El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se reúne este lunes con representantes de organizaciones estudiantiles de secundaria y universitarias con el objetivo de poner fin a más de un mes de protestas y disturbios. El país afronta otra semana de caceroladas y manifestaciones, que tendrán como colofón una movilización nacional el sábado 31 de octubre, que el presidente Emmanuel Macron ha catalogado como "de alto riesgo".
El calendario de movilizaciones en Francia amenaza con prolongar al menos una semana la tensión social que se vive en las calles desde mediados de septiembre, cuando los estudiantes de instituto comenzaron a bloquear colegios, antes de que se sumaran sindicatos y gremios laborales.
En un intento por rebajar el malestar de los manifestantes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, recibió este lunes a las 14:30 (hora local) a representantes de las organizaciones de estudiantes de secundaria.
El presidente francés, Emmanuel Macron, adelantó en la antesala de ese encuentro que el Gobierno anunciaría "respuestas concretas" a las "demandas legítimas en la raíz del movimiento social".
Tras la reunión, se espera que el Ejecutivo anuncie nuevas medidas para aplacar las movilizaciones, durante una rueda de prensa en la que participarán el ministro de Educación, Édouard Geffray, y el de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, ambos presentes en el diálogo con los estudiantes.
Las reivindicaciones de los colectivos que han salido a las calles incluyen una renovación de los centros educativos, mejores condiciones de estudio y la supresión de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, sobre la cual Macron ya prometió una "reforma en profundidad".
Además, el Gobierno anunció a principios de mes un plan para sustituir a los profesores ausentes. Desde entonces, ya se han incorporado 2.000 maestros de los 3.000 prometidos.
El viernes 23 de octubre, una veintena de representantes estudiantiles se reunieron con Macron en el Palacio del Elíseo durante cerca de tres horas, pero los líderes salieron de las conversaciones instando a seguir protestando.
Las movilizaciones comenzaron a mediados de septiembre con el bloqueo de cientos de institutos y posteriormente con manifestaciones. Las protestas continuaron pese a las vacaciones escolares que comenzaron el 17 de octubre y se prolongarán hasta el 2 de noviembre.
El estallido social se produce en un momento crítico para Francia, a seis meses de las elecciones presidenciales.
Una semana de movilizaciones
Al margen de las conversaciones programadas entre el Gobierno francés y los representantes de las protestas, Francia afronta una nueva semana de movilizaciones.
Los 'chalecos amarillos' convocaron a una cacerolada en la tarde del viernes frente a la Asamblea Nacional, en defensa de las libertades públicas y contra lo que denominaron una "deriva autoritaria" del Gobierno debido a la prohibición de las manifestaciones no sindicales y el establecimiento de toques de queda en algunas ciudades, donde se concentraron los disturbios el día 17 de octubre.
Las caceroladas ya se utilizaron en abril de 2023, durante las protestas contra la reforma de las pensiones impulsada por Macron.
Entretanto, el presidente francés prevé una jornada "de alto riesgo" el sábado 31 de octubre debido a las concentraciones a favor del poder adquisitivo y sentadas frente a la Asamblea Nacional y los ayuntamientos.
"Estaremos presentes y organizados", adelantó Macron, durante su visita a la Alcaldía de Marsella, que fue vandalizada por un grupo de alborotadores durante las jornadas del 17 de octubre, que marcaron un antes y un después en la violencia de las concentraciones.
El líder del Elíseo señaló que solo se autorizarán manifestaciones "fuera de los centros de las ciudades" para tratar de evitar disturbios y saqueos.
En la misma línea, el ministro del Interior, Laurent Núñez, fue preguntado sobre si esperan incidentes en las manifestaciones del sábado. "Claramente sí", contestó.
Aún más, una intersindical integrada por las cinco organizaciones más importantes de Francia —CFDT, CGT, FO, Unsa y FSU— mantiene el llamado a la huelga y manifestaciones para el 5 de noviembre.
Entre las reclamaciones de esta convocatoria están los aumentos salariales, mejoras de las pensiones, un aumento del índice retributivo de los funcionarios, del salario mínimo y de las prestaciones sociales.
Bajo estas mismas exigencias, unas 800.000 personas salieron a las calles tanto el 17 como el 24 de octubre, según la Confederación General del Trabajo (CGT).
Unos 1.435 detenidos y más de 400 heridos durante el fin de semana
La policía francesa detuvo a 1.435 manifestantes en todo el país durante las movilizaciones del sábado 24 de octubre, según indicó este lunes el ministro del Interior, Laurent Núñez, quien, pese a ello, remarcó que no hubo "incidentes graves" en comparación con concentraciones anteriores.
Un centenar de los arrestados llevaban armas, como morteros o cuchillos, u objetos susceptibles de ser utilizados como tales.
El dispositivo de seguridad desplegado estuvo compuesto por 70.000 policías y gendarmes en todo el país, 10.000 más que la semana anterior.
Además, unos 267 uniformados y 150 manifestantes resultaron heridos —de los cuales tres graves en Toulouse, Reims y Clermont Ferrand—, detalló Núñez en entrevista con el canal 'BFMTV', en la que destacó "un alto nivel de violencia" contra las fuerzas de seguridad.
En relación con los heridos de mayor gravedad, el ministro del Interior anunció que serán objeto de una investigación administrativa por parte de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN).
Grupos de ultraderecha se organizan contra los manifestantes
El ministro Laurent Núñez responsabilizó una vez más a colectivos de ultraizquierda por la escalada de violencia en las calles, pero esta vez incluyó una variable novedosa al afirmar que las fuerzas del orden habían detectado llamamientos de grupos de ultraderecha para atacar a los manifestantes.
Estas convocatorias se anunciaban como una medida para defender a los comercios ante los posibles saqueos, después de que el sábado 17 se reportaran unas 3.000 agresiones contra establecimientos.
Nuñez subrayó que "en ningún momento la policía protegió" a los grupos de ultraderecha, contrario a lo que sostienen algunos "rumores".
En prueba de sus palabras, el ministro puso de ejemplo a Niza, donde fueron detenidos 11 integrantes de las facciones ultras. Más allá del tratamiento judicial individual, apuntó Núñez, se puede plantear la disolución administrativa de los grupos a los que pertenecen.
Fuente: France24