En naciones como India, en donde algunos estados resolvieron aprobar jornadas de hasta 12 horas por día, la situación de desempleo e informalidad alcanza niveles récord. Desde el Gobierno negaron categóricamente esa posibilidad. Qué cambio podría ocurrir en Argentina si se aplica la reforma prevista en el decreto 70 de 2023, que fue declarado inconstitucional, pero retomado por un proyecto de ley.
Después de las elecciones legislativas el Gobierno retomará una reforma laboral que ya era parte de su agenda principal cuando asumió, y que no logró con-cretar mediante el decreto 70/2023 ni la ley Bases.
Será uno de los temas de negociación con los gobernadores. Pero, si se toma como punto de partida el proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez en 2024 (“Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”), sostienen abogados laboralistas, podría implicar un aumento de la jornada laboral de 8 a 12 horas. Concretamente el proyecto dice que, “respetando un descanso entre jornada y jornada” de 12 horas, se pueden “establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores”.
Según explicó a este medio la abogada Natalia Salvo lo que hace el proyecto es, “a través del mecanismo de recreación de un banco de horas, ampliar la jornada máxima legal diaria, que es de ocho horas, con un tope mínimo entre jornada y jornada de doce horas”. Opinó que, “en realidad, es una ley inconstitucional, porque va en contra del principio de progresividad en la adquisición de derechos”.
Entre las modificaciones que plantea el texto que consultó PERFIL se dispone que, para esa readecuación en el sistema (y respetando 12 horas entre jornada y jornada) “se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”. El proyecto retoma la idea del decreto 70/2023 que, pese a que no está vigente, ya figura entre las modificaciones a la ley. Es decir: cuando se trata de comparar el texto de la ley con los cambios propuestos eso no es posible, ya que –aunque no se aplican– forman parte de la norma. “El decreto 70 no está vigente, no es ley, está suspendido por una acción cautelar de la CGT”, explicó Salvo y criticó el mecanismo por el que, consideró, se “utiliza un portal público para poner como vigente algo que no lo está”.
El documento de la diputada libertaria dispone de solo 12 horas entre una jornada y la otra
Si se concreta, agregó, “y prestás diez horas diarias de servicios, ya no serían horas extras. No son horas extras porque es parte de la jornada máxima legal”. Desde el Gobierno argumentan que el trabajador podrá negociar, en este nuevo esquema, la cantidad de horas trabajadas. Sin embargo, concluyó la abogada, “cuando el trabajador negocia en soledad se desconoce el principio protector y la desigualdad que tiene al respecto del empleador. No va a negociar libremente, va a negociar para quedarse con el trabajo, con lo cual va a terminar como los mártires de Chicago, trabajando 16 horas”, finalizó.
En el debate sobre lo que podría suceder se mencionó el caso de Grecia, con un formato similar al que se aplicaría en Argentina: en ese país la norma establece un máximo de 13 horas de trabajo diarias. Como justificativo a esta mo-dificación, el Gobierno explicó que esta “modernización” resultaba conveniente frente a “las necesidades laborales y empresariales actuales”. El argumento es muy similar al local, aunque existen algunas variantes: a la legislación se incorporó un tope de 48 horas semanales y una bonificación del 40% por cada hora adicional trabajada. De todas maneras, la iniciativa tuvo una gran resistencia por parte de sindicatos que seña-laron, como los abogados la-boralistas en Argentina, que la capacidad negociadora de los trabajadores en un contexto de alta competitividad es muy reducida. Según datos de Trading Economics, la tasa de desempleo en ese país es del 8,1%. De acuerdo con la información de la OIT, para 2024, el sector más perjudicado por las tasas de desempleo y precariedad laboral era el de los jóvenes (12,9% y 22,4% respectivamente). Tiene a su vez uno de los salarios más bajos de Europa, con un promedio de 1.027 euros.
El de India fue otro de los ejemplos que, sobre todo durante la pandemia, generó polémica. En ese momento diferentes estados tomaron medidas de flexibilización laboral que también permitieron una jornada extendida de 12 horas. En ese país, de acuerdo con el portal de la OIT (basado en estadísticas oficiales), el 90% de los jóvenes tiene un empleo informal, y el 15,6% estaba, para 2024, desempleado. El 86,3% de la población, además, trabaja más de 48 horas semanales y el 88,4% tiene un empleo precario.
Como contrapartida, algunos países avanzaron en la reducción de las jornadas con el mismo objetivo: adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y laborales. En Países Bajos, donde el promedio de horas semanales trabajadas es de 31,2, la informalidad alcanza al 2,6% de las personas empleadas en general y al 3,2% de los jóvenes. El salario promedio para 2024, informa la OIT, era de 2.246 euros.
Argentina encararía la modificación de su sistema con un piso preocupante: la informalidad alcanza al 43,2% de los trabajadores y el 60% de los jóvenes está en esa misma situación.
La ley actual entiende como jornada de trabajo “todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio”.
Las largas jornadas de trabajo, advierten desde la OMS, son cada vez más responsables de las muertes prematuras: “provocaron 745 mil muertes por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas en 2016, un aumento del 29% desde el año 2000”, advirtieron desde el organismo. Los más afectados son los hombres y aquellas personas que se vieron obligadas a trabajar 55 horas o más por semana, y entre las edades de 45 y 74 años.
En Países Bajos trabajan 31 horas en promedio por semana y es ínfima la informalidad
Un artículo del diario The Guardian reflejó un caso puntual en India, uno de los países con mayor grado de informalidad y carga semanal de trabajo: “En julio, Anna Sebastian Perayil, contable de 26 años que trabajaba en las oficinas indias del gigante de la contabilidad Ernst & Young (EY), murió cuatro meses después de haberse incorporado a la empresa. En una carta escrita a raíz de su muerte, la madre de Anna afirma que la presión asfixiante del ‘abrumador’ entorno laboral había hecho mella en su hija hasta llevarla a la muerte”, señala.
“Trabajaba hasta altas horas de la noche, incluso los fines de semana, sin tomar siquiera un respiro’, dice la carta, que se hizo viral en toda India. La exigencia incesante y la presión para cumplir expectativas poco realistas no son sostenibles, y nos han costado la vida de una joven con muchísimo potencial”.
Por Agustina Bordigoni-Perfil