Esta explotación de cobre es la más grande a cielo abierto en Centroamérica y, aunque produce cerca del 5% del PIB del país, la Corte Suprema de Justicia la había declarado inconstitucional desde 2017. Aun así, Minera Panamá exportó el mineral después de la sentencia. Los ánimos estallaron cuando el Gobierno de Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional aprobaron en tan solo tres días un nuevo contrato. Además, la mina está en medio de un corredor biológico.
Desde el 20 de octubre, Panamá atraviesa protestas tan masivas como las de la época de la dictadura. Y la razón central del descontento es la nueva aprobación a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar la mina a cielo abierto de cobre más grande de Centroamérica.
El estallido social comenzó el mismo día en el que la Asamblea Nacional aprobó la Ley 406, tan solo tres días después de haber comenzado los debates respectivos el 17 de octubre. La ley es la que le otorga a Minera Panamá un permiso para explotar cobre por 20 años, prorrogables por otros 20 y con la posibilidad de extender el contrato hasta que termine la vida útil de la mina. Con celeridad, el presidente Laurentino Cortizo ratificó la norma y el contrato se validó, a pesar de que desde hace años ha habido críticas contra el proyecto.
France 24 cotejó las coordenadas de la mina que le otorga la Ley 406 con los lugares de mayor importancia ambiental en la provincia y ratificó que la explotación de cobre se está haciendo en un santuario biológico, como denuncian los activistas ambientales.
Las cuatro zonas del proyecto minero ‘Mina de cobre Panamá’ está en la provincia de Colón, concretamente en los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera. Al norte de la mina, está el área protegida del distrito de Donoso, decretada desde 2009 por su importancia ambiental. Allí, habitan 650 especies de flora y fauna, “la mayoría amenazadas, raras, endémicas regionales, binacionales y nacionales, de distribución restringida, y con poblaciones vulnerables y en peligro de extinción”, según la resolución.
Además, la mina queda sobre uno de los pasos vitales de la conexión del Corredor Biológico Mesoamericano, que es un camino que ocho países pactaron proteger desde 1997 para facilitar el tránsito desde Panamá hasta México de animales como el puma, los ocelotes y diferentes clases de aves, entre otros. De hecho, la zona de la explotación de cobre está dentro de La Amistad, uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica, según la Wild Conservation Society.
La empresa se defiende diciendo que desde 2011 tiene uno de los mejores estudios de impacto ambiental de la región, pues 265 de sus 371 compromisos son para cuidar el medio ambiente.
Sin embargo, la misma Asamblea Nacional que le otorgó la nueva concesión advirtió desde 2021 que el Ministerio de Ambiente investigaba más de 200 hallazgos por el incumplimiento de ese estudio. El órgano legislativo agregó que el proyecto podía impactar el agua por contaminar los afluentes subterráneos y también “las aguas superficiales que reciben sus descargas”.
Los procesos contra Minera Panamá no cesan ahí. El Ministerio Público tiene seis investigaciones en curso en contra de la compañía por posibles daños ambientales, como contaminación de ríos y desechos tóxicos, como lo detalla Bloomberg.
Pero el caso judicial más grande contra la minera ocurrió en 2017. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el primer contrato con la minera, que se dio en 1997 con la Ley 9, porque encontró que la empresa se quedó con la concesión sin que hubiera licitación. La Corte Suprema agregó que las condiciones contractuales eran desfavorables para el Estado panameño. Por ejemplo, la minera solo pagaba un 2% de su producción en regalías.
Aun con la sentencia en contra, Minera Panamá comenzó a explotar el proyecto dos años después de la decisión y exportó cobre a países como Japón y Corea del Sur, como lo comprobó Mongabay.
Pero como el Estado seguía con las mismas desventajas, el Gobierno de Cortizo renegoció el contrato con la compañía, no sin enfrentar oposición. La compañía rechazaba un aumento en el pago de las regalías como lo pedía Ejecutivo. La división permaneció hasta diciembre de 2022 y como no habían llegado a un acuerdo, First Quantum frenó sus operaciones en Panamá y el Gobierno también le ordenó parar.
Solo en marzo de 2023, lograron un pacto que tenía que ser aprobado por la Asamblea Nacional. El Comité de Comercio del Legislativo sugirió unos cambios, las partes aceptaron y, el 17 de octubre, el mismo comité aprobó el texto final. Desde entonces, pasaron solo tres días más para que el pleno también le diera luz verde y Cortizo lo ratificara con su firma.
Desde entonces, las protestas inundaron las calles de Ciudad de Panamá para rechazar que el Gobierno haya dado el contrato a pesar de las denuncias por daños ambientales. El presidente Cortizo argumenta que Panamá ganó porque lograron que la minera le diera al Estado 375 millones de dólares cada año, sin importar si el precio mundial del cobre caía. También pactaron 770 millones de dólares como pago retroactivo por impuestos y regalías de 2022 y 2023. Y por último, Cortizo afirma que la mina emplea a más de 9.300 personas.
Esto no calmó los ánimos y al noveno día de las protestas, Cortizo intentó dejar la decisión a manos de los votantes prometiendo una consulta popular.
Sin embargo, el Tribunal Electoral rechazó la idea diciendo que no es su competencia organizar dichos comicios y que tampoco sería necesaria una consulta popular si la Corte Suprema de Justicia resuelve antes las ocho demandas de inconstitucionalidad que recibió en contra de la Ley 406.
En cuanto a Minera Panamá, intentamos contactarla pero hasta el momento de la publicación no respondió correos ni llamadas. Sin embargo, en su página web explica que la operación en la mina se redujo por las manifestaciones.
Por otro lado, los diputados revirtieron su propia decisión y, el 2 de noviembre, la Asamblea declaró la moratoria sobre todas las concesiones de minería metálica del país hasta que la Corte Suprema resuelva las demandas. En otras palabras, frenó el controvertido proyecto y todos los que se exploten en el país. Además, los manifestantes están en vigilia permanente frente al edificio de la corte para pedir que la mina de cobre a cielo abierto no opere más.
Por María Clara Calle Aguirre-France24