Hay una distancia que no se mide en kilómetros. El gas que no llega, las rutas que se deterioran, las promesas que se repiten gobierno tras gobierno con la puntualidad de un ritual. La política argentina, mientras tanto, se entretiene mirando el espejo retrovisor: los mismos nombres, las mismas alianzas, las mismas preguntas que nadie se anima a responder. Una provincia hace lo que puede mientras reclama lo que le deben. Un país discute si el Estado debe estar o no, como si esa fuera la pregunta. En el fondo, todo es lo mismo: qué hacer con la distancia, ahora que ya no hay excusas.
Hay una autoridad que está arriba, que decide, que administra, que puede abrir o cerrar puertas. Pero quienes están abajo pasan buena parte de su tiempo intentando llegar hasta ella sin saber muy bien por dónde entrar ni a quién recurrir. Entre unos y otros hay una distancia que no se mide solamente en kilómetros. Es una distancia política, burocrática, simbólica. Y también, en el caso de Misiones, geográfica.
En el Norte argentino esa distancia tiene nombre y apellido. Buenos Aires está lejos, pero más lejos todavía puede estar un Estado que decide retirarse de determinadas responsabilidades mientras las necesidades permanecen exactamente donde estaban. Una ruta no deja de deteriorarse porque Nación haya decidido reducir la obra pública. Una industria no consume menos energía porque el presupuesto nacional tenga equilibrio. Una familia no necesita menos agua porque la inversión federal haya caído. Los problemas siguen ahí, intactos, esperando que alguien los resuelva.
Y esa es, probablemente, una de las discusiones más importantes que atraviesa esta nueva etapa política de Misiones: qué hacer cuando el Estado nacional deja espacios vacíos que una provincia no tiene recursos suficientes para ocupar. No es una pregunta retórica. Es un dilema de gestión cotidiana que se traduce en rutas sin terminar, en industrias que pagan más por la energía, en productores que no pueden sacar su mercadería.
La respuesta que parece ensayar el gobierno de Hugo Passalacqua tiene dos movimientos simultáneos: reclamar hacia afuera y resolver hacia adentro. La Asamblea del Norte Grande, realizada en Posadas, mostró con bastante claridad esa estrategia. Diez gobernadores alrededor de una misma mesa, un jefe de Gabinete nacional presente y una agenda que no necesitó demasiadas explicaciones: gas, energía, rutas, infraestructura, producción. El gobernador de Misiones pudo haber aprovechado la visita de Diego Santilli para una fotografía protocolar, pero eligió poner los problemas sobre la mesa. Y allí apareció una cuestión que para Misiones dejó de ser una discusión abstracta hace mucho tiempo: el gas natural.
Hay algo profundamente contradictorio en que una provincia que forma parte de uno de los principales territorios productivos del país todavía tenga industrias que deben recurrir a la leña como alternativa energética. No es una postal del pasado. Es una desventaja competitiva concreta, que se mide en costos, en inversiones, en empleos. Una empresa misionera que tiene que pagar más para producir compite desde atrás con otra que durante décadas contó con gas natural. Y esa diferencia, que parece técnica, termina trasladándose a la capacidad de crecer, de contratar, de exportar. Por eso el reclamo por el gas no debería leerse como una disputa partidaria. Es una discusión federal, de esas que definen si una región puede desarrollarse o si está condenada a esperar.
El problema es estructural y ningún gobierno nacional lo resolvió. Misiones escuchó promesas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuando el oficialismo provincial tenía afinidad y cercanía con el poder central. También escuchó promesas durante el Plan Belgrano de Mauricio Macri. Y volvió a escucharlas con Alberto Fernández y su superministro Sergio Massa. La administración de Javier Milei, en ese sentido, no es una excepción: es una continuidad de la misma deuda pendiente. El gasoducto que traería el recurso a la provincia sigue siendo un proyecto en los papeles, mientras las industrias misioneras siguen pagando el costo de una matriz energética que las excluye. Resulta, cuando menos, contradictorio y hasta una falta de respeto que el gobierno nacional hable de vender gas al exterior cuando hay provincias enteras que todavía no cuentan con ese recurso para sus industrias y sus hogares. Atender primero las necesidades propias no es una concesión al federalismo: es una obligación básica de cualquier administración que pretenda gobernar para todos.
Las grandes redes de infraestructura que modificaron la matriz energética argentina nunca fueron construidas por las provincias de manera aislada. Hubo decisiones, inversiones y planificación nacional. Pretender ahora que Misiones resuelva sola aquello que excede largamente su capacidad presupuestaria sería confundir autonomía con autosuficiencia. Una cosa es hacerse cargo de lo que se puede. Otra, muy distinta, es aceptar que una provincia deba reemplazar al Estado nacional en sus funciones básicas.
Misiones puede perforar un pozo y llevar agua a quinientas familias. Puede abrir un camino rural, construir un puente, acompañar a un pequeño productor, sostener una política industrial, capacitar trabajadores, buscar mercados. Y está bien que lo haga. Pero no puede construir por sí sola un gasoducto regional. No puede reconstruir todas las rutas nacionales. No puede sustituir indefinidamente la inversión federal en infraestructura estratégica. La diferencia parece elemental, pero en la discusión política actual conviene repetirla: hacer lo que corresponde no significa resignarse a que otros dejen de hacer lo suyo.
Ahí es donde la gestión adquiere un valor político que va más allá de la obra puntual. Un puente puede parecer pequeño frente a una gran autovía. Una red de agua puede ser insignificante frente a un gasoducto. Un camino rural difícilmente tenga el impacto visual de una megaobra. Pero para quien espera el agua, necesita sacar su producción o llegar todos los días a una escuela o una universidad, esas obras no son pequeñas. Son el Estado funcionando. Y hay una cuestión más interesante todavía: la gestión provincial no solamente sirve para resolver problemas. También construye autoridad para reclamar.
Es mucho más difícil discutir federalismo desde la resignación que desde la acción. El reclamo tiene otra legitimidad cuando quien reclama puede mostrar qué está haciendo con los recursos que tiene. Por eso la Asamblea del Norte Grande adquiere una importancia que excede la reunión de gobernadores. Una provincia reclamando en soledad puede ser fácilmente ignorada. Gobernadores planteando una agenda común representan otra dimensión política. Y detrás de ellos hay millones de argentinos que viven fuera del área central y que no necesariamente tienen las mismas prioridades que quienes toman las decisiones desde Buenos Aires.
Cuando Passalacqua pidió mirar más hacia el Norte, en definitiva, estaba hablando de la distancia. De la distancia entre quienes deciden y quienes esperan. Entre las prioridades nacionales y las necesidades territoriales. Entre una economía diseñada alrededor de los grandes centros de consumo y otra que produce desde la frontera, con costos logísticos y energéticos que muchas veces no tienen los mismos que quienes están más cerca del centro. El nuevo misionerismo puede encontrar allí una de sus razones de ser. Pero sería un error reducirlo al reclamo frente a Nación. Si esa nueva construcción política pretende tener sentido, también tendrá que demostrar que algo cambia puertas adentro.
Movimiento por lo que Viene nació con 17 diputados y se convirtió en la primera minoría de una Cámara de Representantes fragmentada en diez bloques. Es una modificación importante del escenario político provincial. Pero ningún número parlamentario alcanza para construir una nueva etapa por sí mismo. Tampoco alcanza una fotografía con intendentes ni una nueva denominación para dirigentes que llevan años ocupando lugares de poder. Después de tanto tiempo de continuidad, existe una sociedad que también reclama cambios. Tal vez no necesariamente un cambio de rumbo, pero sí cambios en las formas: menos internismo, menos verticalidad, más escucha, más capacidad para explicar las decisiones y, sobre todo, más capacidad para corregir cuando algo no funciona. Porque el nuevo misionerismo no debería ser simplemente una actualización del viejo oficialismo. Si pretende sobrevivir a una época diferente, tendrá que demostrar que puede conservar una identidad política sin quedar atrapado en las fórmulas del pasado.
Y allí aparece otra definición importante: solo no se salva nadie. La frase de Passalacqua puede sonar sencilla, pero encierra una concepción política bastante precisa. Frente a una época que reivindica al individuo como unidad casi exclusiva de organización económica y social, Misiones intenta sostener la idea de comunidad. No significa creer que el Estado debe resolverlo todo. Significa reconocer que hay problemas que ninguna persona puede solucionar por sí sola y que tampoco el mercado necesariamente va a resolver. Una red de agua es un buen ejemplo. También lo es un puente, una ruta, la energía para una fábrica, la infraestructura que permite sacar una producción. Son cosas que existen porque alguien decidió que una comunidad necesitaba hacerlas.
La discusión, entonces, no debería ser Estado sí o Estado no. Esa simplificación ya no alcanza. La pregunta más concreta es qué Estado, para qué y hasta dónde. Misiones parece estar ensayando una respuesta: un Estado provincial que haga todo aquello que esté a su alcance, que acompañe la producción y que no abandone las necesidades básicas, pero que al mismo tiempo reclame al Estado nacional aquello que por escala, recursos y responsabilidad federal no puede resolver. No es poco. Tampoco es suficiente. Porque si la Nación continúa reduciendo su inversión durante años, el problema no será solamente que hoy no se construya una obra. Será el deterioro acumulado: rutas que empeoran, infraestructura que envejece, costos logísticos que aumentan, inversiones que se postergan y regiones que pierden competitividad. Y una provincia como Misiones no puede darse el lujo de esperar.
Por eso quizás el desafío de esta nueva etapa no sea elegir entre reclamar o gestionar. Es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Golpear la puerta del castillo cuando haya que hacerlo y, mientras tanto, construir lo que esté al alcance. Porque la autonomía provincial no consiste en creer que Misiones puede hacerlo todo sola. Consiste en saber qué puede hacer por sí misma, qué debe hacer con otros y qué cosas tiene derecho a exigirle a quien todavía conserva los recursos y las responsabilidades para hacerlas.
La distancia entre Misiones y Buenos Aires seguirá existiendo. Allí queda la cuestión.
La carrera
La Argentina tiene una particularidad política bastante entrañable: aunque todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales, los dirigentes ya comenzaron a comportarse como si las urnas estuvieran a la vuelta de la esquina. Y esta semana hubo dos fotografías que lo dejaron bastante claro.
De un lado, La Libertad Avanza y el PRO volvieron a sentarse a una misma mesa. Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem recibieron en la Casa Rosada a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, después de que Mauricio Macri y Karina Milei reabrieran el diálogo entre ambos espacios. La idea es sostener una mesa de coordinación, avanzar en acuerdos legislativos y explorar una alianza electoral hacia 2027.
Del otro lado, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa compartieron durante varias horas una reunión con gobernadores y referentes parlamentarios del peronismo para intentar ordenar el espacio y definir una estrategia frente al Gobierno de Javier Milei. El primer objetivo es sostener las PASO, pero detrás de esa discusión ya aparece, inevitablemente, la elección presidencial.
Dos mesas. Dos mundos. Y una misma preocupación: 2027. La carrera presidencial ya empezó.
Lo curioso es que, mirando esas dos fotografías, uno podría tener la sensación de que la política argentina decidió resolver el futuro buscando cuidadosamente en el pasado. De un lado aparece Mauricio Macri, presidente entre 2015 y 2019, ahora intentando recomponer una relación con el Gobierno al que durante buena parte de estos dos años cuestionó por haber absorbido buena parte de su espacio político. Del otro, Massa, Kicillof y Máximo Kirchner, tres nombres asociados, por distintas razones, a una etapa política que terminó en 2023 con una derrota contundente del peronismo y la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
No hace falta negar la historia para advertir el problema. En 2023 los argentinos rechazaron una forma de hacer política que había acumulado suficientes problemas como para perder las elecciones. No fue un accidente electoral ni una simple consecuencia de una campaña. Hubo inflación, deterioro de ingresos, pérdida de expectativas y una sociedad que decidió probar otra cosa. Y esa otra cosa fue y es Milei.
El problema para el oficialismo es que ahora tiene que explicar qué hizo con ese mandato. Porque el Gobierno llegó prometiendo corregir los desequilibrios de una economía que llevaba años de desorden. Algunas cosas las hizo. El déficit dejó de ser tratado como una consecuencia inevitable y pasó a ocupar el centro de la política económica. La inflación bajó respecto de los niveles extraordinarios que había alcanzado. Eso forma parte de la realidad y sería absurdo negarlo. Pero también hay otra realidad. Hay problemas que no desaparecieron. Algunos se agravaron. La actividad económica, el empleo, el consumo, las jubilaciones, las pequeñas empresas y la infraestructura no pueden ser considerados simples daños colaterales de una transformación que algún día llegará. El equilibrio fiscal puede ser necesario. No es suficiente.
Y ahí aparece una de las grandes preguntas que deberá responder el oficialismo si pretende convertir el resultado de 2023 en un proyecto de largo plazo: ¿qué viene después del ajuste? Porque gobernar no consiste solamente en desarmar lo que estaba mal. También implica construir aquello que todavía no existe.
La oposición, mientras tanto, tiene una pregunta bastante más incómoda: ¿qué ofrece que no sea simplemente volver? Porque una parte del peronismo parece estar organizándose alrededor de una idea bastante sencilla: hay que derrotar a Milei. Puede ser un objetivo electoral. Difícilmente alcance como proyecto de país. Los argentinos ya tuvieron la oportunidad de rechazar al peronismo que gobernaba en 2023. Y también tuvieron la oportunidad de elegir a Milei para corregir aquello que ese modelo no había podido resolver. Ninguna de las dos experiencias debería transformarse en una invitación a repetir el pasado.
La política argentina tiene la tendencia a confundir memoria con nostalgia. Cuando un gobierno fracasa, sus dirigentes suelen reaparecer unos años después explicando que ahora sí entendieron lo que pasó. Es una habilidad notable: descubrir las propias equivocaciones justo cuando vuelven a aparecer las encuestas. Por eso la reunión entre Massa, Kicillof y Máximo Kirchner merece ser observada con atención. No solamente por quiénes estuvieron sentados, sino por lo que todavía no está sobre la mesa. ¿Hay una autocrítica sobre el período que terminó en 2023? ¿Hay una explicación nueva sobre cómo resolver inflación, déficit, inseguridad, empleo, educación y crecimiento? ¿Existe una propuesta para una Argentina diferente o simplemente una estrategia para que Milei no continúe?
Del otro lado ocurre algo parecido. La Libertad Avanza puede incorporar al PRO, sumar dirigentes, ordenar territorios y construir una estructura electoral mucho más competitiva. De hecho, la alianza tiene lógica política: el PRO conserva estructura, experiencia y presencia territorial; el oficialismo tiene el poder nacional y una identidad electoral que demostró capacidad para romper el sistema de partidos tradicional. Pero una alianza electoral no resuelve automáticamente una gestión. Y mucho menos resuelve los problemas de los argentinos. Si el Gobierno pretende que 2027 sea solamente un plebiscito sobre Milei, corre el riesgo de olvidar que las elecciones no se ganan indefinidamente contra alguien. En algún momento hay que ganar a favor de algo.
La Argentina necesita una discusión bastante más ambiciosa que la que ofrecen esas dos fotografías. No puede quedar atrapada entre quienes quieren volver al pasado que los argentinos rechazaron en 2023 y quienes pretenden conservar indefinidamente un presente que todavía no logró resolver los problemas más urgentes y, en algunos casos, los hizo más difíciles. El desafío de 2027 debería ser otro: no elegir entre el regreso y la continuidad como si esas fueran las únicas dos palabras disponibles, sino buscar una alternativa que pueda reconocer lo que funcionó, corregir lo que fracasó y, sobre todo, explicar qué país pretende construir.
Todavía falta mucho para las elecciones. Pero la carrera ya empezó. Y sería bueno que, por una vez, los candidatos lleguen a la línea de largada con algo más que una fotografía, un enemigo y un pasado para reivindicar.
Porque los argentinos ya votaron contra el pasado. Y también están empezando a evaluar el presente. Ahora falta saber quién será capaz de hablarles del futuro.
Por Sergio Fernández