El rumor más extendido en Comodoro Py es que CFK será condenada a siete años de prisión. La vice hablaría un rato más tarde no sólo del fallo sino también de los chats del lawfare. Crónica de una condena escrita entre Lago Escondido y la quinta de Macri; la única incógnita del fallo y la acusación que la defensa demolió.
La secuencia es la siguiente. A las 9.30 de este martes, vía zoom, las últimas palabras del único imputado que resta, Juan Carlos Villafañe, expresidente de Vialidad de Santa Cruz. Hablará 10 minutos. Luego, los tres jueces –Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso- harán el simulacro de retirarse a deliberar y citarán para algún momento de la tarde. A esa hora leerán el veredicto. El rumor más extendido en los pasillos de Comodoro Py es que la condena para Cristina Kirchner será de siete años de prisión. Los fundamentos se darán a conocer en 2023: febrero, marzo o abril. Un rato más tarde, según cuentan quienes la rodean, la vicepresidenta saldrá a hablar. Y todo indica que no sólo hablará de la grotesca resolución de los magistrados, sino también de la trama que nuevamente quedó al descubierto. Es que lo relevante no es el chat del grupo de jueces, funcionarios macristas y ejecutivos de medios: lo relevante es el obsceno contubernio de todos ellos en el viaje pagado –el delito se llama dádivas– por el poder mediático-empresario alineado con la derecha argentina. Podrán decir que los hackearon, pero los jueces no pueden negar que fueron a Lago Escondido con todos los gastos pagos.
El pelotón de fusilamiento
“Que la sentencia está escrita lo dije el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que declaré en el juicio —le dijo Cristina este lunes al diario Folha de Sao Paulo-. Y lo dije por una razón muy sencilla. Primero porque se violaron todas las garantías constitucionales, segundo porque todo lo que se dijo era mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, habiendo dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Y allí se concluyó que no hubo delito alguno. Pero además, durante todo el juicio, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme. Se construye una historia de imagen de ladrón, de delitos patrimoniales cuando, en realidad, cuando termino como Presidenta, tengo los bienes por los que fui investigada tres veces, inclusive por uno de los jueces que hoy nos acusa, Julián Ercolini”.
La condena a Cristina está escrita en el vuelo a Lago Escondido
La “escapada” a la estancia de Joe Lewis exhibe el detrás de escena de la condena. Cuatro jueces federales en el avión privado pagado por la corporación de medios que bate records de títulos contra Cristina. Entre los cuatro jueces, justamente Ercolini, el que instruyó la causa Vialidad, y que acusó a CFK sin hacer la más mínima pericia. En el asiento de al lado del vuelo 26.917, iba un magistrado de Cámara de Casación. Y del otro lado del pasillo en la aeronave LVGCK, el ministro de Justicia macrista, un armador de campañas y un exintegrante de la AFI.
Sin pudor, en el grupo de Telegram hablan de armar pruebas falsas, apuntar una causa contra el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y prometen llevárselo en patrullero “para hacerlo cagar”. Los diálogos reflejan la realidad y coinciden con las llamadas de este cronista con Marcelo D’Alessandro y Juan Mahiques para chequear la información. Ambos mintieron diciendo que el viaje no existió, pero se fueron derrumbando poco a poco ante la lista de pasajeros firmada y sellada y otras evidencias. Del aeropuerto de Bariloche se fueron en las camionetas de Lewis hacia el lago al que no puede acceder el ciudadano común.
En la quinta de Macri también redactaron la condena
Página/12 reveló que el presidente del Tribunal, Giménez Uriburu, y el fiscal Diego Luciani, jugaban en el mismo equipo de fútbol –La Liverpool– y que lo hicieron en Los Abrojos, la quinta del expresidente que impulsó, a través de todos los organismos del Estado, la persecución a Cristina y a una larga serie de funcionarios peronistas y empresarios. A unos y a otros los encarcelaron: a los primeros, para tratar de derrumbar a los que se oponían al macrismo, a los empresarios para sacarles las empresas o los contratos que tenían.
Las defensas recusaron al magistrado con evidente lógica: si el juez es amigo-compañero de equipo del fiscal, no hay imparcialidad alguna. No en este caso; en cualquiera. Un ciudadano acusado que sabe que el juez es íntimo del fiscal, ya sabe que todo está cantado.
El aparato de Comodoro Py obviamente sostuvo toda la trama, lo contrario de lo que hicieron, por ejemplo, con dos jueces a los que consideraron que podían favorecer a CFK, Roberto Boico y Sabrina Namer. A ellos sí los apartaron. Ni siquiera el tribunal reemplazó a un perito, Eloy Bona, que se presentó como imparcial, pero registraba tweets de violencia extrema contra Cristina.
Tres años de derrotas de los fiscales
Como es público, Página/12 siguió las audiencias todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
- Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
- No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
- Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
- Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
- En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
- Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
- En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
- Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
- Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
- En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
Crónica de una condena anunciada
Como pronosticó la vicepresidenta, el Tribunal Oral, el pelotón de fusilamiento, procederá a disparar su munición este martes. Los medios-empresarios que pagaron el avión a Bariloche y la excursión a Lago Escondido harán el papel de William Boo, aquel árbitro tramposo de Titanes en el Ring.
En Comodoro Py algunos dicen que no se utilizará la escandalosa figura de la asociación ilícita, que equipara a un gobierno elegido por el pueblo con una banda. Afirman que la condena será por fraude al Estado. En realidad, es la única incógnita. Ya se sabe que la resolución es apelable después que el año que viene se conozcan los fundamentos. Y luego vendrá un largo proceso en la Cámara de Casación y en la Corte Suprema, con jueces igual o más alineados con Juntos por el Cambio que los de este tribunal: merecen un lugar en La Liverpool, el equipo que juega en Los Abrojos.
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo.