El juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona pusieron en marcha medidas en un expediente marginal sobre un préstamo al Club Atlético Banfield.
Guerra contra la AFA, guerra entre magistrados. El juez Luis Armella, por pedido de la fiscal Cecilia Incardona, se lanzó este martes al allanamiento de la Asociación del Fútbol Argentino y unos 17 clubes, en sintonía con la guerra desatada por la Casa Rosada contra la AFA y sus directivos. En verdad, la causa que tiene Armella no tiene que ver con la AFA, sino que se centra en un préstamo (poco claro) que recibió el Club Atlético Banfield, a través de un fideicomiso, de dos millones de euros que recibió una empresa española (también poco clara) denominada Auriga League. Pero Armella e Incardona están en una feroz interna con otro magistrado, Federico Villena, que tiene una causa sobre Sur Finanzas y operaciones por una cifra de 800.000 millones de pesos que, según ARCA, no tienen explicación. En ese expediente tampoco está mencionada la AFA y los clubes, pero como una parte de las instituciones tienen auspicios de Sur Finanzas, importan los contratos de sponsoreo que se hicieron. En el marco de las guerras, Armella-Incardona tratan de copar la parada, seguramente con guiño del gobierno, y Villena virtualmente los denunció por maniobrar para quedarse con la investigación. El contencioso debe ser resuelto por la Cámara Federal de La Plata y, como se trata de decidir quién es competente, la palabra final la tendrá un solo camarista, Jorge Di Lorenzo. A todo esto, hubo allanamientos que duraron 7 horas y se secuestraron computadoras, celulares y documentación.
Ni en la denuncia radicada ante Armella ni en la de Villena están mencionados los clubes ni la AFA. El expediente en el que se hicieron los allanamientos está referido a Banfield y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. Auriga League habría prestado los dos millones de euros, no se devolvió el dinero y luego se firmó un acuerdo por el cual se le otorgó a Auriga un derecho sobre la transferencia del jugador Agustín Urzi al Juarez Fútbol Club de México. Los imputados son directivos de Banfield: Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa. En España, Auriga tenía un único dueño, Diego Figueroa Maraver, luego renunció a la sociedad y en la Argentina apareció como apoderado Fernando Alberto Hernández. ¿Cuál es la sospecha? Que no existió tal préstamo y que a través de una maniobra se sacó al jugador Urzi del patrimonio del club. o existe una operación de lavado de dinero.
La denuncia de ARCA contra Sur Finanzas tampoco tiene relación directa con la AFA y los clubes, pero sí indirecta. La financiera, propiedad de la familia Vallejo, en especial, Maximiliano, habría movido 800.000 millones de pesos de personas que son monotributistas, individuos sin capacidad económica y contribuyentes dudosos. A partir de esa acusación se produce una ilación que va de la evasión agravada al lavado de dinero. La cuestión es que una parte de los clubes de fútbol son sponsoreados por Sur Finanzas y entonces es de interés conocer los contratos con esos clubes. Pero todo eso no está en la causa de Armella, que es quien ordenó los allanamientos, sino en la de Villena.
Lo que denuncia el juez Villena es que la fiscal Incardona incurrió en forum shopping, o sea elección de un juez a su gusto. O sea, modificó la acusación para englobar a la AFA y a los demás clubes de fútbol, cuando en ese expediente el ilícito sólo se refería a Banfield. Con la jugada de los allanamientos, Armella-Incardona se quedaron con toda la documentación que en realidad debería estar en el expediente de Villena. Y, por supuesto, en el trasfondo aparece la mano del gobierno y de la SIDE.
Toda esta guerra entre jueces aterrizó en la Cámara Federal de La Plata. Armella-Incardona argumentan que son competentes porque la denuncia contra Banfield es anterior a la de ARCA y que existe conexidad. En cambio, Villena dice que no hay conexidad alguna, que es una maniobra. Ni el delito ni los acusados son los mismos. Aunque Villena no lo afirma, tácitamente le adjudica a Armella-Incardona jugar a favor del gobierno en la feroz guerra contra la AFA. O sea que está detrás, por un lado, la ofensiva de la Casa Rosada por imponer las sociedades anónimas. Por el otro lado, le adjudican a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, que el streaming Carnaval -supuestamente vinculado a Toviggino- difundió los audios relacionados con la causa Discapacidad.
En la Cámara de La Plata la decisión de cuál de los dos jueces es competente la toma un solo juez, Jorge Di Lorenzo. El camarista le pidió este martes un dictamen al fiscal ante la Cámara, Diego Iglesias, luego decidirá si hay que tomar alguna otra medida y estará en condiciones de resolver.
Hay otra causa que instruye el juez federal Daniel Rafecas, por denuncia de la Coalición Cívica, que parte de la existencia de un predio, con una casa lujosa, en Pilar, y que algún vecino adjudica a directivos de AFA. Rafecas ordenó medidas de análisis de la sociedad que es dueña de la propiedad y de los que integran esa sociedad y este martes decidió impedir la salida de los titulares de la sociedad Real Central SRL, Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Rafecas dispuso también la inhibición general de sus bienes y detectó que tienen 59 vehículos. Por ahora no aparece ninguna vinculación con algún directivo de AFA. “Estamos al principio de la investigación”, señalan en el juzgado.
Por Raúl Kollmann-Página/12