En el marco del Consejo de Mayo, los empresarios presentaron propuestas en materia laboral. La propuesta de declarar servicios “esenciales” al transporte, la educación y los bancos implicaría que estos sectores no podrían brindar una prestación por debajo del 75%. Además, hubo planteos para cambiar el régimen de indemnizaciones y juicios.
Los servicios de transporte, educación y bancarios deberían ser declarados “esenciales”, pidió hoy la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), en el marco de la convocatoria del gobierno al Consejo de Mayo.Un día después de su reglamentación, el impuesto a las ganancias enfrenta una marea de presentaciones judiciales
La cámara empresarial dijo que en esas actividades es clave garantizar una prestación mínima de aquellos servicios del 75%.
A su vez, pidió que las actividades vinculadas a servicios de exportación también deberían incorporarse como “esenciales”.
Hasta ahora solo están incluidos en esa categoría los servicios sanitarios y hospitalarios, los telefónicos, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica y el control de tráfico aéreo.
La entidad explicó que “la interrupción en su totalidad de los servicios de transporte, educación y bancos ”afecta gravemente a los comerciantes, producto de la disminución del tránsito de peatones, sumado a las dificultades que padecen los trabajadores para desplazarse a sus empleos“.
En una carta dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, la CAC dijo que a los problemas preexistentes (informalidad, bloqueos y tomas de empresas, falencias en la formación, escaso dinamismo del empleo privado, problemas de accesibilidad, inseguridad jurídica, litigiosidad) en los últimos meses se han sumado “las consecuencias del necesario reordenamiento fiscal y monetario encarado por el Gobierno Nacional”.
La entidad también pide avanzar en la posibilidad de pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas.
También piden que se cree un Fondo de Cese Laboral para sustituir el régimen indemnizatorio.
El objetivo es que los empleadores puedan optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar el sistema o la suma que libremente se pacte entre las partes.
Las actividades que el Gobierno busca hacer “esenciales”
Este pedido de la Cámara Argentina de Comercio es un apoyo explícito a la iniciativa anunciada por el Gobierno en el comienzo del ciclo lectivo 2024, en el sentido de declarar la Educación como servicio “esencial”, como parte de un “paquete” que incluía a otros sectores que fueron listados en el Mega DNU de diciembre de 2023.
El el caso puntual de la Educación, al día siguiente de la votación de la Ley Bases en el senado, se aprobó en la Comisión de Educación de Diputados el dictamen de un proyecto de Ley para declarar a la Educación como “servicio esencial”. En la práctica, la aprobación del proyecto significaría limitar drásticamente el derecho a la huelga de docentes en todo el país.
Impulsada por el ex ministro de educación de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, la iniciativa contó con las firmas del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el bloque Hacemos Coalición Federal y La Libertad Avanza.
El objetivo que persigue el Ejecutivo liderado por Javier Milei fue expresado en el DNU de diciembre pasado, en cuyo artículo 24 se imposibilitaba el derecho a huelga siempre y cuando impida el 75% del normal funcionamiento de la actividades consideradas esenciales. En los rubros que son catalogados como de “importancia trascendental”, se debe garantizar al menos el 50% de la actividad.
Si bien en los difrentes recortes que sufrieron las iniciativas del Gobierno durante su tratamiento parlamentario muchas de esas propuestas quedaron afuera, tras la aprobación de la Ley de Bases el oficialismo busca ir por reglamentaciones particulares.
El listado de actividades laborales a las que Milei (bajo la inspiración de Federico Sturzenegger) quiere limitarles el derecho a huelga es amplio y variado, con los docentes en el centro de la diana pero también con especial foco en los gremios del transporte y la logística.
El DNU de diciembre consideraba “servicios esenciales” a las siguientes actividades:
- Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;
- La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;
- Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
- La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques;
- servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;
- cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
Y pedía que se designaran “actividades de importancia trascendental” a las siguientes:
- Producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
- Transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;
- Servicios de radio y televisión;
- Actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;
- Industria alimenticia en toda su cadena de valor;
- La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
- Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y
- La producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
Docentes durante una protesta en el Congreso, a comienzos de este año.