El fiscal Stornelli acusó a Milman porque tenía a su nombre la tarjeta azul de un auto perteneciente a una empresa proveedora del Estado. A la vez, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, denunció al legislador del PRO y a Patricia Bullrich por la contratación -mientras estuvieron al frente de la cartera- de “18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones”.
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó al diputado nacional Gerardo Milman por el delito de dádivas a raíz de que el legislador tenía a su nombre la tarjeta azul del Peugeot 2008 Sport perteneciente a una empresa proveedora del Estado. El vehículo lo conducía, con registro trucho, una de las jóvenes colaboradoras de Milman, cuando fue sorprendida en Palermo, en la madurgada porteña. “Constituirá objeto de investigación y conforme se denuncia -señala Stornelli-, la presunta admisión de una dádiva -sin prejuicio de toda otra figura que en definitiva resulte aplicable- por parte de Gerardo Fabián Milman. El mencionado Milman habría recibido un rodado marca Peugeot, modelo 2008 de parte de la empresa Metalúrgica Oliva Hermanos dedicada a brindar servicios de seguridad de caudales y proveedor de materiales de blindaje”.
Pero la acusación subió un rango fuerte este jueves: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la secretaria de la cartera, Mercedes La Gioiosa, presentaron una denuncia contra Milman y contra Patricia Bullrich, quienes -mientras estuvieron a cargo de la cartera, bajo el macrismo- “habrían contratado a 18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones pero que sí habrían cobrado salarios abonados con fondos públicos por una suma millonaria”.
Agentes ñoquis
El Ministerio de Seguridad mantuvo reserva sobre el contenido de la denuncia contra Milman y Bullrich por la contratación de 18 agentes, pero en Comodoro Py trascendió la calificación y el sorteo. Los delitos son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Esa denuncia recayó en el juez Daniel Rafecas.
“En todos los casos se trataba de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, indica el texto de la denuncia, al que pudo acceder Página/12.
No está claro si en la nómina de 18 contratados están Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes estaban con Milman el día que -según declaró un testigo- dijo la frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, anticipando el intento de matar a Cristina Kirchner. Lo cierto es que tanto Carolina como una hermana, fueron contratadas por el Ministerio de Seguridad en tiempos de Bullrich y Milman. Hasta el momento, nadie del PRO explicó esos nombramientos y ahora tendrán que explicar las designaciones de los 18 supuestos espías.
Facturas dudosas
El escrito de Stornelli, de apenas tres páginas, es cauto y suena a incómodo. No incluye lo que en estos días también se conoció: que Milman le facturó en ocho oportunidades a Metalúrgica Oliva Hermanos por “asesoramiento en materia de seguridad internacional”. Las ocho facturas totalizan 1.326.000 pesos, pero como una parte data de 2020 y 2021, actualizadas, deben rondar los 3 millones. Y, además, hay dos llamativas facturas de Milman, una al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, presidido por Bullrich, y otra todavía más dudosa por 665.700 pesos, a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y que nunca pudo haberle pagado semejante cifra al legislador. Guerra Carias vive en una casa más bien precaria y aparece como proveedora de servicios de grabación y sonido.
Todos estos datos surgieron de una investigación que realizó el periodista Mauro Federico en el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial. El canal C5N lo puso al aire el lunes y Página/12 lo publicó el martes. Ese mismo día, el denunciante, Yamil Castro Bianchi, aportó la documentación a la causa que instruye también el juez Rafecas. Stornelli impulsó la investigación este jueves y pudo haber sumado una imputación también por las facturas. Tal vez amplíe la requisitoria en los próximos días.
Las cosas que tienen que ver con el PRO y Juntos por el Cambio transitan lento en Comodoro Py.
Medidas poco audaces
Para no obstruir la investigación, este diario no publica aquí las seis medidas que propone Stornelli, pero a primera vista carecen de toda audacia. Huelen a formalidad y a apagar el incendio. Por ejemplo, no le pide al juez Rafecas que cite a declarar a la mujer que manejaba el Peugeot. Por supuesto que ella no tiene ninguna responsabilidad en la dádiva, pero puede contar por qué conducía el auto, por qué Milman mintió diciendo que era su esposa. El diputado también mintió afirmando que el auto era suyo y, para colmo, patoteó a la agente de tránsito de la Policía de la Ciudad. Fue tan grotesco su comportamiento a las 2 de la mañana que el fiscal Augusto Troncoso dictaminó que se debía informar a la Cámara de Diputados de la actitud agresiva del legislador.
Más allá del escrito tacaño de Stornelli, el juez puede ahora avanzar con las medidas que considere necesarias. El hecho formal es que el fiscal impulsó la acción y ahora el magistrado está habilitado para tomar el comando.
Borrando rápido
Es público que Milman fue apartado de la jefatura de la campaña electoral de Bullrich, al punto que la candidata viajó a Miami invitada por los referentes del PRO instalados en La Florida y lo hizo en compañía de su nuevo jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza. En la sinagoga que conduce el rabino argentino Mario Roizman nadie le preguntó por Milman ni por sus jóvenes y numerosas asesoras ni por las facturas ni por el Peugeot.
Pero, además, según consignaron en Argenzuela este jueves, Milman tuvo que levantar el departamento de la calle Posadas en el que instaló su cuartel de operaciones: el costo de 1200 dólares mensuales resultaba inexplicable. Lo mismo sucede con sus ostentosos gastos de tarjeta de crédito. Y también es opaco el dinero con el que Gómez Mónaco armó el lujoso centro de estética en 2017, cuando la designaron directora de la Escuela de Inteligencia Criminal, mientras a su hermana la ponían al frente de la administración de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Ninguna de las dos reunía los antecedentes necesarios, en especial Carolina.
Y todo encaja con la denuncia del ministro Aníbal Fernández: muchos nombramientos, mucho dinero, muchas chicas jóvenes. Se parece demasiado a un hábito. Delitos mediante.