Tras la decisión judicial que ordena ceder el 51% de las acciones, Horacio Marín aseguró que la medida perjudica al Estado argentino, pero no a la compañía que conduce.
La reciente declaración de Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska generó sorpresa por su llamativa interpretación sobre el caso. En su primera aparición luego del revés judicial que ordenó entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes por su expropiación, Marín sostuvo que la sentencia "fue a favor de YPF" y desfavorable a la República Argentina.
"Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado Nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar", se limitó a decir el directivo el viernes por la noche en A24. Si bien su participación fue breve, sus dichos generaron polémica respecto a la posición institucional adoptada frente al litigio internacional.
En paralelo al escándalo judicial, Marín buscó retomar la agenda productiva y anunció que en los próximos días espera confirmar una inversión privada para avanzar con el oleoducto Vaca Muerta Sur. "Estamos haciendo la obra más grande que se haya hecho en Argentina, de 3.000 millones de dólares. Lo vamos a hacer y va a haber financiamiento", destacó.
El Gobierno apelará el fallo de Preska contra YPF
A pesar de los duros cuestionamientos a la expropiación realizada durante el gobierno kirchnerista, la Casa Rosada confirmó que apelará la sentencia de la jueza Loretta Preska, que ordena al Estado argentino entregar el 51% del paquete accionario de YPF a los fondos demandantes. Además, el Gobierno presentó un pedido formal de suspensión del fallo hasta que intervenga la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos.
"Al margen de la imbecilidad de (Axel) Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales", advirtió el presidente Javier Milei al confirmar la apelación.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el primero en pronunciarse al respecto. Desde su cuenta de X, calificó la sentencia como "jurídicamente inaplicable" y recordó que “contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada” para transferir acciones de la petrolera. Además, sostuvo que "desconoce la inmunidad soberana" y que las acciones no están en poder del Estado “ni son legalmente transferibles”.
El pedido de suspensión es la primera acción del Estado argentino luego de que la magistrada estadounidense le ordenara que entregue, en un plazo de 14 días, la mitad de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio realizado por la expropiación de la petrolera. La jueza determinó esta forma de pago por la sentencia contra nuestro país en primera instancia de 16.100 millones de dólares más intereses establecida en 2023.
En este sentido, la defensa argentina presentó un escrito de cuatro páginas donde argumenta que Preska se excedió en su jurisdicción, ya que las acciones están registradas en la Caja de Valores y no pueden ser transferidas sin aval legislativo. "No se puede poner al genio de vuelta en la botella", graficaron los abogados, al advertir sobre el riesgo de que la petrolera quede en manos de fondos extranjeros.
El monto es otro de los puntos que se está discutiendo. En el Gobierno creen que puede ser “mucho menor” a los 16.100 millones de dólares establecidos por Preska, dependiendo si se toma al tipo de cambio de pesos a dólares de cuando se realizó la expropiación (2012), o cuando se determinó la ejecución (2023), así como el precio de las acciones en cada uno de esos años.
Los representantes legales de Argentina también subrayaron el impacto económico que podría tener el fallo, ya que hay 23.000 puestos de trabajo en juego y podría dañarse el control soberano de un recurso estratégico. La apelación será presentada a mediados de julio, pero mientras tanto se espera la decisión de la jueza sobre la suspensión temporal de la ejecución.
Lejos de calmarse las aguas, este viernes se sumaron nuevos actores a la causa. Se trata de Fondos de inversión que obtuvieron sentencias favorables por la deuda soberana impaga de la Argentina y que reclaman parte de las acciones que la jueza Preska ordenó entregar a principio de esta semana a los demandantes por la expropiación de la empresa.
Según el informe de Latam Advisors, los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee son nuevos peticionantes. Aunque no participaron en el juicio original, poseen sentencias firmes contra el Estado argentino por deuda en default, dictadas en tribunales estadounidenses.
Detrás de la estrategia legal del Estado argentino está el abogado Juan Ignacio Stampalija, funcionario de la Procuración del Tesoro Nacional. Mientras que el litigio en Nueva York continúa bajo la representación del estudio Sullivan & Cromwell LLP, con el respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. que, según fuentes oficiales, comparte las críticas al fallo de Preska.
Fuente: Perfil