Trapitos, esclavos y colonias: el descarte en la calle y en la ONU
Del Código Contravencional porteño a la Asamblea General: el mismo criterio, a otra escala.
Una sociedad que decide que ciertas personas sobran necesita resolver qué hacer con ellas. La Ilustración Oscura ofrece a los ricos una salida (exit): la jurisdicción privada, la ciudad flotante, el enclave con régimen propio. A los demás les ofrece otra cosa. Quien no puede irse se queda en el lugar que se le asigna, y si ese lugar molesta, se lo vacía. La política porteña de este año ofrece un ejemplo casi de laboratorio.
El 18 de junio de 2026 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó, con 36 votos contra 18 y el apoyo conjunto del oficialismo y de La Libertad Avanza, una reforma del Código Contravencional impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La ley 6961 reemplaza las multas por arresto efectivo: entre 10 y 30 días para quien cuide autos en cualquier calle de la Ciudad, o bien entre 20 y 45 días de trabajos de utilidad pública, y hasta 60 días para quienes lideren o promuevan la actividad. Macri celebró la sanción con un video cuya eslogan es la síntesis de lo que venimos describiendo: «Si sos trapito vas preso».
El Gobierno porteño sostiene que parte del negocio de los cuidacoches es extorsión, con «territorios» controlados por la fuerza alrededor de estadios y recitales, y que las multas, 13.149 entre mayo de 2025 y mayo de 2026, resultaban incobrables. Existen casos de amenazas y violencia, pero el Código Penal ya castiga la extorsión. La ley no apunta a la violencia. Apunta a la actividad. Se encarcela por el hecho de ocupar un lugar en la calle ofreciendo cuidar autos o limpiarle los vidrios.
La pregunta que la medida evita es quién es ese hombre. En muchos casos es alguien expulsado del empleo formal, sin acceso a jubilación ni a obra social, que descubrió que la calle ofrece un ingreso mínimo a cambio de lo poco que tiene: su tiempo. Se lo llama «mafia», la palabra que convierte la pobreza en delito organizado y a la persona indigente en enemigo. Y se lo castiga con la única institución que el Estado conserva intacta mientras desfinancia las demás: la comisaría. El Estado achica la mano que ayuda y agranda la mano que castiga.
El eslogan de «ley y orden», además, es una campaña electoral: la prensa lo leyó como parte de una disputa con La Libertad Avanza por el electorado porteño rumbo a 2027. El descarte, así, rinde políticamente. La Ilustración Oscura no necesita convencer a nadie de la inferioridad del otro. Le alcanza con que se lo perciba como un peligro.
El mismo criterio opera a escala planetaria. El 25 de marzo de 2026 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres en contra, la resolución A/80/L.48, impulsada por Ghana y por una coalición de países africanos, caribeños y latinoamericanos, que califica la trata transatlántica de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como el crimen más grave contra la humanidad. Los tres votos en contra fueron los de Estados Unidos, Israel y Argentina.
Se votó contra reconocer la esclavitud como el mayor crimen de la historia y contra exhortar a los Estados a un diálogo de buena fe sobre justicia reparadora, que incluye disculpas, restitución e indemnización. El representante de Estados Unidos explicó que su país condena la trata pero no reconoce un derecho legal a reparaciones por hechos que no eran ilegales conforme al derecho internacional de la época. Ese argumento es falaz, porque omite que la legislación había sido dictada por los esclavistas, y no surguó de ningún consenso internacional legítimo.
Ese argumento merece detenerse, porque es la Ilustración Oscura en estado puro. Dice que lo que fue legal para los fuertes en su tiempo no puede juzgarse después, y por lo tanto que el poder hace derecho en el momento en que se ejerce. Es el razonamiento de la Compañía de las Indias y de Leopoldo II. E ignora lo que el Sur sabe bien: que la deuda corrió siempre en sentido inverso. Haití, la primera república nacida de una revolución de esclavizados, fue obligada por Francia en 1825 a pagar una indemnización por la «pérdida» de sus propiedades humanas, y terminó de saldarla en 1947. El historiador trinitense Eric Williams mostró en 1944 que la riqueza generada por la trata financió buena parte de la revolución industrial británica. El crimen no es solo pasado: es capital acumulado.
Es significativo, también, quién se abstuvo. Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y Japón, entre otros, prefirieron no votar a favor. Esa neutralidad cómoda es lo que la mirada eurocéntrica llama prudencia y lo que el Sur lee como una forma elegante de no pagar. Pero el voto en contra tiene una singularidad: no se limita a eludir, sino que niega.
La coherencia de los libertarios de Milei es, además, difícil de sostener en sus propios términos. El mismo país que cada junio acude al Comité de Descolonización de la ONU para reclamar por Malvinas, y que en 2025 obtuvo allí una resolución por consenso, se alineó con Estados Unidos e Israel en 2024 contra la resolución de la Asamblea que exigía a Israel poner fin a su presencia en el Territorio Palestino Ocupado, y en septiembre de 2025 contra la Declaración de Nueva York sobre la solución de los dos Estados, donde quedó entre apenas diez países, junto a Estados Unidos, Israel y microestados como Nauru, Tonga o Micronesia. En 2025 respaldó, además, por primera vez, el embargo estadounidense a Cuba, un voto que erosiona el apoyo que su propio reclamo necesita. Defendemos el principio anticolonial para nuestras islas y lo negamos para otros pueblos. Un principio que solo vale cuando conviene no es un principio: es un instrumento.
Hay una sola manera de leer esos votos sin contradicción, y es abandonar el criterio jurídico y leer el criterio de poder. No defienden una idea de justicia: defienden una pertenencia. Se está con los fuertes porque se aspira a ser fuerte y a que la jerarquía global que sostiene a los fuertes se mantenga intacta. El «mundo» de quienes reivindican esos alineamientos es un club de dos o tres. El resto, que es la inmensa mayoría de la humanidad, no cuenta, o sobra.
Ponerlos lado a lado muestra que no son hechos aislados. El trapito de hoy y el esclavizado de hace tres siglos están separados por el tiempo, pero los une la pregunta que organiza ambas políticas: a quién se le debe algo. La respuesta de la Ilustración Oscura es: a nadie. Ni reparación a los descendientes de la trata, ni asistencia a quienes el mercado dejó afuera, ni reconocimiento al trabajo no registrado. Cuando se declara que la justicia social es un robo se está diciendo exactamente eso, y la reforma contravencional y los tres votos de marzo son sus traducciones, una local y otra planetaria.
Frantz Fanon llamó «condenados de la tierra» a quienes el orden colonial separaba entre los que merecen derechos y los que merecen vigilancia. Más de seis décadas después, el orden cambia de vocabulario y mantiene la partición. La respuesta debe ser igual de universal, y no puede venir de quienes sostienen que la dignidad se cotiza.
Por Ignacio Stankewitsch