El gobierno congeló el envío de fondos para comedores y merenderos y estos dependen desde hace dos meses de insuficientes ayudas municipales y donaciones. A medida que se agrava la crisis, reciben a más necesitados.
Los recipientes se acumulan y hay solo 8 kg de fideos para llenarlos. Los cocineros cruzan una mirada de preocupación: ¿alcanzará para todos? En los comedores populares hoy se unen dos problemas: la altísima inflación empuja a más personas a pedir ayuda, pero el gobierno ya no les está entregando comida.
La afluencia de los comedores barriales aumenta a medida que la crisis se profundiza: casi la mitad de los argentinos son pobres, en un país con un aumento de 20,6% en los precios al consumidor solo en enero de 2024 y un 254,2% de inflación en los últimos doce meses.
“Hoy no sé si llegamos”, dijo Carina López, la encargada del comedor “Las hormiguitas viajeras”, que funciona en una casa en Loma Hermosa, un barrio de bajos recursos en el partido bonaerense de San Martín, donde los vecinos hacen filas para dejan su táper sobre una mesa para retirarlos después, llenos de comida.
Carina López, así como otros organizadores de comedores comunitarios, cuenta que en noviembre recibió la última partida de alimentos del gobierno. “Me dijeron ‘sacá días de comedor, o sacá gente'”, explicó refiriéndose a las soluciones propuestas por las autoridades. “Pero yo no puedo sacar a nadie. Hay gente nueva, abuelos nuevos”.
Con la llegada del presidente Javier Milei al poder, en diciembre, se congeló el envío de fondos para comedores y merenderos, mientras se audita el sistema actual. “Va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios”, prometió el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, criticando la “discrecionalidad” del mecanismo.
Pero no hay un esquema de transición y, entretanto, miles de comedores, capaces de proveer más de 100 raciones de alimentos por día, dependen desde hace dos meses de insuficientes ayudas municipales y donaciones.
“Y aparte se están cortando las changas [trabajos informales], porque todo el mundo está ajustando gastos y se contrata menos”, comentó Melisa Cáceres, docente y organizadora barrial.
Los movimientos sociales que manejan muchos de estos centros aseguran que, entre diciembre y febrero, aumentó al menos 50% la cantidad de personas que acuden. “Y esto recién empieza”, advirtió Cáceres, del partido Libres del Sur, que coordina este comedor.
“Por más que labure o no, no me alcanza la plata. Estoy con mi jermu [mujer] y cuatro pibes. No sirve la plata. Vos vas a comprar, y no sirve”, Daniel Barreto, un albañil de 33 años que está desocupado y tiene cuatro hijos. “La situación me supera”, dijo al asistir por primera vez con su familia a un comedor del barrio.
Hay unos 38.000 comedores comunitarios en Argentina, según informó Celeste Ortiz, vocera del movimiento social Barrios de Pie. Su organización maneja 2.000, mientras Libres del Sur conduce otros tantos. Algunos comedores y merenderos vecinales se organizan de forma espontánea y otros dependen de organizaciones, resultado del fuerte sentido de comunidad de los argentinos.
El gobierno realiza un “relevamiento de comedores” para la “compra transparente” de alimentos
Milei prometió asistencia social a “los caídos” por la “estanflación”, y su gobierno asegura que implementará un método de asistencia directo. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, explicó que realiza un “relevamiento de comedores”. Los centros que superen esta auditoría ingresarán a un programa “para la compra transparente de alimentos”.
Pero esto aún no tiene fecha de implementación y la Iglesia y los movimientos sociales se impacientan. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) denunció en un comunicado que “la comida no puede ser una variable de ajuste” y exigió que “todos los espacios que dan de comer (… ) reciban ayuda sin dilación”.
La ministra -quien tiene una demanda penal por no haber entregado alimentos en dos meses de gestión a los comedores comunitarios- es más proclive a asociarse con organizaciones religiosas.
Anunció un convenio de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas por cerca de 200.000 dólares y, poco después, comunicó un acuerdo similar, por casi el doble, con Cáritas Argentina, dependiente de la Iglesia Católica. Cáritas se sumó luego a la CEA y defendió el trabajo de los movimientos sociales, insistiendo en “integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres”.
Si bien agradece el apoyo de la Iglesia, Cáceres lamenta que “parece que hay intermediarios que sí valen, y otros que no”.
Informe y fotos de Agence France-Presse.