El portal Border, accedió al contrato con el influyente estudio de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer, a través de quiénes Argentina contará con los servicios del histórico lobbista norteamericano Thomas Shannon y una agencia de comunicación política de Washington. Un acuerdo de casi US$ 2 millones por un año para acercar posiciones con Estados Unidos en un momento clave para el país.
Deuda externa. Fondo Monetario Internacional. La carrera para ocupar la dirección del Banco Interaericano de Desarrollo (BID). La postura sobre Venezuela. Los aranceles al biodiesel y el máximo inversor directo en el país durante la última década. Estos son los principales puntos de contacto -y conflicto- que Argentina tiene con Estados Unidos. Una agenda muy cargada y de vital importancia para los intereses argentinos no sólo en política exterior sino también en materia económica. Es por eso que desde su llegada a Casa Rosada, Alberto Fernández procuró mantener una relación lo más amigable posible con un impredecible Donald Trump que sólo tiene como objetivo su reelección en noviembre.
De menor a mayor, el gobierno nacional logró en estos meses importantes avances en la relación como el apoyo norteamericano en la renegociación de la deuda, la excepción de aplicar aranceles a ciertos productos locales y un diálogo fluido tanto con Cancillería como con la embajada argentina en Estados Unidos. Pero también hubo grises, como los cruces por Venezuela, el acercamiento de Argentina al Grupo de Puebla y la candidatura al BID, acaso el mayor conflicto diplomático en puerta de aquí en adelante por fuera de la negociación con el FMI. Fue por todo esto que Alberto Fernández decidió nombrar a Jorge Argüello como embajador argentino en Washington, un nombre con larga trayectoria y experiencia, capaz de llevar adelante las riendas de estas negociaciones.
Aun así, muchas veces la diplomacia y la experiencia política por sí sólo no alcanzan. Felipe Solá sabía de esto. Lo mismo Alberto Fernández. Pero quien lo supo desde un primero momento fue el propio Argüello, que ya hace al menos cuatro meses le acercó al gobierno argentino la propuesta de contratar a uno de los principales grupos de abogados de los Estados Unidos para que ayuden al país a acercar posiciones con la administración de Donald Trump. Entre el staff del «bufete» de abogados, figura uno de los mayores lobbistas norteamericanos. Su nombre es Thomas Shannon y no sólo fue secretario de Trump sino también asesor de otros 6 presidentes de aquel país. Meses atrás Argüello hizo pública la contratación, pero lo que no se sabía hasta el momento eran los detalles de la misma.
Tal como figura en los documentos a los que accedió #BORDER, Argentina contrató durante un año al estudio de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para que «preste servicios con el fin de mejorar y profundizar las relaciones de la República con el gobierno de los Estados Unidos de América». El acuerdo se realizó a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, a cargo de Juan Usandivaras, y bajo la órbita de Cancillería. Argentina acordó pagar un monto total de US$1.932.000 millones en el plazo de un año, dividido en 12 pagos de US$161.000.
A través de este estudio, Argentina es que cuenta no sólo con los servicios del lobbista Shannon sino también de la influyente agencia de comunicación Glover Park Group, con sede en Washington D.C. y múltiples contactos en el ámbito de la política. La propia empresa se muestra como uno de los líderes en el lobby político norteamericano, con presencia tanto en el partido Republicano como en el Demócrata, justo meses antes de la vital elección presidencial. En un contrato registrado legalmente el 15 de mayo a las 10:16 de la mañana, Glover Park Group se comprometió a «proveer comunicación estratégica en la consulta de servicios para apoyar las recomendaciones estratégicas y la asistencia de Arnold & Porter Kaye Scholer a la Argentina en su relación con Estados Unidos«.
Mientras que la tercera pata del «paquete» contratado por el gobierno de Alberto Fernandez es el flamante lobbista Thomas Shannon. En un contrato de similares características al que tuvo acceso #BORDER, Shannon firmó de puño y letra el 5 de mayo su vinculación con la Argentina a través del mencionado estudio de abogados que lo representa. En el mismo no especifica su salario exacto ya que, según explica, su salario «no está compuesto solamente por los servicios prestados al extranjero«. En el mismo explicita que trabajará directamente para la embajada argentina en Estados Unidos con el fin de brindar «asesoramiento estratégico al Gobierno, incluyendo reuniones con funcionarios de la administración estadounidense».
Este acaso sea el principal objetivo de la Argentina: acceder a las oficinas que no podría hacer por mero movimiento político y diplomático. El sistema de lobby en los Estados Unidos es legal y de uso frecuente en las oficinas gubernamentales de Washington. «Es un servicio que consideramos necesario para el contexto con el que nos encontramos», aseguraron fuentes cercanas a Solá. Desde Cancillería están convencidos que una figura de esta envergadura en el Capitolio y en la Casa Blanca es necesaria para ayudar en la negociación con el FMI, los aranceles por el biodiesel y las inversiones norteamericanas en el país. «Ya tuvo participación en los acuerdos con los bonistas, mucho se consiguió por negociación política desde allá», reconocieron en el edificio de Cancillería.
Shannon no sólo se mueve libremente por los espacios de mayor poder en Estados Unidos sino que también es un viejo conocedor de la política latinoamericana. Durante su estadía como asesor presidencial supo tener diálogo frecuente con presidentes de la importancia de Fidel Castro y Nicolás Maduro, y múltiples reuniones con mandatarios americanos durante las últimas tres décadas, incluido el matrimonio Kirchner y el propio Alberto Fernández. Ahora Shannon trabajará directamente para la Argentina a través del estudio de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.
Fuente diplomáticas de distintos organismos con sedes en los Estados Unidos consultados para este artículo reconocieron que puede ser una buena estrategia para el gobierno argentino pero se mostraron cautos sobre cuál puede ser el resultado. «Estos casos suceden seguido, pero habrá que observar si realmente se hizo para mejorar la relación de todos los actores estatales o para lavar la imagen de un gobierno«, explicaron. Alberto Fernández, su canciller Felipe Solá y el embajador Jorge Argüello tienen por delante la difícil tarea de negociar con el FMI y buscar socios para salir de la actual crisis. Usarán todas las herramientas a su alcance, incluida ésta.
Por Gonzalo Bañez Villar – #BorderPeriodismo