¿Ganan o pierden con el reemplazo de la movilidad macrista?. Del Día de los Inocentes a un dilema inmediato. La seguridad social, en problemas.
La decisión del presidente Alberto Fernández de establecer por decreto un aumento del 6,12% de las jubilaciones a partir de junio actualiza el debate sobre un tema sensible. La cifra, otorgada esta vez para todo el universo de beneficiarios, sin segmentaciones, se proyecta como equivalente a la inflación que, se espera, arroje el segundo trimestre, pero resulta muy inferior al 10,9% que habría regido si la fórmula de movilidad legada por Mauricio Macri no hubiese sido derogada en el inicio de la actual administración. La polémica quedó instalada y se hace más acuciante en la medida en que se profundizan los efectos negativos de la pandemia sobre las tenencias de la seguridad social.
El mandatario mostró, desde la campaña electoral, una vocación por mejorar los ingresos de los jubilados y los pensionados. Al suspender la movilidad macrista, prometió presentar en junio una nueva, más sustentable, que tuviera en cuenta variables como la evolución de la recaudación tributaria y los ingresos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los efectos demoledores de la pandemia sobre la economía complican ahora ese propósito.
¿Por qué el jefe de Estado suspendió la fórmula aprobada en el Congreso a fines de 2017 en medio de una histórica batahola callejera?
Aquella reforma, que dio por tierra con la ecuación kirchnerista que vinculaba las prestaciones a la recaudación y la evolución de los salarios, establecía aumentos trimestrales de haberes que surgían en un 70% de la inflación y en un 30% de la variación de los salarios registrados. Todo, calculado con un rezago de seis meses.
Eso resulta inescindible del giro de política económica que dio el macrismo en esa misma época, escenificado en la conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017, el Día de los Santos Inocentes, cuando Marcos Peña, Federico Sturzenegger, Nicolás Dujovne y Luis Caputo anunciaron una flexibilización de las metas de inflación, largamente incumplidas hasta entonces, y dieron el puntapié simbólico a la crisis económica que se desataría poco después.
Esa decisión fue netamente política y se vinculaba con la voluntad de privilegiar la construcción política a través de suministrarle anabólicos a la actividad antes que luchar contra la inflación. La fórmula de movilidad, justamente por vincular los haberes en mayor medida con la inflación pasada, ayudaba a la entonces administración a licuar ese renglón del gasto: en un contexto de inflación esperada en alza, cada aumento respondía al índice de precios de los seis meses anteriores.
El problema es que esa misma fórmula permitiría ahora, cuando la recesión recargada por la cuarentena modera el índice de precios, mejorar los haberes. Ocurre, con todo, que está suspendida en virtud de la decisión presidencial de desindexar la economía.
¿Los jubilados, entonces, van perdiendo el partido con Fernández? No. De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “el poder adquisitivo del haber mínimo, considerando la evolución de los aumentos y los bonos correspondientes, experimenta una recuperación que suma siete puntos porcentuales adicionales respecto del promedio de 2019. No obstante, aún la brecha con el poder adquisitivo que existía en 2015 se mantiene en torno de 12 puntos menos: si durante 2015, un jubilado/a de la mínima percibió en promedio el equivalente a $100, en el primer semestre de 2020 recibirá en promedio $87,9”, señaló.
Más allá de los números generales, el CEPA habla de una mejora de 7% sobre el promedio de 2019 de los “haberes mínimos”. Cabe recordar que el ajuste de marzo benefició más justamente a los ubicados en la base a expensas de las prestaciones superiores. El gesto repitió la política de los gobiernos kirchneristas de achatar la pirámide, de modo de extender la cobertura hacia casi la totalidad del universo de adultos mayores. En esa línea encajó el proyecto para derogar los regímenes especiales o de privilegio. Sin embargo, como la mínima es percibida por menos del 50% de los “titulares únicos”, el reajuste de junio, que no hace diferencias entre las distintas escalas, busca esterilizar las quejas de los que cobran más que la mínima.
En términos de los desembolsos de la ANSES, el Gobierno también puede señalar que su política, que suma aumentos y sumas o compensaciones fijas, les ha permitido a los jubilados mejorar su situación tanto en términos de inflación pasada como, de manera ínfima, en comparación con la suspendida fórmula macrista.
Ahora bien, si la fórmula de movilidad del Gobierno anterior servía para licuar las prestaciones cuando la inflación iba en alza, como ocurrió, permitiría mejorarlas ahora que, sobre todo por la recesión de la pandemia, el índice de precios cae. El problema es que esa mejora resultaría insustentable, por usar la palabra de moda, en momentos en que la emergencia sanitaria multiplica las necesidades de gasto público y el parate económico desploma los ingresos.
La pandemia del COVID-19 puso muchos proyectos oficiales en el freezer y no se sabe cuándo alumbrará la nueva fórmula de movilidad, con la que se intentará volver a vincular las jubilaciones con la recaudación de la seguridad social. El problema es que el esfuerzo fiscal de la cuarentena está deteriorando más las arcas de la ANSES, ya afectadas por los tropiezos de la macrieconomía de 2018 y 2019.
Reducción pactada y también de hecho de los salarios registrados, lo que reduce la base de la recaudación de la seguridad social; postergación o condonación de contribuciones patronales en la emergencia; caída general de los salarios en un momento en que nadie piensa en paritarias y los esfuerzos se destinan a que la pérdida de empleos sea la menor posible; reducción del empleo en blanco e incremento de la informalidad y la precarización laboral, que genera ingresos que no llegan a la ANSES, son algunos de los factores que consigna el trabajo del CEPA.
“La recaudación de recursos de la Seguridad Social se redujo sensiblemente. Hasta 2019, en promedio, la percepción de recursos implicó una caída de más de 20% respecto del promedio de recaudación de 2015. Ahora bien, la situación en 2020 se agravó aun más. Si se considera el promedio del primer semestre, considerando el aguinaldo de junio, y la estimación de inflación (…) la caída alcanza a más de 30% respecto del promedio de 2015. Peor aún, el efecto de la cuarentena sobre la actividad económica solo para el mes de abril significará probablemente una reducción del 50% en la recaudación real respecto al promedio de 2015”, señala.
Por voluntad política, supuestas necesidades económicas o crisis imprevistas como la impuesta por el nuevo coronavirus, el objetivo de una recomposición significativa de los ingresos de los jubilados siempre resulta elusivo. Tampoco será fácil lograrlo en la Argentina que emerja cuando el virus, finalmente, le dé tregua.
Por Marcelo Falak – Letra P