Ecuador decide este domingo 15 de octubre quién será el gobernante que termine el actual periodo presidencial (2021-2025). El mandatario Guillermo Lasso no podrá terminarlo porque, en mayo, disolvió la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y así puso fin a un proceso de juicio político con el que se buscaba su destitución. El país andino llega a estas elecciones adelantadas con una crisis múltiple de economía, inestabilidad política y una inédita escalada de violencia y criminalidad.
En mayo de 2021, Ecuador entraba a un nuevo Gobierno, el de Guillermo Lasso, un político conservador y exbanquero, que logró llegar a la Presidencia en su tercer intento como candidato.
Sin embargo, Lasso no terminará su periodo, previsto hasta mayo de 2025. Dos años y medio después de su investidura, el país se prepara, nuevamente, para una jornada electoral. Ahora, con un escenario distinto, marcado por la violencia en el país.
Tras una primera vuelta, el 20 de agosto, el candidato de centroderecha Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), y la aspirante del correísmo, Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, están en la recta final hacia el balotaje, que se realizará este 15 de octubre.
¿Por qué Guillermo Lasso no terminó su periodo presidencial?
“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por la grave crisis política y conmoción interna”, dijo el mandatario, en mayo, en el mayor punto de inestabilidad de su Gobierno y en la primera vez que un presidente utilizaba el llamado mecanismo de “muerte cruzada” en la historia de Ecuador.
Su decisión ocurrió un día antes de que la Asamblea Nacional fuera convocada para votar sobre un juicio político en su contra por un informe impulsado por legisladores de oposición, que vinculaba a Lasso en un presunto delito de malversación en un contrato de la flota petrolera de Ecuador. Dicho informe tuvo como elemento principal el reportaje “El Gran Padrino”, del medio digital La Posta, que expuso un entramado de corrupción a nivel estatal y una supuesta vinculación del cuñado del presidente y su mentor político, Danilo Carrera, con la mafia albanesa.
No era la primera vez que el Parlamento intentaba destituirlo. En junio de 2022, el movimiento indígena convocó a un paro nacional, que duró 18 días, por un descontento ante las medidas económicas de Lasso. Se produjeron revueltas que dejaron seis muertos, varios heridos y culminaron con la instalación de mesas de diálogos, que finalmente no satisficieron a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Dos días antes de que terminaran las manifestaciones, la Asamblea Nacional sesionó y la oposición planteó su destitución, pero fracasó por la falta de votos.
El Ejecutivo, que ha gobernado en soledad tras romper con su principal aliado, el Partido Social Cristiano (PSC), mantuvo una conflictiva relación con un Parlamento conformado, mayoritariamente, por legisladores de oposición. Un desafío que el Gobierno, que salga de la votación del 15 de octubre, también podría enfrentar.
La crisis política, agudizada por el descontento social por los recortes presupuestarios en una frágil economía, orillaron a Guillermo Lasso a disolver la Asamblea. La medida no tuvo un impacto negativo en Ecuador, fue aceptada por la sociedad por el hartazgo con el Ejecutivo -que tenía menos del 15% de aprobación, según la encuestadora Perfiles de Opinión- y el Legislativo -con menos del 10% de aprobación-.
El legado de una economía debilitada
El país “está pasando por una desaceleración económica”, dijo Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador (BCE) y subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de la nación suramericana, en entrevista con France24.
Para 2023, el BCE proyectó un crecimiento económico de hasta 2,8 %, pero en el segundo semestre actualizó su proyección y la redujo a 1,6 %. Además, de acuerdo con proyecciones del organismo, el PIB del país solo crecería en un 0,8 % en 2024. “Esto no permite la creación de empleo o la disminución de la pobreza”, mencionó Artola.
Y es que solo tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo formal y, para junio de 2023, la pobreza aumentó al 27 % y la pobreza extrema al 10,8 %, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
El punto más fuerte de Guillermo Lasso fue el orden en la macroeconomía, de ahí que el déficit fiscal en 2022 se redujo a cerca de 2.000 millones de dólares. “Pero todo lo que hizo se borró en un año”, dijo la analista económica, al señalar que el déficit para 2023 podría rondar los 5.000 millones de dólares, un 4% del total del PIB del país.
Las razones, explicó Artola, son varias: menor producción petrolera, precios bajos del crudo, la última reforma tributaria, que redujo el ingreso de recursos o el impacto de cerca de dejar reservas de petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica, situada en el este del país.
Esta decisión fue tomada tras una consulta popular realizada durante la primera vuelta de las elecciones en la que se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo en mantener las reservas de crudo en el subsuelo en esta zona del país y en la que la opción del ‘Sí’ ganó. A esto, se suman las pérdidas económicas por el fenómeno de El Niño que, según el Gobierno, ascendería a entre 4.000 millones y 6.000 millones de dólares.
En esta situación, pensar en un endeudamiento externo no sería lo más óptimo. Con un riesgo país (indicador que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de un Estado) que no baja de los 1.600 puntos y el aumento de los tipos por parte de la Reserva Federal (banco central de EE.UU.), “salir al mercado internacional es una opción casi cerrada por las altas tasas de interés”, dijo Artola, al precisar que el país necesita un financiamiento entre los 6.000 millones y 7.000 millones de dólares anuales solo para cerrar el hueco fiscal.
Con un gobierno que tendría apenas 15 meses, es poco factible que el Fondo Monetario Internacional u otros organismos multilaterales realicen préstamos al país.
Además, la inversión extranjera ha decrecido en los últimos años. En plena pandemia, en 2020, este rubro llegó a alrededor de los 1.200 millones de dólares según el BCE. Pero, para 2022, entraron unos 800 millones de dólares.
Esto frente a las remesas que, por el contrario, se han incrementado y sostienen la economía familiar. Debido a la nueva ola migratoria, en 2022, hubo un ingreso de cerca de 4.300 millones de dólares en el envío de dinero por parte de ecuatorianos en el exterior.
Según las estimaciones, 2023 cerraría como el año que más remesas ha recibido Ecuador desde que la economía fue dolarizada, en el 2000.
En lo que va del año, más 101.700 ecuatorianos han sido encontrados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. De ellos, 3.455 son niños que llegaron solos.
Violencia y criminalidad, el desafío de lucha contra las mafias y la corrupción
Ecuador ha experimentado un aumento del 528,1% en el número de homicidios intencionales en comparación con el primer semestre de 2019, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). Las proyecciones advierten que el país podría superar las 7.000 muertes violentas, alcanzando una tasa mayor a los 35 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Guayaquil, Durán y Samborondón, en la costera provincia del Guayas, acumulan el 35,65 % de todos los homicidios que ocurren en el país, duplicando la tasa semestral de Venezuela, el país más violento de Suramérica en 2022.
Combatir la violencia que asedia a Ecuador no pasa por una ofensiva únicamente contra el narcotráfico. La lucha contra la corrupción y la depuración de las instituciones de la fuerza pública son claves para reducir o, al menos, frenar este problema.
Para Daniel Pontón, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador (IAEN), la penetración de la criminalidad y un Estado reducido, con limitados recursos, son factores que incidieron directamente en la crisis de seguridad. “Pero también hubo poca capacidad de inteligencia del Gobierno para entender la gravedad del problema”, dijo Pontón en entrevista con France24.
El otrora pacífico Ecuador es ahora un territorio en disputa por las bandas delincuenciales locales, que se han vinculado con grupos irregulares en la frontera con Colombia y cárteles mexicanos, que han convertido al país en un gran centro de acopio de droga que luego es llevada a Estados Unidos y Europa. Carros bomba, atentados, explosiones en gasolineras y balaceras diarias cerca de las escuelas se convirtieron en la nueva realidad ecuatoriana.
El reclutamiento de menores de edad, sobre todo, en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y Quevedo es preocupante. Los grupos de delincuencia organizada los usan para llevar a cabo sus operaciones. De ahí, que la muerte de jóvenes entre 15 y 19 años también aumentaron en un 500% desde 2019, según la OECO.
Las bandas se han aprovechado de la ausencia y abandono estatal histórico y sistemático en localidades costeras como Esmeraldas y Guayaquil. Ciudades con barrios sin servicios básicos, marginados de toda política estatal, con altos porcentajes de deserción escolar y problemas de acceso a la salud. “No creo que estemos, ni siquiera, en un comienzo para resolver la seguridad”, dijo Pontón, quien ve la seguridad como sinónimo de fortaleza política.
“Lamentablemente, los dos últimos gobiernos, agobiados por la situación económica, política, social y la pandemia, no pudieron solucionarlo”, agregó.
Según el Índice Global del Crimen Organizado de 2023, Ecuador es el décimo país con mayor criminalidad del mundo. La organización alerta del rápido crecimiento del crimen organizado y cuestiona que “el gobierno y las fuerzas del orden han hecho poco para abordar este problema”.
Control criminal en las cárceles
El primer reto del próximo Gobierno para poder aplacar la violencia, según Pontón, es hacer frente a la crisis del sistema penitenciario, que deja más 14 de masacres carcelarias desde 2021, con casi 500 presos asesinados.
“Se les fue de las manos”, lamentó el experto en seguridad. Para él, la evidencia de ello es lo ocurrido con el reciente asesinato de siete detenidos por su presunta participación en el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto. Seis implicados estaban recluidos provisionalmente en la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, la cárcel más violenta, y uno en una cárcel de Quito. Aún sin pistas sobre el magnicidio, las autoridades que dirigen carcelarias recibieron órdenes para que fueran traslados de penal, pero no se ejecutó.
El crimen de los siete presos ocurrió una semana antes de la segunda vuelta electoral y en pleno estado de excepción.
Aunque el crimen de Villavicencio puso en foco la escalada de violencia en el país, candidatos a la Asamblea Nacional, a gobiernos locales y otros políticos también han sido asesinados este año.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 2022, dio cuenta de que existe un debilitamiento institucional por una serie de medidas gubernamentales, “animadas por el recorte del gasto público y la precarización de recursos humanos y materiales” en el sistema penitenciario.
A criterio de la CIDH, “las deplorables condiciones de detención y las situaciones de extrema violencia a las que están expuestas las personas privadas de la libertad constituyen en sí mismas un trato cruel, inhumano y degradante”.
El debilitamiento institucional también se refleja en las prisiones, lo que ha propiciado que las bandas criminales puedan operar desde su interior.
Estas bandas extorsionan a los presos y a sus familias, las cuales han lamentado después de cada masacre que el Estado no garantice la vida ni seguridad de los reos.
Ahora, los candidatos a la Presidencia usan chalecos antibalas y hay un fuerte operativo para resguardar los centros de votación. La incertidumbre y el desencanto con los políticos rondan unos comicios cuyos ganadores tendrán apenas 15 meses para intentar cambiar el complejo panorama del país.
Por Patricio Peralta-France24