El 1 de diciembre, dos días antes de la designación de Cristian Auguadra como titular de la Secretaría de Inteligencia, el Gobierno amplió su presupuesto en $ 26 mil millones. Según pudo constatar PERFIL, ese dinero se ejecutó en apenas dos semanas. Los recursos gastados por el organismo hasta el 19 de diciembre son el 25% del total de presupuesto y equivalen a siete veces lo ejecutado durante todo el mes de noviembre, cuando se gastaron $ 3.788 millones. También representan casi el doble de lo invertido en el Hospital Salud Mental Laura Bonaparte: hasta esta semana ejecutó un total de $ 16 mil millones.
El 3 de diciembre el Gobierno oficializó la designación de Cristian Auguadra como titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En ese mismo momento, según pudo constatar PERFIL, impactaron en el presupuesto de esa oficina los $ 26 mil millones que dos días antes (el 1 de diciembre) se habían publicado en el Boletín Oficial dentro de una actualización de partidas para algunos organismos y ministerios. Los recursos, que representan un 25% del total presupuestado –y actualizado para todo el año– se devengaron en 16 días.
Para el final de noviembre la SIDE había ejecutado $ 75.587 millones de su presupuesto: de esos, según surge de la comparación de los reportes mensuales de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública que pudo constatar PERFIL, se ejecutaron $ 3.788 millones durante todo el mes noviembre. Al 19 de diciembre se habían devengado $ 105.196,88 millones. Es decir que, en poco más de dos semanas, la SIDE gastó $ 29.609 millones: $ 1.850 millones por día. En total, la oficina ya devengó el 98,32% del total presupuestado, cuando muchos otros organismos y políticas (como el programa destinado a la atención de la salud de las personas con discapacidad, con el 79%) presentan una subejecución.
El 57% del presupuesto asignado este año va para gastos de personal
Para tomar dimensión de lo que significa esta cantidad de dinero, vale decir que, por ejemplo, el Hospital Nacional Laura Bonaparte cuenta con un presupuesto anual de $ 18.208 millones, de los que, para el mismo día del último mes del año, se habían devengado $ 16.777 millones. En materia de educación –y en el marco del Plan Nacional de Alfabetización– se invirtieron poco más de $20 mil millones para el programa de promoción de la lectura durante todo 2025.
El presupuesto diario de la SIDE en este último mes casi duplica al anual del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata (que cuenta con un presupuesto de $ 1.000 millones, de los cuales se ejecutaron $ 61 millones en estos doce meses) y del programa de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, creado este año por el Gobierno y que no ejecutó un solo peso de los $ 1.000 millones disponibles para 2025.
La ampliación presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia se dio además en un marco de disminución del total de gastos devengados por la Administración Pública Nacional que, según ASAP “presentó una variación negativa en términos interanuales del 8,6%” en noviembre y ajustados por inflación. “Si se excluyen los pagos en concepto de intereses, que tuvieron una variación del 13,6% interanual ajustado por inflación, el gasto primario tuvo una reducción incluso mayor (-12,0% interanual)”.
Cómo se componen los gastos de la Secretaría de Inteligencia
De los $ 106.990,46 millones que tiene disponibles la SIDE para este año, el 57% va para el pago del personal: de los $ 61.127 millones ya se ejecutó la totalidad. Para gastos reservados cuenta con un presupuesto de $ 13.347 millones (que también se devengaron en un 100%). El resto se destina a bienes de uso, viáticos y alquileres. El presupuesto total creció durante este año un 121% y un 623% respecto al inicio de la actual gestión de gobierno. Los gastos reservados (por los que no se rinden cuentas públicas) se incrementaron en estos dos años en un 1.954%: pasaron de los $ 650 millones a los $ 13 mil millones actuales.
Un día después de la designación de Auguadra, la Secretaría de Inteligencia anunció los lineamientos de una nueva política en la materia. La condensó en seis puntos, que se profundizaron en un documento de 34 páginas. Entre ellos, mencionaban las funciones de “proteger los recursos estratégicos” del país y la de “anticipar y contrarrestar las amenazas en el ciberespacio de interés nacional”.
El primero de estos dos objetivos señalados, detallan, se cumplirá mediante “la identificación de riesgos de apropiación o explotación indebida” y “el monitoreo de la presencia de actores estatales y no estatales en zonas de valor geopolítico, como el Atlántico Sur, la plataforma continental y el espacio antártico”.
El segundo fin, describe el documento citado, consiste en “anticipar, identificar, reconocer, monitorear, analizar, disuadir y eventualmente contrarrestar riesgos y/o amenazas generadas por actores estratégicos mediante el uso del ciberespacio”.
Pocos días después, el 16 de diciembre, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, que, según el oficialismo, busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental”, aunque organizaciones que trabajan en el tema, como Jóvenes por el Clima, advirtieron que su aprobación pondría en riesgo el acceso al agua potable de 7 millones de argentinos.
El 18 de diciembre, el sitio especializado Daily Dark Web denunció una supuesta filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos, que contenían información de Anses, ARCA, los Registros de la Propiedad del Automotor, correos electrónicos y telefonía celular. Desde el Gobierno desmintieron esta versión y aseguraron que en los sitios estatales no registraron ninguna maniobra sospechosa.
Por Agustina Bordigoni-Perfil