Se destinará a ayudar a los hipotecados
El nuevo gravamen se aplicará solo por el año fiscal 2023 y fue defendido por el ejecutivo como una medida de “equidad social”. Hubo fuertes caídas en las acciones de bolsa de la banca italiana.
El gobierno italiano, a cargo de la ultraderechista Giorgia Meloni anunció un nuevo impuesto del 40% sobre las ganancias de las entidades bancarias. Se trata de una tasa extraordinaria, que solo se abonará en el presente año fiscal, y que tiene como objetivo financiar ayudas a las personas que se vieron perjudicadas por la suba en las cuotas de las hipotecas inmobiliarias. El ejecutivo busca recaudar 3.000 millones de euros con este nuevo gravamen.
El encargado de dar la noticia fue el hombre fuerte del gobierno de Meloni, Matteo Salvini, ministro de Transporte italiano, y lo hizo en una conferencia de prensa este lunes por la noche. Entre los justificativos, el funcionario remarcó que esta decisión es una medida de “equidad social” para compensar una serie de aumentos de las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), que intentando combatir la inflación, encarecieron los préstamos para la compra de autos y viviendas.
El ministro de Tranporte enfatizó, además, que la recaudación generada será destinada en su totalidad a dos áreas críticas: proporcionar apoyo en forma de hipotecas para viviendas primarias y reducir las cargas fiscales. Haciendo eco de este enfoque, la primera ministra Meloni destacó que este impuesto es parte de una estrategia más amplia para promover la propiedad de viviendas y equilibrar la estructura tributaria en beneficio de los ciudadanos y las empresas.
“Es una norma de sentido común para apoyar a quienes se encuentran en dificultades”, agregó Salvini desde sus redes sociales.
La medida generó un cimbronazo en los bancos, que este martes arrancaron la jornada bursátil con una importante caída en sus cotizaciones -la principal entidad italiana, Intesa Sanpaolo, bajó un 8,7% y la segunda, Unicredit, un 6%-.
El hecho de que la medida se aplicará únicamente durante 2023, junto con la limitación al 25% del patrimonio neto, subraya la intención del gobierno de mantener un equilibrio entre la necesidad de ingresos fiscales y la protección de los intereses económicos a largo plazo.