El fiscal apeló contra 14 de las 17 excarcelaciones dictadas por la jueza Servini. Los argumentos del fiscal mano dura que convalida la política represiva del gobierno de Javier Milei.
El fiscal federal Carlos Stornelli, que interviene en las causas contra las 33 personas detenidas en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la ley de Bases, no sólo se opuso a las excarcelaciones de 14 de los 17 detenidos por considerarlas “prematuras”. También afirmó que busca identificar a “nuevos sospechosos”.
Así lo sostuvo en su dictamen de apelación contra la liberación de poco más de la mitad de los detenidos, entre quienes se encuentran personas que se encontraban manifestándose, vendiendo alimentos o simplemente circulando por la zona cuando fueron arrastrados y detenidos por las fuerzas policiales, según sostuvieron las defensas.
La liberación de los detenidos podría “incidir negativamente sobre la presente investigación y su posibilidad de éxito en cuanto al descubrimiento de la verdad”, dijo Stornelli en su escrito, en el que solicitó al fiscal general José Agüero Iturbe que acompañé su posición ante los jueces de la Cámara Federal porteña para que anulen gran parte de la decisión de la jueza de liberar a 17 de los acusados. Otras 16 personas continúan detenidas en cárceles federales, confirmó la abogada María del Carmen Verdú, una de las defensoras de los imputados.
“En segundo término —continuó Stornelli—, la investigación de un hecho de tal magnitud, que de momento presenta una considerable cantidad de personas imputadas y que se encuentra, además, en vías de procurar establecer la individualización y sujeción al proceso de posibles nuevos sospechosos”. Eso, aseguró, requiere de un “considerable y complejo despliegue de diligencias y medidas probatorias, como así de una minuciosa actividad de análisis del resultado de estas”, por lo que el fiscal pretende que los liberados continúen detenidos hasta que esas diligencias y medidas sean ejecutadas y analizadas. Podría llevar meses.
“La privación de la libertad sólo podrá autorizarse cuando sea imprescindible y, por lo tanto, no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia, pero menos gravosa”, recordó el fiscal en el dictamen. Sin embargo, consideró que los detenidos podrían fugarse o entorpecer la investigación. En el caso de que la Cámara Federal confirmara las liberaciones y le diera la razón a la jueza, el fiscal solicitó que las cauciones económicas impuestas a los excarcelados sean superiores, aunque no habló de montos.
Para el fiscal, además, la excarcelación no corresponde cuando se trata de los delitos que le imputó a los manifestantes o personas que circulaban por la zona, debido a la “gravedad” de los hechos.
“Se trata de un conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, registradas el pasado 12 de junio de 2024 a partir de horas de la tarde, tendientes a incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes”, afirmó Stornelli.
Luego escribió que los manifestantes detenidos buscaban “erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso”.
Todo ello, dijo Stornelli, lo habrían hecho “mediante el ejercicio de violentas vías” que supuestamente “se tradujeron en múltiples atentados a la autoridad poniendo manos sobre la misma, en lesiones al personal preventor, en daños simples y agravados, en incendios y estragos dolosos, en algunos casos en la tenencia y utilización de material explosivo y/o incendiario, según corresponda a cada uno de los prevenidos, y sin que sean descartadas otras acciones que persiguieran tal designio criminal”.
Los delitos que se le imputan a los detenidos van desde lesiones, daños simples como agravados, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública e instigación a cometer delitos hasta intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional.
También se les imputó atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.
Por Emilia Delfino-ElDiarioAr