El último informe de Empiria revela la fuerte presión de los gobernadores al Ejecutivo nacional para recuperar ingresos, extender partidas y redefinir impuestos. El reclamo se da en medio del candente calendario electoral.
El informe económico 438 de Empiria Consultores advierte sobre un escenario de creciente tensión fiscal entre las provincias y el Gobierno nacional, en el marco de un año marcado por el cronograma electoral. Según el documento, los gobernadores han intensificado sus reclamos por aportes del Tesoro, mejoras previsionales, cambios en el reparto de impuestos y asistencia específica para sectores vulnerables.
Uno de los principales pedidos es la reactivación de los giros del Tesoro Nacional para afrontar contingencias provinciales. Este concepto representaba históricamente el 1% de la masa coparticipable bruta, pero en 2024 fue eliminado en su totalidad. Las provincias reclaman la restitución de ese 0,1% del PBI para la segunda mitad del año.
Jubilaciones, moratoria y discapacidad
A ese reclamo se suman iniciativas legislativas que buscan incrementar el gasto en jubilaciones y asistencia social. El informe estima que el conjunto de los pedidos —entre los que se incluyen un aumento del haber mínimo jubilatorio, una nueva moratoria previsional, la extensión de la PUAM y una declaración de emergencia en discapacidad— podría representar hasta un 2,5% del PBI en 2026.
También se exige modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles: actualmente el 89,6% de la recaudación queda en manos del Estado nacional, pero las provincias quieren revertir esa relación y recuperar el 57% que recibían hace una década. Para lograrlo, proponen disolver los fondos fiduciarios a través de los cuales se retiene el excedente.
Tras el ajuste de 2024, las provincias quieren recuperar ingresos
El documento destaca que, a pesar del fuerte ajuste realizado por las provincias en 2024 (un recorte promedio del 15% en términos reales), los primeros seis meses de 2025 muestran signos de recuperación. El 60% de los distritos cerró el año pasado con superávit o equilibrio fiscal, gracias a una fuerte poda del gasto de capital y una caída de hasta el 40% en personal y bienes de consumo.
No obstante, esa disciplina fiscal no impidió una fuerte merma en los recursos: la recaudación propia cayó un 7%, y los envíos por coparticipación bajaron un 8% en términos reales. En paralelo, las transferencias discrecionales de Nación a las provincias cayeron 66%, lo que golpeó particularmente a los distritos con menor desarrollo económico.
Ingresos en alza en 2025, pero con heterogeneidad
El informe de Empiria señala que en 2025 se observa una incipiente mejora. Las transferencias automáticas crecieron 3,6% interanual real en el primer semestre, con picos en distritos como Neuquén (+14%) y fuertes caídas en otros como Formosa (-23%).
En paralelo, los recursos no automáticos —aquellos ligados a programas específicos— también muestran un rebote, aunque comparado con una base muy baja. El impacto sigue siendo dispar, y genera nuevos reclamos por parte de los mandatarios provinciales, quienes temen un recorte en la segunda mitad del año si la Nación decide priorizar el cumplimiento de sus metas fiscales.
El análisis concluye que el Gobierno enfrenta una presión creciente por parte del Congreso, donde las provincias —a través de sus legisladores— impulsan proyectos que desafían el ajuste nacional. La resistencia a los despidos en las cajas previsionales, la judicialización de los recortes y los proyectos para extender la moratoria y modificar impuestos claves marcan el pulso de una disputa que, además de técnica, es profundamente política.