Despidos, cierres de locales, achicamientos forzados por la caída de las ventas, mudanzas a espacios más baratos, procedimientos preventivos de crisis para evitar la persiana baja definitiva. En los últimos meses, estas situaciones se multiplicaron en el comercio misionero hasta volverse casi normal.
En paralelo, en la calle y en las redes sociales creció una discusión que ya es recurrente: ¿Quién tiene la responsabilidad —o la culpa— de este escenario? ¿La economía provincial? ¿Los impuestos de la ATM? ¿O el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei?
Hay, de entrada, un punto que no admite demasiada discusión. Hace dos años, los impuestos provinciales existían igual que ahora: no aumentaron. Sin embargo, los comercios no cerraban ni despedían como ocurre hoy. Y, sobre todo, no lo hacían empresas bien administradas, con años de funcionamiento ordenado, que ahora están en rojo.
Primera conclusión: cuando la macroeconomía crece y funciona —aun con alta inflación—, el comercio también crece y funciona, incluso con impuestos. La crisis comercial aparece cuando la economía se enfría.
La crisis del comercio irrumpe en los últimos dos años, en coincidencia con la recesión y el ajuste impulsado por el Gobierno nacional. No antes. Esto no significa que el escenario previo fuera ideal, pero claramente no era de crisis generalizada.
Los datos duros —sin opiniones ni lecturas ideologizadas— muestran que la situación empeoró en todo el país, no solo en Misiones.
• La economía avanza a dos velocidades: mientras la industria se desploma, los negocios financieros y la minería crecen. Las ventas en supermercados registran caídas interanuales de hasta 7,2%, con un descenso sostenido del consumo minorista y mayorista. La gente compra menos porque tiene menos dinero.
• La venta de autos 0 km alcanzó unas 611 mil unidades en 2025, superando a 2024, que fue un año muy bajo, pero lejos de los niveles de mayor dinamismo de 2011 o 2013 cuando vendían 858 mil o 950 mil unidades.
• Ropa, calzado, electrodomésticos, restaurantes, heladerías, cines y shoppings muestran indicadores negativos sostenidos.
• Lo mismo ocurre con corralones, ferreterías, materiales de construcción y el sector maderero, todos directamente vinculados a la obra y la actividad productiva.
• La venta de combustibles cayó alrededor del 20% en Misiones y más del 10% a nivel nacional en 2025. Influyen factores fronterizos, pero también una menor circulación vinculada a la caída del transporte de madera, yerba mate, metalmecánica, bienes de consumo e insumos productivos.
• El poder adquisitivo explica buena parte del problema. En 2025, los combustibles aumentaron cerca del 40% con autorización del Gobierno nacional, mientras los salarios quedaron atados a paritarias con topes del 1% mensual. El combustible impacta en toda la estructura de precios, generando aumentos generalizados frente a salarios atrasados y estancados.
• En el caso de los jubilados, la situación es aún más crítica. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, con un bono congelado en $70.000, los beneficiarios de la mínima pasaron de cubrir el 50% al 26,6% de lo que la Defensoría de la Tercera Edad estima necesario para afrontar los gastos mensuales.
• A esto se suma el golpe sobre la principal economía de Misiones: la yerba mate. Unos 13 mil productores pasaron de cobrar entre 50 y 60 centavos de dólar por kilo de hoja verde en 2023 a alrededor de 20 centavos en 2024 y 2025. Eso implicó una pérdida de unos 220 millones de dólares por cada zafra. Menos ingresos para los productores significa menos consumo en la agropecuaria, la ferretería, el comercio, la concesionaria y, finalmente, en la economía de cada pueblo.
¿Tiene sentido, entonces, cargar la responsabilidad exclusivamente sobre la ATM cuando existen múltiples factores macroeconómicos evidentes? ¿No es, acaso, una mirada sesgada?
La respuesta aparece al revisar quién cobra impuestos y cuánto representan.
Los impuestos nacionales concentran la mayor presión: IVA del 21%, Impuesto a las Ganancias de hasta 35%, tributos sobre consumos específicos como tabaco, bebidas alcohólicas, combustibles; impuesto a los débitos y créditos bancarios, retenciones a las exportaciones y aportes a la seguridad social (ANSeS).
En paralelo, los impuestos provinciales se componen principalmente de Ingresos Brutos, con alícuotas promedio de entre 3,5% y 4,5%, además de tasas municipales entre 0,5% y 1,2%, patente e inmobiliario.
Los números son claros sobre quién ejerce la mayor carga fiscal.
Sin embargo, por alguna razón, el reclamo social casi nunca se dirige a la Nación. Ni siquiera a un Presidente que prometió bajar impuestos y no lo hizo, y que además no devuelve lo que recauda en obras ni servicios, que es precisamente la razón de ser de los impuestos.
Hay que reconocer que la oposición y la derecha local lograron instalar con éxito el discurso de la asfixiante “aduana paralela”, que se repite como muletilla en cada debate sobre la situación del comercio. Pero el esquema fiscal que es prácticamente el mismo de años anteriores, cuando el comercio no estaba en crisis. La diferencia, entonces, es macroeconómica. La diferencia es la recesión.
Causas de la recesión
Cuando una economía entra en recesión, cae el consumo, la producción y la inversión. Argentina está oficialmente en recesión desde octubre de 2025, tras dos trimestres consecutivos de caída.
La recesión se genera y se profundiza cuando la Nación corta fondos para obra pública mientras sigue recaudando impuestos específicos para viviendas; frena el mantenimiento de rutas mientras sigue cobrando el impuesto vial; recorta programas de salud, asistencia social y universidades mientras mantiene intactos IVA de 21% y Ganancias en hasta 35%.
El efecto es en cadena: la obra se paraliza, la ferretería vende menos, el obrero pierde su empleo, la casa de electricidad reduce ventas, la carpintería compra menos madera, el almacén vende menos porque los trabajadores consumen menos, el yerbatero no cubre sus costos. No es casual ni local. Es una consecuencia directa de una decisión económica nacional.
Lo más llamativo es que este ajuste no golpea a la “casta” que se prometió combatir, no golpea a la política ni a los grandes poderes económicos que siguen timbeando en las finanzas. Golpea a trabajadores, empleados de comercio, sectores agrarios, jubilados, personas con discapacidad, docentes, emprendedores y vecinos comunes.
Cercanía y política
A la discusión económica se suma una lógica política inevitable: la cercanía. Cuando faltan obras o el dinero no alcanza, la bronca apunta primero al gobierno más próximo, al que se ve todos los días. Poco importa si las rutas son nacionales o si existen fondos que la Nación recauda y no distribuye.
Con los impuestos ocurre lo mismo. Aunque la presión fiscal nacional sea muy superior, las críticas se concentran en los tributos locales.
Por eso conviene decirlo con claridad: el debate que domina la calle y las redes no es económico. Es político e ideológico. Las posiciones están tomadas de antemano. Quienes simpatizan con Milei o son opositores al gobierno local (provincial o nacional) seguirán culpando a Ingresos Brutos o a las tasas municipales, aun teniendo evidencia contundente.
Si el debate fuera realmente económico, sería más sencillo: bastaría con mirar los números.
Pero a muchos no les interesa la verdad. Solo creen aquello que confirma lo que ya decidieron creer.
Con colaboración de Matías Blanco (periodista)
Por Luis Huls-Misiones Opina