El ministro de Empresa y ‘Made in Italy’ anunció planes para adelantar un año la cláusula de revisión de la prohibición de los coches de combustión, prevista actualmente para 2026.
Con la revisión, Italia espera aplazar la entrada en vigor de la prohibición, modificarla introduciendo algunas excepciones o vincularla a más inversiones que la hagan viable. Así lo explicó el ministro de Empresa y ‘Made in Italy’, Adolfo Urso, durante un encuentro con periodistas en el Parlamento Europeo, en Bruselas.
Las razones tras de la petición
Urso explicó la propuesta durante una reunión informal sobre el sector del automóvil organizada por la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea (UE), y será debatida con sus homólogos en la capital belga.
“Junto con otros países, formularemos un documento escrito que presentaremos a la Comisión”, dijo el ministro, que considera que la prohibición es responsable de una grave crisis para los fabricantes europeos de automóviles, capaz de “poner en peligro cientos de miles de puestos de trabajo en toda Europa”.
“A la vista de los datos que ya han surgido, tanto en términos de producción de coches en nuestro continente, que ha caído en picado, como en términos de compra de coches eléctricos en nuestro continente, que ha caído considerablemente, ahora estamos seguros de que con este calendario no alcanzaremos los objetivos fijados para 2035″.
Según Urso, la revisión debe adelantarse, sobre todo para que las empresas del sector puedan planificar sus inversiones a largo plazo con más certidumbre: “No podemos dejar a las empresas y a los consumidores otros dos años en la incertidumbre sobre qué hacer”.
“Pero no tiene por qué significar necesariamente un aplazamiento de la fecha prevista para el cese de las ventas. Probablemente podamos tomar dos decisiones”, afirma el ministro. “O mantenemos el objetivo tan ambicioso como está, creando las condiciones para acelerar: garantizar recursos, neutralidad tecnológica y autonomía estratégica. O bien, si no conseguimos hacer todo esto, no tendremos más remedio que pasar a una vía subordinada, que es aplazar los objetivos“.
En concreto, el Gobierno italiano pretende obtener una excepción para los vehículos alimentados con “biocombustibles”, que se producen a partir de recursos vegetales como el maíz o el aceite de palma.
Alemania apoya la propuesta de Urso
La petición llega en un momento complicado para el mercado automovilístico europeo, que pide a la UE medidas urgentes: en agosto se matricularon un 18% menos de coches que el año pasado, con una caída muy pronunciada en Alemania (-27,8%) y Francia (-24,3%). Italia también registró un descenso, en comparación con las ventas del mismo mes de 2023 (-13,4%).
Mientras la cifra global desciende, el mercado de los coches eléctricos (que podrán venderse incluso después de 2035) también tiene dificultades para despegar. En todo 2024, los coches de batería solo representaron el 12,4% del total de matriculaciones, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.
Alemania parece dispuesta a apoyar la petición italiana: el ministro de Economía, Robert Habeck, se mostró favorable tras una reunión con fabricantes de automóviles y representantes sindicales, y se entrevistó con el propio Urso en Bruselas.
Pero, como explicó el ministro italiano, con una postura clara: “Habeck quiere mantener el objetivo de 2035 como fecha límite, pero está dispuesto a discutir todas las condiciones para llegar a esa fecha con una industria europea competitiva”.
Otros países también podrían apoyar la petición italiana, como Polonia, Bulgaria o Rumanía, que se abstuvieron o votaron en contra cuando se aprobó la prohibición en marzo de 2023. El ministro Urso dijo que había mantenido conversaciones con sus homólogos, de los que había recibido una posición “abierta”, pero sin especificar qué Estados estaban a favor.
Sin embargo, solo la Comisión Europea puede proponer adelantar la revisión del reglamento, como explicó Tim McPhie, portavoz de la Comisión para asuntos de Transición Ecológica.
“La Comisión tiene el derecho de iniciativa legislativa y debe presentar una propuesta para modificar cualquier acto legislativo. A continuación, se decidiría con el Consejo y el Parlamento de la UE”.
Por Vincenzo Genovese-EuroNews