Tenía 19 años cuando fue abusada y asesinada en Santa Elena, Entre Ríos. Los sospechosos fueron absueltos por falta de pruebas y el caso llegó a la Corte Suprema. La familia no pierde las esperanzas de llegar a la verdad.
Desde hace siete años, en Santa Elena -Entre Ríos- reina la sombra de la impunidad. El 22 de abril de 2016, Gisela López (19) salió de la escuela nocturna rumbo a su casa del barrio 120 Viviendas, pero nunca llegó. Mientras pasaba por un sendero junto a la avenida Perón, alguien la tomó por la fuerza y la arrastró campo adentro. El cuerpo apareció 18 días después, a exactos 168 metros del lugar donde fue raptada.
A Gisela la violaron y la estrangularon con el cordón de una zapatilla, según determinó la autopsia. Una investigación con falencias derivó en un juicio sin condena: los sospechosos estuvieron presos durante 10 meses y finalmente fueron absueltos por falta de pruebas.
Desde entonces, la Justicia argentina no puede responder quiénes fueron (las pericias determinaron la participación de más de una persona) los responsables del abuso y posterior crimen. Y la familia de Gisela sufre la impotencia de una verdad distante. La misma sensación que invade al entorno de las otras dos víctimas de femicidio en el departamento entrerriano de La Paz, Patricia Gómez (en 2001) y Malvina Torales (2003), cuyos casos también siguen impunes.
Gabriel (29), uno de los siete hermanos hermanos de la víctima, fundó la Asociación Civil Gisela López, a través de la cual busca certezas que permanecen esquivas desde hace siete años. Este sábado, desde las 14 en la costanera de Santa Elena, se realizará la tercera edición de la maratón en memoria de la joven, declarada días atrás de interés por el Congreso de la Nación.
“Creemos que, a pesar del paso del tiempo y la falta de respuestas, todavía no está todo dicho. Buscamos la verdad para que mi hermana pueda descansar en paz y nosotros también”
La causa llegó a la Corte Suprema en agosto de 2019 y entró en un letargo. La última novedad saliente llegó a fines del mes pasado, cuando Eduardo Casal, procurador general de la Nación, se pronunció a favor de la realización de un nuevo juicio, tal y como se había resuelto anteriormente en la instancia de Casación.
El jefe de todos los fiscales del país pidió “hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado” en el caso, luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmara, en marzo de 2019, la absolución de los imputados.
La resolución de Casal dio lugar a los argumentos de la exprocuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien había interpuesto el recurso extraordinario federal para que el fallo del STJ fuera revisado por la Corte.
Fue un paso muy importante, porque la Corte Suprema había pedido al procurador general una opinión sobre el desarrollo del juicio”, sitúa Gabriel López. En adelante, el máximo tribunal del país deberá resolver mediante votación si confirma la solicitud de Casal en pos de un nuevo juicio, dicta un fallo condenatorio o si sostiene la absolución a los imputados.
Por el femicidio de Gisela fue acusado Mario Saucedo (54 años al momento del hecho), alias “Negro”, quien murió en enero de 2022. También su hijo Elvio Saucedo (29) y Matías Vega (19), apodado “Matute”. A los tres se les imputaron los delitos de abuso sexual y homicidio. Además, Rocío Altamirano, de 19 años y novia de Vega, fue sospechada de encubrimiento.
Los fiscales Carolina Castagno y Santiago Alfieri habían pedido la pena de prisión perpetua, pero los tres acusados resultaron absueltos por los jueces José María Chemez, Cristina Van Dembrouck y Ricardo Bonazzola
A los acusados nunca les conocí la voz”
Ningún testigo ni prueba objetiva incriminaba directamente a los sospechosos. La acusación pública valoró el testimonio de algunas personas que dijeron haber visto a Mario Saucedo caminando detrás de Gisela la noche del femicidio. “Existe una prueba de ADN que arrojó un patrón genético masculino hallado en el cuerpo que no pertenece a ninguno de los tres acusados”, detalló el Tribunal de Juicio en el fallo.
“Las pruebas de la fiscalía fueron muy débiles y los imputados consiguieron el abogado más caro de Entre Ríos. Creemos que fueron ellos y que la Policía fue partícipe en el encubrimiento”, subraya el hermano de Gisela, e insiste: ”Si a mí me acusaran de algo tan aberrante y soy inocente, me defendería de todas las formas posibles. Ellos nunca hablaron. Nunca les conocí la voz”.
Luego del primer veredicto, los fiscales presentaron un recurso ante la Cámara de Casación Penal para revisar la sentencia. Por mayoría, las juezas Marcela Davite y Marcela Badano cuestionaron errores en la valoración de pruebas de parte del Tribunal de Juicio y ordenaron realizar un nuevo debate. El tercer integrante, Hugo Perotti, votó que la absolución estuvo bien fundamentada. Corría el año 2018.
Meses más tarde, ya en 2019, la causa llegó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. También por mayoría (los vocales Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia sostuvieron que el fallo del Tribunal que dictó la absolución fue correcto, mientras la vocal Claudia Mizawak llamó a confirmar la última resolución) se anuló la sentencia de Casación y se confirmó el veredicto del Tribunal de Juicio. Ahí tomó intervención la Corte Suprema.
Tuve que fundar una asociación civil para que lo que hicieron con mi hermana no quedara en el olvido. Tuve que llenar de mensajes el WhatsApp del Presidente para conseguir una reunión (en julio del año pasado, Alberto Fernández recibió a Gabriel y a otros familiares de víctimas) y no voy a parar ahora”, remarca, y vuelve a sembrar expectativas en torno a la verdad: “Estoy seguro de que vamos a saber quiénes fueron. Antes de mitad de año, algo tiene que salir”.
Por Mariano López Blasco-TN