En las últimas semanas el gobierno que preside Alberto Fernández atraviesa un momento delicado: se combinan un agravamiento de la epidemia de Covid 19 en el ámbito metropolitano, la agudización de las tensiones con los bonistas en el capítulo decisivo de la negociación por la deuda y las derivaciones de un paso en falso propio (la iniciativa de intervención y expropiación de la empresa Vicentín, precipitada en el anuncio, turbulenta en su desarrollo y postergada en su concreción final).
EL CONTEXTO PANDEMICO
El terreno accidentado que el gobierno debe transitar incluye, por cierto, la pandemia, que se concentra en las últimas semanas en dos puntos: el ámbito metropolitano (AMBA: Capital y conurbano) y Chaco. Los índices de trasmisión aumentan velozmente y se pierde la trazabilidad porque ahora la gran mayoría de los casos obedece a contagios comunitarios, suscitados por la creciente circulación de personas que acompañó al aflojamiento -en parte protocolar, en buena medida anárquico- de la cuarentena.
Así, se vuelve indispensable reimplantar restricciones después de casi tres meses de cuarentena, cuando el invierno recién se inicia, sin un horizonte claro sobre el momento en que se pueda recuperar algo de normalidad, con una parte significativa de la sociedad urgida por recuperar sus fuentes de trabajo y de ingresos y con cuestionamientos que acusan al gobierno de arrellanarse en la cuarentena y utilizarla como instrumento de hegemonía.
Forma parte de la lógica política que los adversarios aprovechen las debilidades o los problemas de los gobiernos y los agiten. En este terreno, no tiene demasiado sentido que los gobiernos reaccionen con irritación. Cuando el gobierno de Fernández lo hace, se hace daño a sí mismo, porque una respuesta airada golpea no sólo a quienes pueden atacarlo por motivos facciosos, sino también a porciones de la sociedad que son víctimas de una situación y esperan del poder una actitud comprensiva y soluciones prácticas.
EL QUE SE ENOJA, PIERDE
El Gobierno no actúa, por cierto, sobre terreno despejado; a las dificultades objetivas se suman conflictos y debates internos y la resistencia o el hostigamiento de las fuerzas e intereses que disputan política o económicamente con él. Si bien no siempre esos factores actúan expresamente coaligados, las lesiones que produce cualquiera de ellos benefician a todos, por lo que suele imperar el clásico proverbio: “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.
Diez días atrás se conoció una información que muestra un buen ejemplo de esa práctica. En un prestigioso programa periodístico de la televisión israelí fue entrevistado un reconocido ex agente del Mossad, el servicio secreto de ese país, llamado Uzi Shaya. Este hombre relató que, con autonomía de esa agencia estatal, trabajó para el fondo buitre Elliot Management durante la pulseada que estos acreedores mantenían con el estado argentino durante el gobierno de Cristina Kirchner y, en esas funciones, proveyó al fiscal Alberto Nisman de información sensible sobre las finanzas de la familia presidencial. El objetivo, explicó Shaya, era presionar al gobierno argentino para que pagara la deuda al fondo de inversión: “El interés del Fondo era recuperar el dinero”.
En Buenos Aires, un fiscal federal que investiga la misteriosa muerte de Nisman requiere ahora el testimonio del agente o exagente de la Mossad y los documentos que pueda aportar a la Justicia local. Pero, más allá de la veracidad que se asigne a sus referencias a Nisman, esas declaraciones de Shaya describen un modus operandi más que verosímil. En verdad, por aquellos días de la pugna entre el gobierno K y los fondos buitre, estos facilitaron abundantes datos y contactos a muchos actores (políticos, periodísticos, etc.) que, por sus propios motivos, enfrentaban al oficialismo de entonces y pudieron así valerse de esas armas adicionales para desgastarlo.
EL ENEMIGO DE MI ENEMIGO
No hay por qué sorprenderse de que hoy se juegue con las mismas reglas. Los acreedores actuales invocan en sus comunicados de presión “los desafíos económicos y sociales inmediatos que enfrenta Argentina, incluso en respuesta a la crisis de COVID-19”, una enumeración amenazante que insinúa que el país debería aceptar las condiciones que reclaman los bonistas si no quiere afrontar una dosis más fuerte de esos desafíos. Entretanto, los factores locales que les hacen eco pueden regodearse con la aspereza circunstancial de los acreedores y simultáneamente cuestionar con argumentos “de derecha” (no acordar es suicida) o “de izquierda” (el gobierno cede, el gobierno retrocede ante los fondos, etc.), cualquiera sea el decurso de una negociación que, obviamente, se pone más intensa al acercarse a su culminación.
A finales de la semana anterior, y azuzados por la agresividad de los bonistas, aquellos factores locales aventuraban que la negociación estaba rota, que los acreedores se disponían a judicializar sus demandas y, en fin, que el default estaba a punto de concretarse (una mirada estricta diría en cambio que, en los hechos, un default empezó a concretarse con el “reperfilamiento” de la deuda que un año atrás decidió el gobierno de Mauricio Macri).
Los factores locales desarrollaron teorías en las que el default (anunciado como inminente) es inscripto en una serie de acontecimientos como la amenaza de la empresa aérea Latam de abandonar sus operaciones en el país y la -ya en ese momento revisada- intención gubernamental de expropiar la empresa Vicentín.
A su vez, la política frente a la empresa santafesina era descripta como una “nueva guerra contra el campo” (la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, la bautizó como “resolución 126”) y el síntoma de que “vienen por todo”.
El corolario de esa constelación de datos e interpretaciones constituiría la constatación de que “Alberto Fernández, es nada más que un Presidente delegado y el vocero, disfrazado de contemporizador, del siniestro relato kirchnerista”, para citar a un consecuente expositor del relato inverso.
Esa narrativa, sin embargo, queda chueca por el flanco de los hechos.
No ha habido default y difícilmente lo haya. En principio, las negociaciones con los acreedores no se han cortado y los mercados para nada parecen dar por sentado el default: aunque el riesgo país va y viene, está en baja en las últimas dos semanas, mientras los bonos argentinos vuelven a remontar una vez que los mercados advirtieron que las noticias sólo habían magnificado amagues de las partes.
Aún hay, por cierto, presiones de los acreedores, que pretenden que los acuerdos que se negocian dejen de lado cláusulas de acción colectiva que se han convertido en práctica dominante en el mundo en las negociaciones de deuda soberana. Esas cláusulas impiden que un grupo minoritario de bonistas pueda obstruir un acuerdo si hay una mayoría calificada que lo apoya. Argentina dio un primer paso para imponer esas cláusulas en el acuerdo de 2005 (Néstor Kirchner-Roberto Lavagna) y finalmente -como explicó, entrevistado por el sitio La Política On Line, Mark Sobel, ex representante de Estados Unidos ante el FMI- “fueron desarrolladas en el año 2014 por un grupo internacional que yo mismo presidí. Y fueron respaldadas tanto por el G20 y el Fondo Monetario Internacional como por el sector privado. Se pusieron en práctica hace ya 5 años y actualmente cerca del 50 por ciento del stock de bonos de deuda soberanos de todo el planeta las contienen, además de que se incluyen en prácticamente todas las nuevas emisiones”.
Esas cláusulas le dan rango contractual a las normas habituales en las leyes de quiebra, una instancia que no existe para los litigios de deuda soberana y permiten encarrilar las negociaciones e incentivar entre los acreedores la construcción de consensos o la resolución por mayorías especiales.
El tema de las cláusulas de acción colectiva se ha convertido en una de las últimas piedras que obstruyen el acuerdo por la deuda. Los bonistas insisten en aplicar reglas anteriores al canjear la deuda mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aferra a las normas que ya imperan en los mercados. “Estas cláusulas fueron diseñadas para promover el equilibrio entre los emisores de deuda y sus acreedores -le explicó Mark Sobel a su interlocutor de La Política On Line-. El equilibrio que se alcanzó fue y sigue siendo uno bueno. Estoy prácticamente seguro de que si no se aplican las cláusulas en la reestructuración argentina,(…) lo más probable es que se hable muy mal de los acreedores en este proceso”.
Pese a esa opinión del técnico estadounidense, una legión de analistas locales hasta ahora se inclina a pensar mejor de los bonistas que del gobierno.
FUEGO AMIGO
En cuanto al caso Vicentín, hay que admitir que el gobierno fue en parte cómplice de aquellas interpretaciones -como señalamos en esta columna- “por el formato y la oportunidad de la iniciativa. El Poder Ejecutivo intervino la empresa al margen (y por encima) del juez actuante en la convocatoria, sin consultar a los gobernadores afectados, sin prever las reacciones de la sociedad y de las organizaciones empresariales (…), apremiado por un ala del oficialismo que se referencia en la señora de Kirchner, que no sintoniza con la moderación que pretende el Presidente y que aspira a radicalizar el gobierno”.
El estilo de aquella primera puntada del caso Vicentín dejó al gobierno mal parado, alimentó la propaganda hostil y dio pie a una movilización que se exteriorizó en diversos escenarios de la pampa gringa, con epicentro en Santa Fé”.
La decisión judicial de recortar las funciones del interventor designado por el Poder Ejecutivo, la confirmación de que los diputados que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti (más otros que pueden describirse como restos vivos de la “avenida del medio” que fue arrollada en la polarización electoral) no votarían la expropiación y la consolidación por parte del gobernador santafesino Omar Perotti de una “propuesta superadora” que el Presidente solicitaba, ofrecieron al gobierno la oportunidad de alcanzar sus objetivos originales por caminos adecuados y reencontrar los equilibrios que necesita para su gestión.
Pero el desborde de los elementos más radicalizados del oficialismo hizo retroceder a Alberto Fernández algunos casilleros; ahora tiene que recuperar terreno y reconquistar toda la confianza que había conseguido y que las encuestas revelaban hasta hace dos semanas. Los factores externos y locales que lo asedian vuelven a poner en cuestión el mando del Presidente, un asunto que parecía zanjado ya en diciembre del año último, cuando el actual titular de la Academia de Periodismo, Joaquín Morales Solá, dictaminó en su reputada columna de La Nación: “No queda ningún argumento para los que decían que sería un mero títere de la expresidenta”. Por esos días, Fernández bromeaba ante Eduardo Van der Kooy, el editorialista político de Clarín: : “Hasta hace dos semanas era un pobre tipo que no podía armar el gabinete porque Cristina le armaba todo. Ahora dicen que soy el Presidente más poderoso”. Fernández puede evocar el amargo epigrama del periodismo que establece: los diarios de ayer sirven para envolver huevos.
Por Jorge Raventos