Temor en las provincias por el uso político de las “pinchaduras telefónicas” que autorizó la Corte

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Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó a la Policía Federal a realizar escuchas telefónicas en las provincias para combatir delitos graves y narcotráfico. Se encamina a hacer lo mismo con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA).

La medida sobre este tema, sensible por la historia negra del espionaje político en la democracia argentina, causa preocupación en las provincias, principalmente en aquellas que no son propias de Cambiemos y donde los gobiernos se jugarán una patriada electoral durante este año.

Los funcionarios vinculados a las fuerzas de espionaje conocían desde septiembre pasado que esta medida iba a salir en enero de este año. Y la versión que rápidamente se instaló hacía referencia al “uso político” que harán las fuerzas federales que responden a Patricia Bullrich con este nuevo poder.

Las escuchas se hacían, hasta ahora, solo desde 28 boxes que funcionan en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, ex OJOTA) ubicada en la Avenida de los Incas 3834.

Ahora las fuerzas de seguridad pidieron tener boxes en sus propias sedes para poder intervenir en forma más rápida. La Corte los autorizó. Punto a favor de Patricia Bullrich, la polémica ministra de Seguridad de la Nación que es la principal impulsora de esta medida y además viene elogiando en forma permanente la tarea realizada por la oficina de escuchas. Al parecer, le viene dando logros importantes.

Actualmente, la Dajudeco mantiene unas 5.000 líneas telefónicas intervenidas por orden de jueces federales y provinciales. De éstas, “unas 300 necesitan de un escucha online por la gravedad de los casos”, explicaron fuentes judiciales.

Además, como hasta ahora es muy difícil para los jueces de las provincias conseguir una intervención telefónica por los pocos recursos disponibles en el interior, la Dajudeco impulsa estos acuerdos con las fuerzas de seguridad federales. Entonces, con los locutorios de las fuerzas de seguridad “se federalizará esta herramienta para todos los jueces”, argumentaron.

El proceso comenzó con la instalación y funcionamiento de once boxes en el Departamento Central de la Policía Federal que “fue un éxito” y ahora se extenderá a las otras fuerzas cuando la Corte lo autorice.

La intervención de un teléfono debe ser “pedida por un juez, quien debe especificar a qué fuerza delega la tarea y el nombre de los efectivos que tendrán acceso a las escuchas en un estricto marco de confidencialidad”, entre otras medidas de seguridad.

Escuchas políticas

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el juez federal Sebastián Casanello confirmó que fueron interferidos teléfonos de diputados opositores y periodistas en una causa aún abierta. A fines del 2014, luego de apoyarse en el polémico jefe del Ejército y director de Inteligencia del arma, general César Milani, Cristina descabezó la SIDE e hizo echar al director de Operaciones Antonio Stiuso, acusado de haber sido supuestamente autor de algunas de esas operaciones.

Luego del crimen del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, la ex Presidenta, en un acto más simbólico que efectivo, pasó la OJOTA de la SIDE a manos de la entonces Procuradora General de la Nación y militante K, Alejandra Gils Carbó. Cuando Macri asumió delegó las instalaciones de la OJOTA a la Corte porque desconfiaba de Gils Carbó.

Macri también tuvo un episodio vinculado con las escuchas ilegales. Siendo jefe de Gobierno de la ciudad, el actual presidente fue procesado porque se lo vinculaba a una red de espionaje ilegal encabezada por el ex comisario de la Policía Metropolitana, Jorge “el fino” Palacios, a quien Macri había designado como el primer jefe de esa fuerza recién inaugurada.

Macri y Palacios se conocen desde hace tiempo. Cuando Macri fue presidente de Boca Juniors, llevó a Palacios como jefe de seguridad.

Y cuando Macri fue jefe Gobierno de la Ciudad y quiso crear la Policía de la Ciudad, Palacios se convirtió en el elegido para encabezarla.

Pero en 2009, cuando la causa de escuchas ya había comenzado y ante un inminente procesamiento, Palacios renunció a la Policía de la Ciudad. Luego, estuvo preso. Fue detenido en noviembre de 2009 y liberado en diciembre de 2010 junto al espía Ciro James, quien también había sido detenido.

El caso conocido como “escuchas ilegales” -aunque habían sido autorizadas por jueces de Misiones- comenzó en 2009 con una llamada anónima a la casa de Sergio Burstein, representante de un sector de víctimas de la AMIA. Un desconocido le avisó a la hija de Burstein que le estaban “pinchando” el teléfono de su casa y que el responsable era Palacios.

A partir de ahí, por impulso del fiscal Nisman, el ahora ex juez Oyarbide abrió una investigación y el 15 de mayo de 2010 firmó el procesamiento del entonces jefe de Gobierno porteño por “violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita”.

En junio de 2010, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento. Dijeron que Macri “conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido” para escuchar a su cuñado, Néstor Leonardo, una de las víctimas de las escuchas ilegales”.

Después de cinco años, Macri fue sobreseído. Fue el 29 de diciembre de 2015, 19 días después de asumir como presidente de la Nación. La Cámara Federal, en junio de 2016, confirmó el sobreseimiento.

Carrió denunció a Bullrich por escuchas

Elisa Carrió rompió el silencio luego de algunas semanas y, aunque se mostró conciliadora con Mauricio Macri, la emprendió contra Patricia Bullrich, la ministra estrella del gabinete en las últimas semanas. La líder de la Coalición Cívica denunció que la funcionaria puso a la Policía Federal a espiarla y la acusó de tener un pacto con Sergio Berni para no limpiar a las fuerzas federales.

En una entrevista en TN, Lilita lanzó una explosiva acusación contra la ministra, que suena como posible compañera de fórmula de Macri en las elecciones. “Me pusieron a la Policía a 70 metros para escucharme. Le dije al jefe de la Federal: ‘Dígale a Patricia que no me escuche’”, contó Carrió.

Y luego lanzó otra acusación. “Yo la quiero a Bullrich, yo la sostuve, es una persona honesta, pero hizo una acuerdo con Berni. ¿Cuál es el acuerdo? Mantengo las mismas fuerzas, pero las lidero. Ahora, vos le estás dando poder a una fuerza que no limpiaste. ¿No era que hace tres años en campaña decías que la Prefectura estaba tomada y participó de lo de Nisman? ¿Que la Gendarmería tenía la mitad tomada, que la PSA estaba controlada por La Cámpora? ¿No decían eso?”, disparó contra Patricia.

“Yo apoyo a la ministro, pero la conozco tanto y sé que no para. Yo no quiero Bolsonaros, ahí no me van a encontrar. Cuando uno tiene la fama, no es fácil manejar la fama”, continuó Carrió, que semanas atrás había salido al cruce de la “doctrina Chocobar” que impuso la ministra y habló de “fascismo”.

Temores fundados

No es descabellado pensar, con los antecedentes que existen en la vida democrática argentina, que el gobierno utilice algunas de las cabinas para pinchaduras con finalidad política. Empresarios y dirigentes opositores de las provincias han expresado por lo bajo su preocupación en los últimos días.

Los problemas políticos que tiene Cambiemos para consolidarse, los permanentes errores económicos, la entrada de un año electoral y la mano de obra desocupada de la inteligencia vernácula forman un caldo de cultivo propicio para que esta posibilidad crezca.

Fuente: Misiones Opina

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