Hay una pregunta que las guerras responden siempre, aunque nadie la formule en voz alta: quién paga. En la guerra híbrida que reordena el mundo no hay trincheras en nuestros barrios ni sirenas en nuestras ciudades, y sin embargo la factura llega puntual a cada casa. Llega en dos formas que se complementan. Una es el precio de lo que se compra. La otra es el diseño de un orden económico que, mientras sube los precios, reduce lo que cada trabajador puede comprar.
El primer sentido es el más visible, y el más mal explicado. Las sanciones, el corte de gasoductos, la competencia por corredores energéticos, los controles sobre semiconductores y la militarización de rutas como el Mar Rojo no son episodios de política exterior sin consecuencia doméstica. Son perturbaciones deliberadas o toleradas sobre las cadenas por las que circulan la energía, los fertilizantes, los cereales y los componentes. Cuando los buques mercantes rodean África para evitar el Mar Rojo, el viaje se alarga una o dos semanas, los fletes y los seguros suben, y ese sobrecosto aparece meses después en la góndola. Cuando se encarece el gas en un continente, se encarecen los fertilizantes en otro, y el pan en un tercero. Los mercados de materias primas, además, amplifican el temblor: la especulación convierte el miedo en precio antes de que falte una sola tonelada.
El trabajador paga esa guerra en el supermercado, en el boleto, en la factura de luz. Y lo paga sin haber discutido nada. Existe, por supuesto, la inflación que nace de errores de la política monetaria interna. Pero explicar todo el aumento del costo de vida por la emisión local, como si los países fueran islas, es ocultar el componente que se decide afuera. En los últimos años la inflación funcionó como un arma de presión: las sanciones fueron diseñadas para imponer costos económicos, y esos costos no se detienen en las fronteras del sancionado.
El segundo sentido ocurre en paralelo y es menos ruidoso. Mientras los precios suben, se impulsan políticas que reducen la capacidad de resistirlos: desregulación de mercados, privatización de bienes comunes como el agua, la energía o los puertos, flexibilización de las relaciones laborales, apertura importadora sin protección para la producción propia. La Organización Internacional del Trabajo registró que en 2022 el salario real global cayó por primera vez en lo que va del siglo. Los ingresos del trabajo pierden terreno frente a los precios, y las rentas del capital financiero lo ganan. Esto no es un efecto colateral, es una orientación que se repite de un país a otro con vocabulario parecido, porque responde a quienes fijan las condiciones del crédito y de la inversión. En la disputa por el nuevo orden, quien controla la deuda controla las reglas.
Ahí está el hilo que une todo: la concentración de la riqueza no se hace solo por precios. Se hace por deuda, y la deuda avanza en tres escalones.
El primero es el endeudamiento de las naciones. Los Estados necesitan dólares para pagar energía más cara, para sostener importaciones y, cada vez más, para financiar la carrera armamentística y tecnológica. Piden prestado en una moneda que no emiten y a tasas que no fijan. Según el informe de 2025 de UNCTAD, la agencia de comercio y desarrollo de Naciones Unidas, los países en desarrollo pagaron en 2024 un récord de 921.000 millones de dólares solo en intereses, y desde 2020 se endeudan a tasas entre dos y cuatro veces superiores a las de Estados Unidos. Además, 3.400 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, viven en países que gastan más en intereses que en salud o en educación. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos funcionan como correa de transmisión: el auxilio financiero llega con condiciones, y las condiciones suelen ser recortes, privatizaciones y reformas laborales. Cada vuelta de ese ciclo cuesta un pedazo de soberanía.
El segundo escalón es el de las empresas. Las firmas nacionales, asfixiadas por costos de energía e insumos y por una apertura que las enfrenta sin red a competidores globales, se endeudan para sobrevivir. Pagan tasas altas, refinancian, vuelven a pagar. Muchas terminan vendidas, absorbidas o quebradas, y sus activos pasan a manos de capitales extranjeros que compran barato, con crédito más barato aún. Lo que se pierde es tejido productivo: talleres, fábricas, empleos que no regresan cuando llega la recuperación.
El tercer escalón es el que llega a la mesa de cada familia. Con salarios deprimidos y precios que se mueven al ritmo del dólar, el trabajador recurre al crédito para comer, pagar el alquiler y los servicios. Tarjetas, billeteras virtuales, préstamos personales a tasas muy superiores a las de cualquier otro crédito. Lo que empezó como una guerra de precios termina en una cuenta que se renueva cada mes. Aquí se pierde la libertad, porque la deuda condiciona qué empleo se acepta, qué reclamo se calla, qué conflicto se evita. Un pueblo endeudado no discute geopolítica: discute cómo llegar a fin de mes.
Los tres escalones son una sola máquina. La nación endeudada recorta y abre su economía. La empresa que no resiste se vende. El ciudadano que pierde ingreso y empleo se endeuda para sobrevivir. Y el crédito que financia el último eslabón vuelve, como renta, al mismo sistema financiero que impuso las reglas del primero. Es una ocupación sin tanques, sin banderas y sin generales, que se cobra todos los meses y se firma con la propia mano.
Mientras la atención se fija en los misiles, esa es la guerra que se está ganando. Se gana con vencimientos, con intereses y con cuotas. La pregunta de quién paga tiene una respuesta incómoda y precisa: paga quien menos decidió. Entender esto no resuelve la deuda, pero es el primer paso para que no se la siga cobrando en silencio.
Por Ignacio Stankewitsch