La complicidad de los grandes medios y la miopía empresarial refugiada en un nuevo relato. Canilla libre de Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación, Aysa, Pami, Anses, la superintendencia de Seguros y la AFIP. ¿Los gobiernos provinciales miran para otro lado?
¿No hay plata?
Javier Milei, quien llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción mediante la eliminación de la pauta oficial, se enfrenta a una dura realidad. En lugar de cumplir su promesa, su administración ha retomado el gasto millonario en publicidad, ahora canalizado a través de la AFIP, en un despliegue que pone en evidencia la hipocresía y el clientelismo que tanto criticó durante su campaña.
La promesa de un gobierno sin corrupción se desmorona con el regreso de la pauta oficial bajo la gestión de Santiago Caputo, revelando un esquema que desafía los principios libertarios.
El gobierno de Javier Milei se adentra en un terreno pantanoso al revocar una de sus promesas más contundentes: la eliminación de la pauta oficial. Esta política, que el presidente había enarbolado como símbolo de su combate contra el clientelismo y la corrupción, se ha convertido en un nuevo ejemplo de la hipocresía de su gestión. Bajo la supervisión de Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente y primo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el gobierno ha decidido inyectar más de 1.000 millones de pesos mensuales en publicidad, contraviniendo flagrantemente la promesa de “pauta cero”.
El plan de reactivación de la pauta oficial no solo contradice la retórica de campaña de Milei, sino que también revela una preocupante tendencia hacia el clientelismo político. La pauta, que supuestamente se utilizaría para promover el blanqueo de capitales, está siendo administrada de manera opaca, a través de la AFIP y con el control de Télam, la ex agencia oficial de noticias convertida en un brazo publicitario del Estado.
El control de esta estrategia publicitaria ha sido atribuido a Santiago Caputo, quien ha tomado decisiones clave sobre los montos y los medios que recibirán la pauta, actuando con una falta de transparencia que desafía el ethos libertario promovido por Milei. La selección de medios y la asignación de fondos se realiza a través de un proceso que carece de supervisión adecuada, y los empresarios de medios han expresado su indignación ante la falta de claridad y la posible corrupción implicada en estos manejos.
La reactivación de la pauta oficial se acompaña de la contratación de agencias privadas, que cobran comisiones de entre el 13% y el 17,5% del monto pautado. Este giro en la política de comunicación pública ha desatado críticas no solo por la contradicción con la promesa de “pauta cero”, sino también por la opacidad del proceso administrativo y la posible influencia de intereses privados en la asignación de fondos públicos.
La empresa AB Comunicaciones, dirigida por Carlos Azzariti, miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y vinculado al medio Página /12, ha sido una de las agencias señaladas en el entramado de la pauta oficial. La contratación de esta agencia plantea dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en la distribución de la publicidad oficial, exacerbando las sospechas de favoritismo y corrupción.
El retorno de la pauta oficial también ha puesto en evidencia tensiones internas dentro del gobierno. La reciente alteración en la estructura de medios y la disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei, la hermana del presidente, revelan un entorno de conflictiva gestión interna. Karina Milei, quien inicialmente supervisaba el área de Medios, fue desplazada después de que se hicieran evidentes las maniobras de Caputo en la administración de la pauta, lo que sugiere una falta de cohesión y un posible desacuerdo sobre la dirección y la ética de la política de comunicación gubernamental.
El incumplimiento de la promesa de “pauta cero” no es un fenómeno aislado. Ya antes de este giro, empresas estatales como YPF y Aerolíneas Argentinas habían sido implicadas en la asignación de grandes sumas en publicidad a medios, a menudo a través de terceras partes que complican aún más la transparencia del gasto público. En el caso de YPF, por ejemplo, el gasto de 10.000 millones de pesos en publicidad, canalizado a través de la agencia Sentidos, y la participación de figuras vinculadas a Santiago Caputo, subrayan un patrón de opacidad y favoritismo que contrasta marcadamente con la retórica de reforma y austeridad del gobierno.
La reiterada crítica de Milei a la gestión de la pauta oficial en gobiernos anteriores ahora se vuelve contra él mismo. La promesa de un gobierno “libre de pauta” ha sido reemplazada por un esquema que, bajo el pretexto del blanqueo de capitales, utiliza fondos públicos para influir en los medios de comunicación y fortalecer la narrativa oficialista. Este cambio de postura plantea serias preguntas sobre la verdadera intención detrás de la política de comunicación de Milei y si la administración actual está realmente comprometida con los principios de transparencia y austeridad que proclamó durante la campaña.
En resumen, la política de pauta oficial del gobierno de Javier Milei no solo traiciona una promesa central de su campaña, sino que también expone una serie de prácticas cuestionables que desafían la integridad de su administración. La falta de transparencia, el favoritismo en la asignación de publicidad y la creciente opacidad en la gestión de fondos públicos revelan una administración que, lejos de erradicar el clientelismo, parece estar perpetuando las mismas prácticas que criticó en el pasado.
Serenellini quedó envuelto en un escándalo de comisiones sobre la pauta oficial
El secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, quedó envuelto en una situación delicada por la aparición de una agencia de publicidad privada cursando pauta oficial.
El problema es que las agencias privadas cobran una comisión de entre el 13 y el 17,5 por ciento del monto pautado. Como el Estado argentino tiene la agencia Télam para esa tarea, no se entiende porque apeló a una agencia privada ni cual fue el proceso administrativo para contratarla.
“Los dueños de los medios están furiosos”, afirmó a LPO un empresario de medios. Pero no sólo eso, en la Casa Rosada confirmaron a LPO que hay “ruido” con algunas decisiones de Serenellini, que estuvo prácticamente echado meses atrás y por algún motivo que se desconoce permaneció en el cargo, sin que se sepa muy bien a que se dedica.
La agencia mencionada es parte del grupo AB Comunicaciones Los Cesares S.A. y supuestamente, según uno de los empresarios de medios enojado, distribuiría pauta de Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación, Aysa, Pami, Anses, la superintendencia de Seguros y la AFIP.
Este empresario incluso reveló a LPO que la oferta de pauta de todas esas empresas y organismos públicos exigiría la firma de un formulario de adhesión donde se otorga al grupo AB Comunicaciones la “exclusividad” para ser el canal de acceso a esos anunciantes.
Esto es extraño porque hasta ahora sólo se sabía, como reveló LPO, que el gobierno había reactivado la pauta oficial a través de AFIP, YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Las otras dependencias mencionadas como Aysa, Pami, Anses y Superintendencia de Seguros no era público que estuvieran pautando.
Nuestra agencia es una de las tantas que existen que comercializa publicidad en medios. Para nada somos agencia de organismos como esos. Representamos a algunos medios para procurar pautas privadas o de organismo.
Como sea, la empresa AB Comunicaciones es propiedad de Carlos Azzariti, miembro de la junta de directores de Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en la que está en representación de Página 12.
Es curioso como se dan las cosas, Azzariti fue secretario de prensa del Partido Comunista, pero ha sabido reconvertirse y hoy tiene un vínculo inmejorable con el secretario del Prensa del gobierno libertario.
En ese rol, Azzariti participa en las reuniones que Adepa tiene con diferentes organismos y funcionarios, como el propio Serenellini.
En diálogo con LPO, Azzariti dijo que “nuestra agencia es una de las tantas que existen que comercializa publicidad en medios”.
“Para nada somos agencia de organismos como esos. Representamos a algunos medios para procurar pautas privadas o de organismos”, agregó Azzariti.
La situación es tan delicada que Adepa decidió aclarar su situación con un comunicado publicado el 11 de junio. “Ante consultas recibidas en nuestra entidad informamos que ADEPA no tiene relación comercial con agencias de comunicación que se dedican a gestionar publicidad de empresas públicas o privadas para la industria de medios”, sostiene el texto de la entidad que núclea a medios de todo el país.
“Como se comprenderá, todas las acciones institucionales llevadas a cabo por el Consejo Ejecutivo ante organismos públicos o privados son realizadas en forma general, con el objetivo de concientizar a los anunciantes sobre el valor de las marcas periodísticas de todo el país a la hora de difundir sus mensajes”, agrega el comunicado de Adepa.
Fuente: EO – LPO