La Justicia imputó a los involucrados y les puso una restricción perimetral por la que no pueden acercarse al colegio privado en el que estudian las víctimas en La Boca.
“Está para descuartizarla y tirarla al río”, dice uno de los tantos mensajes que se enviaron varios alumnos del colegio San Juan Evangelista del barrio porteño de La Boca. La declaración fue a través de un grupo de WhatsApp y hace referencia a una de sus compañeras de curso. Lejos de ser repudiada, los amigos de quien escribió la frase hicieron otros comentarios de la misma calaña.
La causa tomó estado público a fines de noviembre, tras la denuncia en redes sociales de una de las chicas, y pasó al plano judicial en cuestión de días. La Justicia dispuso una restricción perimetral e imputó a los 12 alumnos acusados de amenazar con “violar y descuartizar” a sus compañeras.
Los sospechosos continuarán teniendo clases virtuales, aunque ahora cuentan con el impedimento de acercarse al colegio al que asisten las víctimas. “Nos aseguramos que no puedan visitar el colegio con ninguna excusa”, señalaron fuentes judiciales a TN.
Según pudo saber este medio, las alumnas que sufrieron las amenazas continúan en estado de shock y siguen sin ir de manera presencial al colegio. Los voceros judiciales explicaron que la perimetral “era la pata que faltaba para resguardar la integridad de las víctimas” y destacaron que les ofrecieron un botón antipánico para que puedan llevarlo a la escuela.
La medida fue dispuesta el viernes por la tarde y notificada durante el fin de semana a los familiares. Todo se definió luego de los allanamientos que se hicieron en cuatro casas diferentes. “Fueron a los cabecillas del grupo”, explicaron desde la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°4, especializada en materia Penal Juvenil, a cargo de Mauro Tereszko.
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La investigación continúa y no se descarta la participación de adultos en el caso. La fiscalía investiga si está involucrado algún familiar de los imputados y la complicidad por parte de un docente.
“No podemos descartar que algún mayor haya fogoneado la cuestión”, señalaron fuentes judiciales a TN.
De la misma manera, tampoco descartan la posibilidad de que haya otros alumnos involucrados, además de los 12 imputados, y que ese sea un posible motivo por el que las víctimas todavía no quieren regresar a la presencialidad. “No encontramos señales que nos lleven a la participación de algún otro estudiante o alguna otra persona ajena a la comunidad educativa”, aclararon.
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La semana pasada la fiscalía mantuvo reuniones tanto con los padres de las víctimas como con los padres de los 12 imputados. Estos últimos, según pudo saber este medio, se mostraron sorprendidos por la actitud de sus hijos. “Hay cosas escritas que no se ven ni en las películas de terror”, afirmó uno de los voceros judiciales sobre los chats.
Del mismo modo, desde la Justicia aseguraron que las familias de los sospechosos se pusieron a disposición y mostraron colaboración con las restricciones dispuestas contra los menores. “De ahí a que no estén involucrados en algún aspecto, es otra cosa”, deslizaron.
Tampoco se puede descartar una posible participación -de manera indirecta- de algún docente o directivo. Lo cierto es que, según los testimonios de los familiares de las víctimas, las amenazas no pasaron del plano virtual y nunca llegaron al aspecto físico.
El colegio San Juan Evangelista del barrio porteño de La Boca entregó los legajos de los alumnos e informó las diferentes sanciones disciplinarias que impusieron. “Por ahora no hay indicios de que esto surgiera desde el colegio”, afirmaron desde la fiscalía.
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Cuántos alumnos hay involucrados y qué busca la Justicia
Los 12 alumnos involucrados, 11 menores y un mayor de 18 años, fueron imputados el viernes pasado y notificados durante el fin de semana por un delito que tiene una pena de entre 2 y 4 años.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo elementos de pruebas para confirmar quiénes de los 12 sospechosos realmente formaron parte de las amenazas. Dentro de la investigación barajan la posibilidad de que no todos los acusados estén involucrados de la misma manera y los indagarán en las próximas semanas.
En paralelo, también serán indagados los profesores, preceptores y diferentes docentes que hayan tenido vínculo con los alumnos. El objetivo es saber si dentro del curso hubo algún episodio ligado a las amenazas.
Desde la Fiscalía van a esperar algunos días para entrevistar a las víctimas, dado el shock que sufrieron en las últimas semanas. “Estamos abocados a cautelar la situación sin necesidad de revictimizarlas en interrogatorios”, explicaron.
La parte negativa aparece a la hora de pensar en un juicio. Fuentes judiciales señalaron que el tipo de delito, investigado a través del proceso penal juvenil, cuenta con muchas aristas relacionadas con las salidas alternativas y a la “justicia restaurativa” por lo que, según explicaron, las posibilidades de llegar a un juicio son menores.
La respuesta del colegio
El mismo día en el que se conocieron los escalofriantes chats, el director del establecimiento activó el protocolo escolar para que los alumnos involucrados dejaran de asistir y siguieran con el estudio desde sus casas.
El padre Alejandro León había asegurado a TN que desde el colegio “actuaron a tiempo” después de que recibieran la denuncia por parte de las alumnas. También emitieron un comunicado oficial en donde contaron las acciones realizadas por las autoridades. De la misma manera, se lo presentaron a la fiscalía.
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“Decidimos activar el protocolo de inmediato. Hicimos una presentación al Concejo del Niño, Niña y Adolescente, y a la Dirección General de Enseñanza Privada, debido a los chats con términos terribles, con cosificación de la mujer, que ameritan ser derivados a los organismos pertinentes”, había señalado el director en aquel momento.
Dentro del protocolo también se incluyó un taller brindado por Grooming Argentina, para abordar el tema con todos los estudiantes del colegio y concientizar sobre la violencia.
Por Gonzalo Molina Prado-TN