El sábado 18 de mayo, Salome Zourabichvili, mandataria de Georgia, puso un veto mayoritariamente simbólico a la ley de “influencia extranjera”, que ha provocado protestas sin precedentes y advertencias desde Bruselas de que la medida socavaría las aspiraciones europeas de Tbilisi.
Los legisladores del gobernante partido Sueño Georgiano votaron a favor de la legislación esta semana, desafiando a los manifestantes, a quienes les preocupa que la ex-república soviética se esté alejando de un rumbo pro-occidental hacia Rusia.
La medida provocó manifestaciones que jamás se habían registrado en la historia reciente de la nación del Mar Negro, donde según encuestas de opinión más del 80% de la población quiere unirse a la Unión Europea y la OTAN, y está firmemente en contra del Kremlin.
“Hoy he puesto un veto… A la ley, que es rusa en esencia y que contradice nuestra constitución”, dijo en una declaración televisada, hablando sobre el proyecto de ley que los críticos describen como parecido a la legislación rusa utilizada para silenciar la disidencia.
Bruselas ha dicho que la medida es “incompatible” con la candidatura de Georgia a ser miembro de la UE, que está consagrada en la constitución del país.
¿Cuánto se aleja Georgia de la Unión Europea con la ley de ‘agentes extranjeros’?
Sueño Georgiano tiene suficientes legisladores en el parlamento para anular el veto de la presidenta.
El primer ministro Irakli Kobakhidze ha señalado la disposición de su partido a considerar las enmiendas a la ley propuestas por Zurabishvili, en caso de que ella las incluya en su documento de veto.
Sin embargo, la presidenta Zurabishvili, en desacuerdo con el partido gobernante, ha descartado la posibilidad de iniciar “negociaciones falsas, artificiales y engañosas” con Georgian Dream.
El proyecto de ley exige que las ONG y los medios de comunicación que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como organismos “que persiguen los intereses de una potencia extranjera”.
Sueño Georgiano insiste en que está comprometido a unirse a la UE y presenta el proyecto de ley como dirigido a aumentar la transparencia de la financiación de las ONG.