrich fue desplazada de la conducción del PRO, cargo que asumió Macri luego de un trabajoso y frágil acuerdo de (falsa) unidad. Se pondrá en juego de nuevo cuando Bullrich intente presidir la asamblea partidaria, justo en una fuerza siempre desinteresada en ese tipo de institucionalidades.
La devolución de gentilezas es una constante. El macrismo, con Ritondo a la cabeza, vació la conducción del PRO bonaerense, dominado por el bullrichismo. La ministra hizo dividir el bloque amarillo en la Legislatura provincial y multiplicó sus recorridas en la tierra gobernada por Axel Kicillof junto al operador y funcionario libertario Sebastián Pareja.
Desentendido el Presidente de estas trifulcas, sí le prestan mayor atención Karina Milei y Santiago Caputo. Aunque ambos cierran filas con Bullrich, han logrado tender puentes con Macri, quien originalmente prefería la interlocución personal con el jefe de Estado.
Esos intercambios contribuyeron a desanudar ciertos prejuicios mutuos y teléfonos descompuestos. Sin embargo, no los despejaron del todo, en especial los vinculados al Gobierno. Macri, por caso, le pasa la pelota a Bullrich sobre los arribos de Pablo de la Torre y Ventura Barreiro, los echados y denunciados secretarios del área social y de Seguridad.
El ex presidente debió salir a aclarar en privado que tuvo cero injerencia en el curiosísimo fallo de la Cámara de Casación que benefició a su primo Ángelo Calcaterra en la causa Cuadernos. Los jueces concluyeron que el empresario no pagó coimas, sino que hizo aportes de campaña ilegales. En vez de corrupción, se trató de un delito electoral menor.
Acaso el líder PRO debió hacer semejante precisión porque en los tribunales se esparcen los rumores acerca del rol de operadores judiciales macristas en la decisión de los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques. Más concretamente se menciona a Daniel Angelici, a quien también se le adjudica un entusiasta proselitismo para que el controvertido Ariel Lijo ascienda a la Corte Suprema, tal como quiere el Gobierno. Y no sólo el Gobierno.
Por Javier Calvo-Perfil