En el Gobierno hubo reproches y enojos con empresarios, que intentaron desmarcarse de los rumores que rodean al cepo que impuso el sistema SIRA. Funcionarios admitieron que existen investigaciones e irregularidades.
El Gobierno reaccionó a las denuncias que subrepticiamente circulaban entre empresarios en torno a procedimientos ilegales que, presuntamente, permitían la agilización de los trámites para lograr permisos de importación que salteen el cepo. Hubo enojos y hasta teléfonos apagados para algunas cámaras desde donde habrían surgido las quejas por los sobornos, lo que generó un clima de tensión que se fue diluyendo con desmentidas e incluso comunicados de prensa. Ahora un impasse, aunque en las fábricas hay temor de una ralentización de los trámites que se resolvían con la intervención de las entidades.
El equipo económico que coordina la aplicación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) admitió que mantienen un monitoreo sobre el accionar interno, pero descartó que las irregularidades surjan de funcionarios con capacidad de decisión. “Todo el tiempo recibimos denuncias, que muchas veces no llegan a nada. Existe y existió siempre y va a seguir existiendo, no sólo en Aduana y en AFIP y en todos los estamentos”, se sinceró una fuente que interviene, de manera diaria, en los procesos de comercio exterior.
El proceso de investigación, sin embargo, requiere casos testigos y no denuncias aisladas, aclararon desde el organismo recaudador. De hecho, en dos de los cuatro meses en que se instaló el SIRA se multiplicaron los rumores de pagos porcentuales de hasta el 20% del costo del ingreso de mercaderías del exterior, pero en valor de dólar-blue. Pero ninguno de los empresarios consultados por PERFIL admitió haber realizado una operación de esas características y señalaban terceras personas.
Enojos al teléfono
Según pudo saber este diario, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, fue uno de los más enojados ante la publicación de esas presuntas denuncias. El funcionario, del equipo más cercano a Sergio Massa, mantiene vinculación cotidiana con las cámaras empresarias y, de hecho, hacía pocos días que había visitado a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) para analizar la situación. Allí, junto con el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, había trazado un panorama de alto cumplimiento en el otorgamiento de las SIRA.
“A partir de la vigencia del sistema SIRA, ingresaron un 33% más de solicitudes respecto de igual período del año anterior. Si bien se aprobaron sólo un 2% más de solicitudes, en términos del monto aprobado, este fue un 11% superior al registrado en igual período del año precedente. En la evolución mensual, las autorizaciones se incrementan mes a mes, siendo el mes de febrero un 70% superior a las del mes de octubre (mes de entrada en vigencia del sistema)”, señaló el informe que los funcionarios le presentaron a la UIA días atrás, y al que accedió este medio.
El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, evitó confrontar con los empresarios y sólo les recordó, a modo de desmentida, que fue el propio organismo el que realizó una denuncia penal donde se ante la detección de personal que “requería, a nombre de otras personas, fondos”. Si bien no trascendió el nombre, ese empleado reportaba de manera directa al ex administrador federal durante la gestión de Cambiemos, Leandro Cuccioli, según dejaron trascender desde el organismo recaudador.
La UIA, sorprendida en el campo
Las denuncias públicas habían alcanzado a la UIA, a cuyo presidente, Daniel Funes de Rioja, y a gran parte de su mesa chica, le alcanzó la noticia en la localidad bonaerense de San Nicolás, en donde se realizó Expoagro. De hecho, la reunión de Comité Ejecutivo que debía haberse efectivizado el martes pasado quedó postergada por esas ausencias. Rápidamente, hubo gestiones para desmarcarse de las presuntas quejas por coimas que se habrían originado en una de las reuniones de la entidad fabril. Sin embargo, no hubo desmentida pública.
Rápida de reflejos, la Unión Industrial de Berazategui, individualizada en una nota del diario La Nación como origen de las denuncias, salió al cruce con un comunicado de prensa en donde desmintió “categóricamente que la entidad haya denunciado maniobras ilícitas en las operaciones de comercio exterior vinculadas al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA)”.
“La Unión Industrial de Berazategui, ni ningún integrante de la entidad, jamás denunció la implementación de pagos ilícitos para lograr la liberación de importaciones. Personalmente, como presidente de la UIB, me ocupo de gestionar, ante los funcionarios pertinentes la aplicación del sistema SIRA, que necesitan las de las empresas de nuestro distrito para resolver problemas urgentes y de esta manera no parar la producción. Por lo que nunca contratamos, ni utilizamos gestores para intermediar en esos reclamos”, sostuvo el presidente de la UIB, Alejandro Bartalini.
Según la entidad de base territorial de la UIA, el diálogo con la AFIP, la Aduana, la secretaría de Comercio el Banco Central y Banco Nación, “es constante, fluido y resolutivo, lo que hace innecesaria la intervención de facilitadores”. “Nosotros nos manejamos con hechos concretos. Si existe una denuncia, somos los primeros en plantearla, en los ámbitos que correspondan. No hablamos de rumores, sino que nos basamos en la experiencia, que nos indica que los conflictos planteados por la escasez de divisas se van superando lentamente en un marco de negociaciones institucionales, con un 100% de transparencia y entendiendo las necesidades de cada uno de los actores”, dijo Bartalini, en línea con lo que piensan los funcionarios.
Una app de seguimiento de SIRA
De hecho, en AFIP destacaron la puesta en funcionamiento de una función dentro de la app de la entidad para que las empresas, a través de su identificación tributaria, pueda realizar el seguimiento del estado de si pedido, para identificar su aprobación o su demora por observación. “Cuanta más información, menos sospechas”, aclaró una fuente consultada por este diario.
Es cierto que, en la mira de los funcionarios de la Aduana, la AFIP y Comercio, están los despachantes, a quienes los apuntan por “intentar de controlar negocios paralelos”. Se lo confesaron a los industriales de la UIA y lo ratificaron, off the record, ante este medio: “Hay una empresa que pidió, en un solo mes, diez veces más de productos importados que en todo el año pasado. Esas quedaron observadas y deberán dar explicaciones. Ahí, es claro, que existe un error y es posible que sea algún despachando que fue desafectado de los negocios de la empresa que entró al sistema y quiso hacer un daño”, graficó un funcionario de alto rango.
Por Ariel Maciel-Perfil