El apropiador de Victoria Donda fue dado de baja de la Prefectura, por lo que perdió el derecho al retiro y la obra social. Él dijo que estaba conviviendo con su cuñada. El fiscal Félix Crous lo denunció penalmente por fraude.
El fiscal Félix Crous denunció que Juan Antonio Azic montó una tramoya para seguir cobrando el retiro pese a que, por las condenas que acumula, la Prefectura Naval Argentina (PNA) le dio la baja. El represor, que actuó en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y se apropió de dos niñas nacidas allí, habría fraguado documentos para demostrar que estaba en concubinato con su cuñada y, de esa forma, habilitar que ella cobrara los haberes.
Desde 1969, Azic era parte del Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (SIPNA). Desde 1976 empezó a operar en el campo de concentración de la ESMA. Al año siguiente, se apropió de una beba que había nacido allí y la crió como propia. Con el tiempo se sabría que era Victoria Donda Pérez.
Entre 1978 y 1979, la presencia de Azic se hizo más habitual. Participaba de los operativos y de los interrogatorios. Carlos Lordkipanidse lo reconoció como quien entró con su hijito de 20 días agarrado de los pies. Le dijo que, si no hablaba, iba a estrellar la cabeza del bebé. En la ESMA, Azic era “Piraña” o “Claudio”. Se apropió también de Carla Ruiz Dameri, nacida en 1980 en el centro clandestino de la Marina.
Azic empezó a acumular sentencias desde 2011. En el segundo juicio por crímenes en la ESMA recibió una pena de 18 años. En 2012, fue condenado a catorce años de prisión por su rol en el plan sistemático de robo de bebés. En 2015, le dieron diez años por la sustracción de la beba Ruiz Dameri. En 2017, lo condenaron a prisión perpetua. Desde hace tiempo, Azic está en prisión domiciliaria.
En 2022, la fiscalía le pidió colaboración a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para determinar en qué casos correspondía la baja. Como parte de ese relevamiento, se supo que la PNA lo había exonerado el 9 de septiembre de 2020. Como ya no pertenecía a la fuerza, no tenía derecho a cobrar el retiro ni a la obra social.
Sin embargo, la fiscalía –a cargo de Crous– descubrió en junio pasado que seguía activo un beneficio previsional a favor de Azic. La información surgió a partir de un informe que le pidieron a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina (PFA).
Lo que logró reconstruir la fiscalía es que Azic fue notificado de la baja el 27 de septiembre de 2020. A las pocas semanas, empezó a urdir una serie de maniobras para engañar a la administración pública diciendo que, en realidad, convivía con Mirta Gladys Abrego –hermana de su esposa fallecida– y, de esta forma, hacer que ella cobrara por subrogación. Es una excepción que se da en los casos de baja.
El 17 de noviembre de 2020, Azic se presentó en un juzgado de Quilmes para informar que estaba en una relación afectiva de carácter “singular, pública, notoria, estable y permanente” con Abrego desde hacía cinco años. Afirmó que convivían y que tenían un proyecto de vida en común. En abril de 2021, ella empezó a cobrar el retiro.
Los datos sobre la pareja y la convivencia no se condicen con lo informado en el legajo en el que se analiza la ejecución de la pena. En 2016, cuando Azic pidió la domiciliaria, presentó a Abrego como su cuñada y garante. Supuestamente, para esa época, ya era su consorte.
En 2019, Azic se mudó de casa. Cuando se hizo el informe socioambiental, se habló de Abrego como “grupo familiar no conviviente”. En los estudios que se hicieron periódicamente desde entonces, en todos se consignó que vivía solo.
El 18 de agosto pasado, dos integrantes del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires visitaron la casa de Azic. Abrego no estaba. A pesar de eso, él dijo que convivía con ella y se molestó cuando las trabajadoras insistieron en la cuestión.
“Esta circunstancia recobra singular importancia al momento de analizar la falsificación y fraude a la seguridad social, en tanto dichas maniobras delictivas habrían sido cometidas en el marco de la ejecución de su pena. Los denunciados hicieron insertar en la información sumaria judicial de convivencia una declaración falsa, para soslayar, mediante este artilugio, la pérdida del haber de retiro originada como consecuencia de la condena y sus accesorias legales”, remarcó Crous en su presentación.
La denuncia recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos en Comodoro Py. El miércoles pasado, tal como reveló Página/12, una comitiva encabezada por la activista Cecilia Pando fue al Ministerio de Justicia a presentar un pliego de pedidos a favor de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre las quejas estaban las quitas de pensiones, algo que Azic logró sortear con mucha creatividad y esmero.
Por Luciana Bertoia - P/12