La CGT en alerta por el crecimiento de los movimientos sociales.
Más de uno se asombra: en la CGT ya bocetan un gran acto para el 17 de octubre. Difícil que sea contra el Gobierno. Justo el mes en que las autoridades de la central obrera deben renovarse y elegir un secretario general o alguna otra forma de conducción: hasta ahora, nadie parece conforme con el rol cumplido por el triunvirato actual, devenido en dúo desde que se apartó uno de ellos. La sorpresa en torno a la probable movilización, un mes antes de las elecciones, obedece al probable alineamiento sindical con la administración de los Fernández. A pesar de que el dúo casi evitó llevar candidatos de los gremios, excluidos sin resistencias, y encima ronda un decreto a favor de los grupos sociales que podría facilitarles el acceso a la CGT y, en particular, a la caja de las Obras Sociales. Cuesta entender la armonía futura y que nadie encienda el fuego.
Claro que algunos esperan compensaciones ante las pérdidas: los Moyano, por ejemplo, suponen que esta semana quizás obtengan una reparación si Presidencia “nacionaliza” o “estatiza” dos autopistas (la Panamericana y la del Oeste), un reclamo del diputado Facundo que imagina una tajada en esa decisión. Dicen que el embajador de España pidió una reunión de urgencia a la Casa Rosada para interiorizarse de ese decreto que afectaría a empresas de su país.
Con la excusa de San Cayetano –el catolicismo papal ofrece siempre alternativas para estas demandas–, culminaba una programada ofensiva semanal de los grupos sociales que además de comida y vivienda, también reclaman wifi y acceso educativo: finalmente, un aumento de la plata que reciben del Gobierno para redondear nuevas y viejas apetencias. Aprovechando el reemplazo de Arroyo por Zabaleta en Acción Social, estiman que no siempre escoba nueva barre mejor. Al menos, nadie se ocupa de anomalías pasadas (ejemplo: el abastecimiento y reparto de fideos en cantidades excepcionales). Cerrando el capítulo de amenazas, un cabecilla de esas organizaciones, Juan Grabois, exhibió el látigo de la inevitable explosión social si al menos no se les concede un salario mensual a los dos millones y medio de almas que pululan en la informalidad. No es una extorsión, aseguró, tal vez se lo dijo en las últimas horas a un tembloroso Alberto por el asedio de las quejas. Nadie vio la lista de invitados en Olivos.
Esa vocación para ponerse en blanco con un sueldo les permitiría acceder a las obras sociales, a los sanatorios privados en lugar del hospital público, entre otros servicios que pagan los privados y los sindicatos. Se supone que los sindicalistas de la CGT deben apreciar primero la incorporación de otros sectores, como la Policía, antes que el universo de manifestantes no inscriptos.
Tanto la CGT en su inmensa mayoría como dirigentes claves (Hugo Moyano en particular) rechazan esa posible ocupación por parte de los grupos sociales: sostienen que se violenta un sistema de salud, ya complicado, de 16 millones de personas. También creen que esas demandas no se comparten en el Gobierno, por ejemplo hacen distinciones entre lo que piensa el candidato y ex ministro bonaerense, Daniel Gollan, y su sucesor Kreplak. Ni hablar de las prevenciones del sector privado envuelto en estos intereses para alimentar esta controversia.
Pero nadie deja de ignorar que en el último año de la gestión de Cristina de Kirchner como mandataria formal, la avanzada de los caudillos sociales había logrado penetrar no solo la sede de la central obrera. Hasta algunos gremialistas habían estimulado la legitimación de esos grupos y propiciaron cumbres sobre el hambre y la pobreza, inútiles en general. Una farsa. Mientras, desalojados de Azopardo, se encontraban en una central del sindicato de Comercio.
Ahora se vislumbra otro clima, recrudece cierta tradición conflictiva de los 70 entre el gremialismo y las formaciones especiales, en la que Cristina nítidamente se pronunciaba contra la cúpula del movimiento obrero. Pudo ser una señal no incluir a Héctor Daer (Sanidad) como diputado –sueño que había confesado el triunviro–, conocido como “el edecán” por su cercanía con Alberto. Hubo veto. Prefirió a un ex radical como Palazzo (bancarios) y su equipo, que incluye Leopoldo Moreau, otro ex UCR que le ha contagiado parte del estilo de su verba a la vicepresidenta.
Esa tendencia política tropieza ahora con la demanda de los caminantes de ayer: ellos también quieren ingresar a Olivos, participar de los invitados intelectuales a los cumpleaños, compartir la tarjeta de las clínicas privadas y,naturalmente, internarse en esa enorme caja de las obras sociales que hasta ahora atravesó con bastante sobriedad la invasión de la pandemia: La Cámpora y los gremios juntos. Suponen los gordos, sus derivaciones, Moyano y la CGT en general –preparándose para adherir al Gobierno el 17 de octubre– que a ellos no los mojara el agua bendita de los grupos sociales. Caso contrario, dicen, entregarán la llave de las obras sociales y que se arregle el Gobierno.
Difícil creer en un retiro sin dar batalla. Sobre todo, cuando persiste un castigo inflacionario que les hace cambiar el pedido de aumento todas las semanas, como el caso de Construcción, que en diez días pasó del 40 al 50%. Un ejemplo de un antecesor de ese gremio, Rogelio Papagno, quien promovió el Rodrigazo con un incremento sustancial en las paritarias. Ahora es diferente, los aliados del Gobierno, como su osado seguidor Hugo Yasky (obvio, elegido por Cristina en las listas), juran que los salarios tendrán una ventaja sobre el costo de vida. Hijo de Guzmán, otro que tampoco va mucho al supermercado.
Por Roberto García – Perfil