El caso se suma al escándalo del contrato millonario con una empresa fantasma para publicar banners que provocó la renuncia del ministro de Turismo.
Dos importantes escándalos de corrupción sacuden al gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Uno se trata del hecho que terminó con la salida del ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, vinculado a una empresa fantasma a la que el Estado le vendió servicios de publicidad para promocionar el turismo y, por otro, la concesión a la multinacional belga, Katoen Natie, para la explotación del puerto de Uruguay hasta de 2081.
Kirma es una firma que fue contratada por el Ministerio de Turismo por 240 mil dólares pero ni siquiera está registrada para venderle al Estado, no tiene domicilio en Uruguay y carece de antecedentes como para ganar una licitación.
Como contó LPO, Cardoso fue echado pero la investigación continuó su curso y ahí se produjo un choque entre la intención del Gobierno de tapar lo sucedido con los reclamos de la oposición. En ese marco, se conoció que la empresa tiene una cuenta offshore en Panamá y está inscripta en Estonia, sin empleados.
El Frente Amplio, principal fuerza de oposición, propuso la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) con el objetivo de transparentar los hechos denunciados y además hizo la presentación en la justicia para “evitar manoseo político”.
El vocero del Frente Amplio en este tema es el diputado, Daniel Caggiani, quien dialogó con LPO y dijo que “Cardoso multiplicó por cuatro la publicidad del turismo en Uruguay cuando las fronteras estaban cerradas por la pandemia”.
Caggiani explicó que “el director nacional de Turismo, también, del Partido Colorado, Martín Perez Banchero confirmó contrataciones por 700 mil dólares para tres empresas de publicidad en redes. Una de ellas es una empresa sin experiencia a la que se le propuso una campaña por 240 mil dólares por tres banners en redes sociales”.
“Es una empresa que no tiene domicilio en Uruguay y cuando el estado fue a pagar no pudo girar el dinero porque tenia una cuenta en Panamá”, agregó el diputado.
Caggiani evaluó que “el escándalo es superlativo, tanto dede el punto de vista social como económico”. “El gobierno intento taparlo echando al director nacional con el argumento de que no cumplía con sus tareas y al no poder justificar el accionar, Lacalle Pou se reunió con el líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, para acordar su renuncia. Esto es llamativo porque el anuncio no fue institucional sino Sanguinetti desde la casa. Eso habla de una gravedad institucional grande”, agregó Caggiani.
El diputado frentamplista sostuvo que “promovimos una Comisión Parlamentaria de Investigación para analizar las denuncias y el ex ministro promocionó otra denuncia para minimizar la nuestra y la coalición de gobierno, en lugar de transparentar los hechos, trató de tapar con un mamarracho jurídico nuestra investigación violando los procedimientos, como que el denunciado no puede ser denunciante, no puede ser juez y parte. Entonces llevamos los antecedentes a la justicia para que investigue de manera seria y responsable y no prestarnos al mamarracho jurídico que armaron para defender a Cardoso”.
“Sale mal parado el gobierno que tiene notorios vicios de clientelismo, amiguismo y de importantes negociados”, añadió.
En el caso de la otra denuncia por la concesión por 50 años a una empresas trasnacional belga para que explote la estación de carga del Puerto de Montevideo, LPO conversó con quien lleva a cabo esa denuncia es el Senador del Frente Amplio, Charles Carrera.
Carrera, que también es ex funcionario del Ministerio del Interior, detalló que “los aspectos más importantes de esta concesión es que la misma entrega la soberanía portuaria a la empresa Katoen Natie hasta el año 2081. Este acuerdo se da luego de una supuesta negociación entre la empresa y el Estado uruguayo para evitar un supuesto arbitraje internacional de inversiones. Pero si se analiza el mismo, no tenía pies ni cabeza, ni los argumentos ni su monto”.
“En el acuerdo el gobierno le entrega el monopolio absoluto en el manejo de contenedores hasta el año 2081 y además, el control reglamentario del propio puerto. Básicamente, se mata a la competencia para favorecer a un privado, de manera caprichosa e inexplicable y se deja al Estado en una situación de vulnerabilidad muy difícil de revertir”, completó el Senador.
Sobre las consecuencias que esto podría generar, Carrera aseguró que “uno de ellos es la posibilidad de perder millones de dólares en indemnizaciones para todos los actores afectados por este acuerdo. Por ejemplo, los competidores, desde los más pequeños hasta los más grandes, que operando en los muelles públicos competían con Katoen Natie y ahora paulatinamente en la medida que se vaya cumpliendo el acuerdo, tendrán que cerrar producto del monopolio”. “Hay mucho miedo en los trabajadores portuarios de perder sus fuentes de trabajo, pero además esto puede afectar a la población en general, incidiendo en el precio de los productos que se ofertan en el mercado”, enfatizó.
En relación a los argumentos del Gobierno, el legislador destacó que “hicieron una interpretación de un decreto (dictado por el Poder Ejecutivo) que desconoce normas de jerarquía superior como la Ley de Puertos o la propia Ley especial que crea la concesión de la terminal. Un sinsentido que sería la causa de la reprobación de un alumno de Facultad de Derecho”.
Carrera aseguró que “el Gobierno no ha actuado de buena fe y trató de adaptar la realidad a la conveniencia de beneficiar a un privado. ¿Por qué motivo? Habrá que preguntarle al Presidente Lacalle, al Ex Ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber y al Presidente de la Administración Nacional de Puertos el Dr. Curbelo. Por otro lado, nos llama poderosamente la atención la envestida mediática que viene haciendo la empresa en los diferentes medios de comunicación”.
“Es llamativo, que paralelamente al aumento del escándalo, su presencia mediática, a través de suplementos, separatas y pautas publicitarias en los medios masivos de comunicación, se ha multiplicado. Nos sorprende además el poco tratamiento que muchos medios le han dado a este tema, quitándole la relevancia que verdaderamente tiene”, insistió el legislador uruguayo.
Por último, Charles Carrera, reconoció que “Uruguay debe ser uno de los países menos corruptos de Latinoamérica pero igualmente hay corrupción”. “Existen decisiones del gobierno que resulta poco transparentes y no tienen demasiada explicación razonable. Lo del puerto sin duda y este escándalo que involucra al Ex Ministro Cardoso, también”, culminó.
Por todos estos motivos, dicen en la oposición uruguaya, Lacalle Pou avanza con la agenda de acuerdos comerciales con China y aumenta la tensión con el Mercosur con el objetivo de correr el eje del debate y evitar que estas denuncias afecten la imagen del Presidente.