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Lista Engel: el monitoreo de Estados Unidos sobre Centroamérica

El documento pone la lupa en hechos y figuras que atentan contra la institucionalidad en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Aprobada en el Congreso de los Estados Unidos en 2020 y aplicada desde 2021, la Lista Engel plantea un recuento de funcionarios públicos y empresarios que cometieron actos de corrupción o atentaron contra la democracia en sus países.

El listado incluye a Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. ¿Cómo surgió la lista y a quiénes involucra?

Por la seguridad nacional

En 2019, el congresista del Partido Demócrata, Eliot Engel, presentó una iniciativa para monitorear los procesos democráticos y los hechos de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica. 

Con 32 años como congresista, más de 14 elecciones ganadas y una gran representatividad en el Bronx, Engel logró que su propuesta llegara al Congreso de los Estados Unidos y sea sometida a votación por los representantes.

El 27 de diciembre de 2020 se promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos, también conocida como Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos o Lista Engel, en honor a su autor intelectual.

La Lista Engel, tal y como dice en el sumario de la normativa, busca “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras”.

El congresista del Partido Demócrata Eliot Engel es el precursor de la lista. Los actores implicados señalan que a través de este documento Estados Unidos busca “imponer su jurisdicción a personas en el extranjero”

La potestad de definir los ingresos y egresos de la lista recae sobre el Secretario de Estado y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde funcionarios públicos hasta empresarios y ciudadanos comunes, cualquier implicado en causas de corrupción o conocido por propiciar actos antidemocráticos, puede ser incluido en el listado.

La primera publicación se hizo en julio de 2021 con Guatemala, El Salvador y Honduras, mes que serviría para definir el período anualizado de las futuras publicaciones. En 2022 se sumó a Nicaragua como cuarto país y sigue vigente hasta la fecha.

¿Quiénes resaltan en la Lista Engel?

La Lista Engel ya lleva tres años de análisis. Al repasar rápidamente el documento se observan una gran cantidad de funcionarios ejecutivos y legislativos de los distintos países que siguen en sus funciones, evidencia de la poca repercusión que tiene la lista fuera de Estados Unidos.

En El Salvador figuran varias personalidades a destacar. El caso más llamativo es Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión, que usó su posición de poder como alcalde para vender la isla Perico a la República Popular China, a cambio de beneficios personales.

Conan Tonathiu Castro Ramírez, el asesor legal del presidente Nayib Bukele, fue incluido en 2021 tras ayudar a la eliminación inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General. En 2022 volvió a ser sancionado por obstruir las investigaciones sobre la malversación de fondos públicos durante las medidas del gobierno para afrontar la pandemia del COVID-19.

Francisco Javier Argueta Gómez, otro asesor de Bukele, también fue acusado e incluido en la Lista Engel por la remoción de los magistrados.

En Guatemala, entre secretarios presidenciales, empresarios, fiscales y congresistas, se puede encontrar a Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exsecretario Privado de la Presidencia. Es uno de los nombres designados bajo el programa global de sanciones Magnitsky, que habilita a EEUU a aplicar sanciones económicas y migratorias por violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala.

Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exsecretario Privado de la Presidencia en Guatemala, es acusado de sobornar a representantes del Congreso y a jueces de la Corte Suprema de Justicia

Cambara es apuntado por ser responsable de sobornar a representantes del Congreso y a jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para alterar los procesos de selección judicial de los magistrados de la CSJ y del Tribunal de Apelaciones. Además, se lo acusa de asegurar su liberación de prisión desestimando los cargos de corrupción que recaían sobre su persona.

Otro nombre dentro del programa Magnitsky es Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso. Es acusado de enriquecimiento ilícito y de perjudicar las actividades económicas internacionales de las empresas estadounidenses en el país.

En Honduras hay dos casos que trajeron muchos nombres a la Lista Engel: Bono 10 mil, un bono destinado al sector rural que distintos funcionarios retuvieron para su beneficio, y Arca Abierta, una red de malversación de fondos públicos por parte de diputados en ejercicio y ex miembros del Congreso. 

La democracia en Nicaragua

Nicaragua es una categoría aparte en la que se puede ver un gran protagonismo de los actos antidemocráticos que tanto buscaba castigar Engel y el Departamento de Estado. El régimen de Daniel Ortega recayó en numerosos hechos que restringía la participación de la oposición política.

Los nombres más importante son de los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE): Cairo Melvin Amador, Lumberto Campbell y Brenda Isabel Rocha Chacón, todos acusados de conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para debilitar a las instituciones políticas y condicionar la elección nacional de noviembre de 2021 inhabilitando a partidos y candidatos opositores.

Una de las apuntadas del poder judicial, relacionada con las elecciones de 2021, es Karen Vanessa Chavarría Morales, jueza del distrito noveno de Managua, por alterar procesos legales para actuar contra oponentes políticos del régimen e inhabilitarlos.

Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada parlamentaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde 2007, es otro de los incluidos en la lista

María Haydée Osuna Ruiz, diputada actual de la Asamblea Nacional de Nicaragua, colaboró con el régimen de Ortega-Murillo con la firma de documentos que sirvieron para inhabilitar al último partido opositor legítimo de cara a las elecciones nacionales de noviembre de 2021.

Otro señalado del sector legislativo de Nicaragua es Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada parlamentaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde 2007. Fue incluido en la lista por asegurar todos los cargos correspondientes a jueces en el CSE en favor de personas leales al gobierno de Ortega. Esto sirvió para garantizar la aprobación de leyes que se utilizaron para excluir a candidatos y partidos opositores, y para hostigar y encarcelar a oponentes políticos.

De cara a las elecciones de 2021, se inhibieron las candidaturas de 11 personas, entre renuncias, arrestos y exilios.

Los ex presidentes de Centroamérica

Para sorpresa de muchos, la aparición de muchos ex presidentes en la Lista Engel es más frecuente de lo que uno querría o pensaría.

Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ex presidentes de El Salvador, fueron acusados de lavado de dinero y de desviar fondos públicos hacia sus cuentas personales. Funes también fue denunciado por ser artífice de esquemas de soborno desde su posición privilegiada.

También aparece un ex presidente guatemalteco: Álvaro Colom, que fue denunciado por fraude y malversación de fondos en el proyecto que comprendía un nuevo sistema de autobuses en la ciudad de Guatemala, conocido como Transurbano.

El descargo de Guatemala y Honduras

Ante el silencio de Nicaragua, Guatemala y Honduras fueron los encargados de rechazar categóricamente cada actualización de la Lista Engel.

Honduras, mediante declaraciones de su canciller Eduardo Enrique Reina, repudió la lista catalogándola como un “mecanismo impositivo” contra países soberanos. Por su parte, Guatemala describió al listado como “una violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas” y denuncia que vulnera la garantía de defensa y el principio de inocencia.

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, repudió la lista catalogándola como un “mecanismo impositivo” contra países soberanos

El gobierno guatemalteco también menciona que Estados Unidos busca “imponer su jurisdicción a personas en el extranjero”.

Los propios acusados también repudiaron esta medida del gobierno estadounidense argumentando que las acusaciones se sostienen bajo la subjetividad y criterios políticos de Washington por medio del Departamento de Estado.

Por Nataniel Peirano-DEF