Sin indicios de un repunte en “V” de la actividad, en abril cayó la recaudación de las contribuciones a la “Seguridad Social” que financian el sistema previsional argentino. Las presiones adicionales por el cambio de fórmula desde abril.
Al igual que en el primer trimestre, en abril, la recaudación tributaria volvió a caer en términos reales (variación interanual del 239,6% respecto a 287,5% de inflación abril 2023-marzo 2024). Pero a diferencia de los meses anteriores, se presentó una merma en los de “Seguridad Social” que encienden alertas sobres las cajas de los jubilados.
El informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destacó que, en el cuarto mes del año, la recaudación fue de $ 8.663.813 millones (v.i. 239,6%), sobre los cuales “Seguridad Social” solo aportó $ 1.942.089 millones (v.i. 217,3%).
Del cual, a nivel desagregado, $ 705.929 millones correspondieron a “Aportes personales” (v.i. 203,2%); “Contribuciones patronales”, $ 1.221.483 millones (v.i. 225,3%); “Otros ingresos Seguridad Social”, $ 40.231 millones (v.i. 134,6%); y “Otros SIPA”, $ 25.553 millones (v.i. 91,4%).
Y si bien, entre los factores del incremento -en términos nominales- aseguraron que se debió al alza de la remuneración bruta promedio, por primera vez remarcaron las consecuencias de la contracción en la actividad económica.
“Atenuó la variación interanual la caída en los puestos de trabajo“, afirmaron. En un escenario que tiene como punto de partida los 800 mil desocupados del cuarto trimestre de 2023 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)) y en donde todavía no hay signos claros de un repunte en “V” del que habla el Gobierno.
Que, a su vez, tiene su correlato porque los ingresos se destinan al Sistema Nacional de Seguridad Social (SNSS) para financiar el Sistema Integrado Previsional Argentino; el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; Régimen Nacional de Asignaciones Familiares; del Seguro de Salud; de Obras Sociales; y el Fondo Nacional de Empleo.
“El gasto previsional no se financia únicamente con recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En 2023, estos últimos solamente alcanzaron a cubrir el 75%. Es importante también ver lo que pasa con el resto de la recaudación”, destacó el director de Analytica, Claudio Caprarulo.
Aunque, puntualizó, que en las primeras etapas de aumento del desempleo se suelen ver afectados principalmente los trabajadores que no están registrados, lo que implica un impacto bajo sobre las cargas y contribuciones que recauda la AFIP.
Presión con la nueva fórmula
Pero a la caída de los ingresos se le sumará la presión adicional por el cambio de la fórmula indexada con dos meses de retraso al Índice de Precios al Consumidor (ICP) desde abril, cuando para el 2024 se pretendía un ajuste en las “Jubilaciones y pensiones” del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Luego de las trabas en el primer tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, y frente a los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre en quiénes caída el peso del ajuste, el Gobierno otorgó en abril un aumento del 12,5% (por diciembre y enero) y del 13,2% (febrero) al que se le sumó recientemente en mayo un 11,01% (marzo).
Lo que llevó a que la jubilación y pensión mínima en mayo ascendiera a $ 260.141,60 ($ 190.141,60 de haber más $ 70.000 por el bono). Mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) lo hizo a $ 222.113,28 ($ 152.113,28 más bono); y las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez a $ 203.099,12 ($ 133.099,12 más bono).
“Las jubilaciones comienzan a actualizarse por la inflación de dos meses atrás en un contexto de desaceleración en el aumento de precios. Ambas dinámicas van a complejizar mantener el superávit financiero”, afirmó el Caprarulo en conversaciones anteriores con El Cronista.
Otra de las presiones vendría de las 43.148 personas (versus 21.471, marzo 2023) que perdieron su empleo registrado sin causa atribuible al trabajador durante los primeros tres meses del año, a las cuales la ANSES debe pagarle el seguro o la Prestación por Desempleo, que en promedio fue de $ 150.214 mensuales.
Cuyo valor de esta última, por la Resolución General 15/2023 del Consejo, no podrá ser “podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente ni superior al 100%“, que para mayo el Gobierno lo fijo en $ 234.315,12
Por Lucrecia Eterovich-EC