Una diputada del Frente Renovador impulsó una ley para que las petroleras informen con 72 horas de anticipación los aumentos de precios. Las empresas y estaciones de servicio advierten por riesgo de desabastecimiento y menor competencia.
Un nuevo frente de conflicto se abrió entre el Gobierno bonaerense y las petroleras. La Legislatura provincial comenzó a debatir un proyecto de ley que obliga a las compañías a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier suba o baja en los precios de la nafta, el gasoil y el GNC.
La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador, cuenta con el apoyo del gobernador Axel Kicillof y el respaldo político de Sergio Massa, y busca “garantizar transparencia” para los consumidores. Sin embargo, en el sector energético el proyecto encendió las alarmas por riesgo de desabastecimiento y posibles efectos anticompetitivos.
Desde la Cámara Argentina de la Energía (CADE) —que agrupa a YPF, Shell, Axion y Puma Energy— alertaron que la obligación de publicar precios futuros puede derivar en picos de consumo, quiebre de stocks y coordinación de precios entre competidores.
“Publicar los aumentos con 72 horas de anticipación puede incentivar comportamientos similares entre empresas y afectar la competencia”, advirtieron en una carta enviada al presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Juan Archanco.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) también expresó preocupación y señaló que el proyecto podría generar “efectos contraproducentes” y “distorsiones en la oferta de combustibles”.
Por su parte, las cámaras de estaciones de servicio, como CECHA y FECRA, advirtieron sobre “confusión operativa”, “riesgo de desabastecimiento” y la “inviabilidad” de aplicar precios dinámicos —un sistema que YPF adoptó este año para ajustar valores según la hora, la demanda y la zona—.
Qué propone el proyecto
El texto establece que las empresas deberán informar sus cambios de precios con tres días de anticipación y publicarlos en las estaciones de servicio con al menos 48 horas de antelación.
Las multas por incumplimiento irían desde 5.000 hasta 150.000 litros de nafta súper, es decir, entre $7 millones y $215 millones, según los valores actuales.
El proyecto cita los artículos 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución bonaerense, que garantizan el derecho de los consumidores a recibir información veraz y adecuada.
La iniciativa ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Servicios Públicos y será tratada en las comisiones de Legislación y Presupuesto en las próximas semanas, con la intención de llegar al recinto antes de fin de mes.
Mientras tanto, las petroleras y la industria intensifican su lobby para frenar la medida, en un contexto de precios en alza: desde julio, los combustibles aumentaron más de 15%, superando a la inflación, aunque por debajo de la devaluación.
Fuente: Perfil