Las ONG solicitaron una sanción económica de 1.100 millones de euros contra el Estado francés, pero los tribunales fallaron en contra este viernes. Varias asociaciones de defensa del medio ambiente como Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Oxfam, unidas bajo el lema ‘El caso del siglo’ habían atacado al Estado por el incumplimiento de sus compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El tribunal administrativo de París desestimó este viernes el caso del siglo impulsado por las ONG, que agrupaba a Notre Affaire à Tous, Greenpeace y Oxfam, quienes pedían una sanción económica de 1.100 millones de euros contra el Estado francés, al que acusan de no actuar lo suficiente para luchar contra el calentamiento global.
En su sentencia, el tribunal considera que la “reparación del daño ecológico fue tardía pero ahora es completa”, juzgando que “el Estado, de conformidad con el requerimiento que le había sido dirigido, había adoptado o implementado medidas para reparar el daño en cuestión”.
Según el relator público que, durante la audiencia del 8 de diciembre, afirmó que los últimos datos relativos a las emisiones nacionales de CO2, es decir, una caída del 4,3% para el primer semestre del año 2023 y del 2,7% en 2022, “nos permitió considerar que el daño había sido reparado en su totalidad”.
Las ONG anunciaron en un comunicado de prensa que se “reservan el derecho de apelar” la sentencia que acaba de dictarse.
En febrero de 2021, el tribunal administrativo de París falló a su favor, declarando al Estado responsable del incumplimiento de sus compromisos y del “daño ecológico” que resulta de ellos. Luego, en octubre del mismo año, la Justicia ordenó que los 15 millones de toneladas de CO2 emitidas por encima de los objetivos de Francia en 2015-2018 debían ser compensados ”a más tardar el 31 de diciembre de 2022″.
Las ONG consideraron que esta sentencia no se había ejecutado y esta vez exigieron sanciones económicas en el marco de un nuevo procedimiento iniciado en junio de 2023. La multa, de 1.100 millones de euros, correspondía a nueve semestres de retraso ya acumulados, según cálculos de las ONG, basados en el método Quinet, nombre del autor de un informe sobre “el valor de la acción climática” publicado hace unos años.
La sentencia del tribunal administrativo reconoce que no se respetó el plazo del 22 de diciembre de 2022, “fijándose la parte de los daños que quedan por reparar en 3 o 5 millones de toneladas de CO2 equivalente, según las hipótesis que se hagan”.
Pero estima que la caída de las emisiones en el primer trimestre de 2023, -4,2 %, es decir, 5 millones de toneladas de CO2, permitió compensar este déficit. Por lo tanto los jueces concluyeron que “no hay motivo para dictar medidas coercitivas adicionales”.
El Estado habría indemnizado el daño “sin intención real de hacerlo”
El otro argumento de las asociaciones fue que la caída de las emisiones de gases de efecto invernadero observada en Francia tanto para el año 2022, un -2,7%, como para el primer semestre de 2023, -4,3%, estaba ligada a factores “puramente cíclicos” y externos, como un invierno suave el año pasado o la crisis energética ligada a la guerra en Ucrania, y no necesariamente a la implementación de acciones estatales para combatir el cambio climático.
El tribunal dictaminó que estos elementos ciertamente “podrían haber influido en la reducción de las emisiones de CO2“, pero que “no era necesario neutralizar los efectos”.
“Con esta decisión, el tribunal acepta la idea de que el Estado habría compensado el daño sin ninguna intención real de hacerlo”, comentó Jérémie Suissa, delegado general de Notre Affaire à Tous, y reiteró que “la justicia debe ser más ambiciosa frente a la inacción climática de los Gobiernos”.
La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, presentó el 23 de mayo un nuevo plan de acción para reducir las emisiones de Francia. De aquí a 2030, Francia pretende reducir sus emisiones un 50% con respecto al nivel de 1990, de acuerdo con los compromisos europeos, lo que implica reducirlas el doble de rápido de lo que sucede hoy en día.
El Estado francés sigue pendiente por otro asunto, el de Grande-Synthe, una comuna del norte amenazada de inmersión debido al cambio climático. El 10 de mayo, el Consejo de Estado volvió a exigir a Francia que reforzara su trabajo a favor de la protección climática, dando como fecha tope al país hasta el 30 de junio de 2024 para reducir la huella de carbono nacional.