A mediados de 2020, en pleno contexto de pandemia, 78% de los rusos apoyaron en referéndum una nueva Constitución de la Federación Rusa: gobierno centralizado, disciplinamiento de los privados y valores tradicionales. Las reformas buscan sellar la visión económica, política, social y diplomática que Vladimir Putin fijó a lo largo de dos décadas
Vladimir Putin (67), un exagente de inteligencia de la KGB soviética que en mayo cumplió 20 años a la cabeza de la Federación Rusa, dio sus primeros pasos en la política local al final de la presidencia de Boris Yeltsin (1991-99), como otros tantos siloviki (cuadros militares o de seguridad soviéticos devenidos en funcionarios).
A lo largo de toda esa primera década post soviética, Yeltsin implementó en Rusia una “terapia de shock” de apertura económica y reformas políticas, en consonancia con un marcado alineamiento con Estados Unidos en política exterior.
A comienzos del nuevo milenio, cualquier sucesor de Yeltsin no solo recibiría una Rusia afectada por la crisis económica (caída en los precios de los hidrocarburos y la liberalización arriesgada de una estructura productiva dirigida por 70 años), sino que también tendría que intentar gobernar en un convulsionado aparato institucional muy fragmentado y con poderes postsoviéticos en competencia.
Además, frente al resto del mundo, Moscú se había visto humillada ante la comunidad internacional luego del fracaso de la Primer Guerra Chechena (1994-96), reflejo de que el gigante euroasiático, heredero de la Unión Soviética, ya no era un actor determinante en las dinámicas del sistema internacional.
Putin asumió la presidencia a mediados del 2000, después de triunfar en las urnas con solo 47 años. El diagnóstico fue contundente: Rusia se encontraba en decadencia en términos políticos, geopolíticos, económicos e incluso sociales. Cuando los síntomas tempranos de esta crisis general se presentaron, como con el hundimiento del submarino nuclear “Kursk” y la Segunda Guerra Chechena (1999-2009), Putin mostró un liderazgo centralizado y firme.
En sus mandatos a lo largo de dos décadas, Putin emprendió una estrategia de concentración de poder político y económico, a la vez que buscó reparar los años de “humillación” de Rusia en el tablero internacional. En 2020, el paquete de más de doscientas modificaciones ideado por el presidente ruso Vladimir Putin buscó consagrar institucionalmente todo un legado personal.
A principios de año, el discurso anual del presidente ruso ante el parlamento dejó nuevamente descolocados a todos los actores, internos y externos. Putin comenzó reconociendo la sed de cambio de la ciudadanía y la necesidad de apoyar mejor a las familias rusas: la mayor parte del discurso se centró en los niños y las familias, la atención sanitaria y el desarrollo económico. Al final, propuso enmiendas a la Constitución de 1993 que podrían alterar la forma en que se gobernaba Rusia.
Algunas nuevas promesas, como un salario mínimo vital y jubilaciones indexadas, son concretas. Otras, incluyendo los planes de reestructuración del gobierno, siguen siendo bastante enigmáticas en sus consecuencias prácticas a largo plazo. El borrador tardó algunas semanas en darse a conocer, y a mediados de marzo la Duma (el legislativo federal ruso, cámara baja) trató la propuesta.
Se esperaba un tratamiento sin sorpresas, pues la coalición oficialista Rusia Unida controla más del 75% de las bancas, pero el resultado fue contundente al aprobarse el proyecto por unanimidad. Un par de días más tarde, el Consejo de la Federación (cámara alta) también se manifestó positivamente casi en su totalidad, y la totalidad de los 85 parlamentos regionales dieron el visto bueno.
No obstante, Putin insistió en refrendar sus reformas al máximo con una convocatoria a las urnas. Inicialmente planeada para el 22 de abril de 2020, la consulta popular tuvo que ser aplazada hasta finales de junio y principios de julio por la pandemia del COVID-19.
Según la reforma, de aquí en adelante los presidentes de Rusia se limitarán a dos períodos de seis años. Hasta ahora, el límite constitucional ha sido de dos mandatos consecutivos, no totales. Esto le sirvió a Putin para retirarse entre 2008 y 2012, y volver enrocando con Medvédev. Con estos cambios, Putin está sugiriendo ahora que esa posibilidad cese.
Las reformas y el referéndum
Con ello, se plantean dos escenarios posibles a futuro: ¿buscará Putin un quinto mandato en 2024? ¿O acaso quiere debilitar la presidencia, para poder controlar a su sucesor desde algún otro puesto? El presidente conservará el control sobre el nombramiento de los jefes de los servicios de seguridad, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del poder judicial, y podría despedir a ministros y jueces.
Putin también sugirió que el Consejo de Estado, que ahora es un órgano consultivo presidido por el Presidente e integrado por los gobernadores de Rusia, altos funcionarios y jefes de los órganos legislativos y los partidos, desempeñe una función de formulación de políticas públicas. Por otra parte, la Duma podrá confirmar al primer ministro, pero una vez que asuma dependerá exclusivamente del presidente y podrá renunciar sin necesidad de siquiera notificar al legislativo.
Si bien la nueva multiplicidad de cargos de alto nivel para algunos especialistas augura una despersonalización del gobierno en Rusia, el presidente seguirá teniendo las riendas del sistema. Los rasgos autoritarios de la estructura política de la Federación obedecen a tendencias históricas y gozan de aceptación por buena parte de la ciudadanía, que insiste en un “gobierno fuerte” para combatir la incertidumbre internacional, a la que ahora se le suma la pandemia del coronavirus.
También habrá modificaciones a los requisitos para los candidatos presidenciales. Hoy, un candidato debe haber vivido en Rusia durante 10 años. La nueva Constitución aumenta ese número a 25, junto con la prohibición de haber tenido alguna vez la ciudadanía extranjera o el derecho a la residencia continua. Como muchos opositores rusos han residido o estudiado en el extranjero, la interpretación de estas disposiciones puede ser un poderoso instrumento de control electoral.
Otras enmiendas apuntan a dar jerarquía constitucional a un conjunto de leyes nacionales y regulaciones ministeriales ya vigentes, como la prohibición de cuentas bancarias en el exterior para funcionarios o el apoyo a compatriotas en el extranjero. Es decir, si bien estos agregados no afectarán la vida diaria en Rusia, Putin se está asegurando de que cada detalle de la doctrina institucional de estas dos décadas quede cristalizada en la carta magna de la Federación.
Especial atención despertaron agregados como una serie de valores tradicionales que desde el gobierno se han promovido en la ciudadanía rusa a lo largo de estas dos décadas. Se explicita la “fe en Dios”, se plasma el relato historiográfico de la “grandeza rusa” y se declara a los rusos como “pueblo vertebrador del Estado” relegando a las minorías étnicas de la Federación.
¿Qué ocurrió en el referéndum? La pandemia supuso primero la postergación y luego un desafío epidemiológico y logístico formidable para el Kremlin. A pesar de todo, el porcentaje de concurrencia fue 65%, cerca de dos tercios de los convocados, a tono con el promedio de participación de los últimos 20 años.
El voto de los rusos que consintió las reformas (78,5%) reflejó los porcentajes de las elecciones presidenciales y superó el récord de 76,7% de 2018. Mientras Putin cosecha dos tercios de aprobación entre los ciudadanos, ningún candidato opositor obtendría un resultado de dos dígitos en una elección presidencial.
En todas las jurisdicciones rusas la consulta popular resultó afirmativa, a excepción del okrug de Nenets donde un 55% se opuso. Incluso en la región donde el SÍ fue menor, Yakutia, un amplio margen se mantuvo (58%).
Antes de la consulta popular, todos los expertos coincidían en que, aun sin una manipulación de los comicios, era altamente probable que el paquete constitucional fuera aceptado. Un importante apartado dentro del paquete de reformas incluía garantías sociales relativas al salario mínimo y la indexación de las jubilaciones.
De hecho, durante la pandemia y sobre todo antes del referéndum, el gobierno ruso aumentó su intervención en los mercados y en las regiones menos favorecidas con estímulos por el equivalente a 2.800 millones de dólares. Además, anunció una semana antes del vot un incremento del 2 al 15% del impuesto a los altos ingresos (desde 73 mil USD anuales). En contraste, para sectores estratégicos como el de la informática y la alta tecnología, el impuesto a las ganancias se reduciría del 20 al 3%.
En consonancia, como medida de corto plazo y por el contexto de la pandemia, el gobierno federal ruso distribuyó efectivo directamente a los bolsillos de la ciudadanía, privilegiando a las familias numerosas y a los desempleados. Los distintos estímulos directos y las políticas epidemiológicas garantizaron que la imagen positiva de Putin se mantuviera por encima del 60% en junio pasado, incluso según encuestadoras independientes.
Con las reformas aprobadas y el desafío del COVID-19 presente, el calendario electoral ruso continúa con legislativas en 2021 y las presidenciales de 2024. Es allí donde las intenciones de Putin se verán con mayor claridad, y los efectos de la reforma constitucional comenzarán a impactar en el juego político ruso.
Sin sucesor explícito a la vista, la ausencia de una oposición abroquelada en torno a una candidatura estable prefigura que tanto a nivel federal como local la estructura de poder de Rusia Unida se mantendrá hacia futuro.
