La jueza Paula González le concedió a Alejandro Muszak el pedido de seguir en libertad mientras dure el proceso. La fiscal Mónica Cuñarro se opuso y apeló ante la Cámara del Crimen
La jueza de Instrucción Paula González le concedió la exención de prisión al CEO de la Fintech Winance, Alejandro Muszak, quien fue indagado el 17 de agosto pasado en una causa en la que está imputado por estafas reiteradas y usura, entre otros delitos.
La defensa de Muszak pidió que el empresario permanezca en libertad durante el proceso debido a que no existe riesgo de fuga ni posibilidades de que entorpezca la investigación. Esas son las dos condiciones que se pueden esgrimir para el dictado de una prisión preventiva mientras se investiga el caso. La defensa también argumentó que desde que comenzó el caso -en 2017- Muszak se presentó siempre en la causa e incluso declaró tres veces en indagatoria: dos en 2020 y una el mes pasado.
Wenance es una financiera que se dedica a otorgar préstamos o financiar consumos (electrodomésticos y motos) a segmentos de la población que no califica para créditos bancarios, de alto riesgo crediticio. El otorgamiento de los préstamos se realiza con la facilidad y con pocos requisitos. Es por ello que las tasas que cobra por prestar el dinero son muy superiores a las de los bancos.
En la causa en la que interviene la fiscal Mónica Cuñarro, se determinó que las empresas del grupo Wenance, que operan bajo distintas denominaciones, captaban clientes a quienes les ofrecían los préstamos mediante publicidad en redes sociales y otros medios. Para recuperar lo prestado, la compañía efectuaba débitos directos de las cuentas bancarias de los clientes. En ciertos casos, estos débitos se extendieron en el tiempo luego de que la deuda hubiera sido saldada: se llegaron a vaciar las cuentas de algunos afectados. Por estas razones, se acusa a Muszak de cometer estafas reiteradas y usura.
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Muszak, quien se negó a declarar cuando fue indagado, no es el único imputado en el caso. Ya fueron indagados Santiago Hardie -ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri– y Paola Vallone. En tanto Gustavo Molas pidió postergar su declaración. Todos los imputados están vinculados a empresas asociadas con Wenance. La fiscal Cuñarro, al solicitar las indagatorias, había señalado que los acusaba de “integrar una organización delictiva, en la que no se descarta la participación de otros individuos, con el objetivo de cometer delitos contra la propiedad de manera sistemática y reiterada, incluyendo defraudaciones mediante el uso no autorizado de datos personales”.
Muszak pidió la exención de prisión, que le fue concedida, y por ahora no será detenido. La fiscal Cuñarro, quien pidió la indagatoria del empresario, se opuso a lo solicitado. Consideró que existe riesgo de fuga a pesar de que Muszak tiene arraigo en Buenos Aires (casa, familia, oficinas, propiedades, etc.) y que en el caso de ser condenado por integrar una asociación ilícita, tiene una expectativa de pena alta, hecho que podría llevarlo a evadirse. El artículo 210 del Código Penal establece: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”.
La fiscal Mónica Cuñarro
También consideró la fiscal que Muszak podía interferir en la investigación porque la empresa sigue funcionando como antes y además tiene abiertos varios casos en todo el país. De hecho, otro de los casos avanzados acerca de los delitos cometidos por los ejecutivos de Wenance se abrió en Tierra del Fuego. En el juzgado de Instrucción 3 de Ushuaia se inició un expediente por la denuncia de un inversor que puso dinero en un fideicomiso de la empresa y no recibió los pagos acordados. El juez fueguino Federico Vidal ordenó varios allanamientos, secuestro documentación y luego se declaró incompetente. Ese caso se sumó al que investiga Cuñarro y que tiene como jueza subrogante hasta diciembre a González porque el juzgado donde está radicado el expediente se encuentra vacante.
La jueza González no tuvo en cuenta los argumentos de la fiscal Cuñarro y le concedió la exención de prisión a Muszak y le fijó una caución real (fianza) de $175.000.000. Además le retiró el pasaporte para evitar que pueda viajar. La fiscal apeló la decisión de la jueza González. Será la Cámara del Crimen la que resuelva si el empresario debe continuar o no en libertad mientras dure el proceso.
Por Omar Lavieri-Infobae