De esta manera, la provincia suma una herramienta clave contra el cibercrimen, dado que dicha dependencia intervendrá en la investigación de delitos que sean cometidos dentro del mundo cibernético y tengan como principal medio la utilización de dispositivos informáticos o cualquier dispositivo electrónico.
En la sesión de este jueves los diputados misioneros debatieron y aprobaron un proyecto de Ley del legislador Carlos Rovira, que proporciona una herramienta fundamental al poder judicial en los tiempos que corren. La fiscalía especializada en ciberdelitos podrá investigar todo tipo de delito que sea cometido en el plano cibernético y tenga como principal medio de comisión del mismo dispositivos electrónicos, informáticos o telemáticos.
El texto aprobado señala que “cuando se trate de delitos que puedan involucrar a más de una jurisdicción, como ser la trata de personas, sustracción de menores, pornografía infantil, pedofilia, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, esta fiscalía intervendrá para tomar medidas preventivas y/o inmediatas, en virtud de su especialización y cercanía, para garantizar el resguardo efectivo e integral de las personas afectadas directa e indirectamente por estos delitos, los medios de prueba, las instituciones democráticas y/o el orden público provincial. Esta intervención se dará en el marco de un trabajo colaborativo con el fuero competente para entender en la investigación de mentados delitos. El cual, en caso de tratarse de materia federal, continuará con el curso de la investigación una vez tomadas las medidas protectorias pertinentes”.
En sus fundamentos el proyecto indica que en la actualidad “la amenaza no se limita a los particulares, ya que los gobiernos y las empresas multinacionales también están en la mira de los ciberdelincuentes”.
“Los ciberdelitos usan la ingeniería social para engañar, amenazar y obtener datos personales o información de otras personas u organizaciones, obtener dinero, suplantar la identidad, acosar digital y sexualmente. Algunos ejemplos son: el phishing o vishing, ciberbullying, grooming, sextorsión, ciberodio, pornografía infantil, entre otros”, continúa el proyecto presentado por el diputado Rovira. Y prosigue brindando cifras sobre la situación en el país, dado que en el primer trimestre de 2023 Argentina fue el país con más ciberataques de Latinoamérica, con un aumento de 200% entre 2021 y 2022.
Luego, el texto sancionado ahonda en las amenazas más frecuentes, que cuentan con el soporte de la Inteligencia Artificial:
Phishing personalizado: La IA es utilizada para analizar datos de redes sociales y crear correos electrónicos de phishing muy convincentes, dirigidos a individuos específicos.
Deepfakes y suplantación de identidad: Los deepfakes son vídeos, imágenes o archivos de voz manipulados con inteligencia artificial para parecer reales y auténticos. Se pueden usar estos materiales para extorsionar, cometer fraude o manipular a las víctimas para que realicen acciones perjudiciales.
Malware Inteligente: el malware impulsado por IA puede adaptarse y evitar ser detectado por los sistemas de seguridad tradicionales.
Exploración de Vulnerabilidades: la IA puede detectar rápidamente fallos en el software y las redes, que los atacantes pueden explotar antes de que se solucionen.
Como antecedentes, la Ley señala la “Declaración de Doha” sobre la integración de la prevención del delito y la justicia penal en el marco más amplio del programa de la ONU para abordar los problemas sociales y económicos y promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y la participación pública; el Convenio de Budapest, siendo éste hasta la fecha uno de los principales tratados internacionales vinculantes en materia penal que se elaboró con el objetivo de intensificar la cooperación internacional.
“A nivel nacional, existen diversos organismos públicos que guardan relación directa con la temática, entre los que se pueden mencionar la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, del Ministerio de Justicia de la Nación; la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina), dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; la Subsecretaría de Protección de Infraestructuras Críticas de la Información y Ciberseguridad (IQQ, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros)”, agrega el documento y cita a diversas fiscalías especializadas en ciberdelincuencia en nuestro país.
“La creación de una fiscalía de ciberdelitos en la provincia de Misiones es una respuesta necesaria y urgente ante el creciente fenómeno de la ciberdelincuencia. Este proyecto no solo protegerá a los ciudadanos, sino que también fortalecerá la infraestructura de seguridad digital de la provincia, creando un entorno más seguro y confiable para todos”, sentencia en sus fundamentos el texto aprobado.
Finalmente, enfatiza que “se debe fortalecer la ciberseguridad, empezando por la prevención y alfabetización digital, tomando el Estado recaudos propios en sus infraestructuras críticas, y también sancionando aquel marco normativo específico, que permita una amenaza general, pero sobre todo una persecución y castigo eficaz, que lo alejen de convertirse en un “paraíso informático”.
La fiscalía especializada en ciberdelitos tiene como funciones las siguientes:
- Investigación y Persecución de Delitos: recepción de denuncias; presentación de cargos; representación en juicio; acusación formal; investigación forense digital; colaboración con unidades de policía especializadas en ciberdelitos para realizar investigaciones conjuntas; recopilación y preservación de pruebas.
- Análisis y Prevención: monitorear y analizar tendencias emergentes en ciberdelincuencia para anticipar nuevos tipos de delitos; desarrollar programas de prevención y concienciación sobre delitos cibernéticos para la ciudadanía y las empresas.
- Formación y Capacitación: proveer formación continua en técnicas avanzadas de investigación digital y cibercrimen para el personal; asesoramiento técnico experto para asesorar en casos complejos y en el uso de herramientas especializadas; habilitar a distintos operadores del sistema judicial, dotándolos de herramientas y estrategias para investigar cualquier delito o contravención que se cometa a través de medios digitales.
- Coordinación Internacional: participar en redes y organizaciones internacionales de ciberseguridad para intercambiar información y estrategias; promover y gestionar tratados y acuerdos de cooperación internacional para la persecución de ciberdelitos transfronterizos.
- Legislación: asesorar en la creación y actualización de leyes y regulaciones relacionadas con la ciberseguridad y los delitos cibernéticos.
- Gestión e Innovación: asegurar que la fiscalía cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para la investigación y persecución de delitos digitales.
- Desarrollar estrategias para responder rápidamente a incidentes de ciberseguridad y minimizar su impacto: mantenerse actualizado frente a los rápidos cambios tecnológicos y las nuevas modalidades delictivas del mundo digital; utilizar el potencial de las altas tecnologías como la Inteligencia Artificial para robustecer las respuestas del organismo en materia de detección, persecución y represión de delitos cibernéticos.
- Atención a las Víctimas: establecer programas de apoyo y asesoramiento para las víctimas de ciberdelitos; trabajar en la recuperación de activos y datos robados, y en la reparación del daño causado a las víctimas.
- Asesoría: asesorar a las fiscalías que lo soliciten, cuando sus investigaciones requieran recolección, preservación y análisis de evidencia digital.
- Transparencia y Rendición de Cuentas: mantener un alto grado de transparencia en sus actuaciones y procedimientos; informar regularmente sobre los avances y resultados en la lucha contra los delitos cibernéticos.
